El desalojo por orden del juzgado de los ocupantes del edificio conocido como la Corrala La Utopía (6-4-14) y la entrega de 8 viviendas a algunas de estas familias por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía han derivado en una crisis de Gobierno que ha estado a punto de romper la coalición y provocar la convocatoria de elecciones anticipadas. Se ha revelado una grave falta de comunicación y de coordinación entre los socios de Gobierno, pese a que en 48 horas quedó resuelta, por ahora, la crisis. A ambas partes corresponde ahora mejorar la coordinación, pues la crisis no les ha beneficiado en nada.
Dos concepciones están en la base del desencuentro. De un lado, se ha querido dar una solución urgente y transitoria a personas que estaban en la calle movilizadas reivindicando una solución; de otro, se ha querido mantener el orden de las listas de acceso a viviendas públicas y que las adjudicaciones se hagan siguiendo los criterios y procedimientos legales.
Se ha revelado también que hay varios cientos de personas en Sevilla sin recursos para acceder a una vivienda digna en tanto que hay muchas viviendas vacías sin adjudicar en manos del Ayuntamiento. Resulta poco comprensible que se haya procedido al lanzamiento cuando se seguían conversaciones entre el titular del edificio (Ibercaja), el Ayuntamiento y la Junta para buscar otras soluciones como el alquiler social, con la participación del Defensor del Pueblo de Andalucía. Podría haberse esperado algo más para alcanzar un acuerdo, pero el juzgado dio un plazo de solo 15 días para ello. Tampoco se entiende que quien tiene más viviendas vacías (el Ayuntamiento de Sevilla) no haya tenido más iniciativa en la solución del problema, que Ibercaja se haya desentendido del problema tras el desalojo (¿dónde queda la responsabilidad social?) y que no se haya valorado durante todo este tiempo la situación social de los ocupantes de la Corrala, máxime cuando muchas otras personas en situación de exclusión social ya constatada están esperando pacientemente que les llegue el turno para acceder a una vivienda.
Ahora el Ayuntamiento de Sevilla estudia la situación de estas 8 familias para comprobar si se encuentran en situación de exclusión social que justifique la utilización de las viviendas concedidas transitoriamente. La conclusión del estudio es que solo 2 familias de las 8 reúnen los requisitos establecidos (17-4-14), por lo que otras 6 familias alojadas lo habrían sido sin reunir dichos requisitos. Por tanto, el problema continúa y las administraciones tienen que buscar otras soluciones que respeten la legalidad.
Es de esperar una colaboración más leal entre administraciones y fuerzas políticas para dar una solución consensuada a los casos más urgentes de familias que no tienen una casa en la que vivir, bajo los principios de bienestar social y lucha contra la exclusión que proclama el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es preciso también agilizar la entrega de viviendas del Ayuntamiento que se encuentran sin adjudicar, contemplando también los casos más graves de exclusión.
Más sobre el caso de la Corrala en Información complementaria.