Crisis de Cataluña (hasta el 1 de octubre de 2017)

A pesar de las medidas de cierre de centros ordenadas por la Fiscalía y el Juzgado de instrucción los independentistas mantienen la convocatoria y el desafío al Estado de derecho al continuar replicando webs con los datos de las mesas en que se podrá votar, imprimiendo nuevas papeletas, mostrando urnas y llamando a los ciudadanos a ir el domingo con sus papeletas a los centros educativos y cívicos para votar y lograr fotos que reflejen que el Estado no les ha dejado votar en algunos centros, o que han conseguido votar. Padres y alumnos se plantean ocupar los centros durante el fin de semana para evitar que los precinten.

Reporteros sin Fronteras denuncia restricciones a la libertad de información en forma de acoso y presiones a periodistas que realizan su labor informativa en Cataluña. La democracia en Cataluña está sufriendo un serio deterioro por este disparate que identifica ‘votar como sea’ con democracia. Votar es democrático solo si se hace en el marco de la legalidad. Si se hace como se pretende se convierte en un acto insurreccional e ilegal.

El frente independentista discute si se llevará a cabo tras el día 1 una declaración unilateral de independencia. 29-7-2017.

Insertamos nuevos artículos publicados en los últimos días:

Derrocar al gobierno y echar a Rajoy. José Antonio Zarzalejos. 30-9-17. El autor recuerda las responsabilidades de los distintos partidos en el conflicto de Cataluña, aunque la mayor responsabilidad está en el nacionalismo catalán, y considera que la solución a la que apuntan algunos («echar a Rajoy») no resolverá el problema. También dice que nuevos interlocutores deberán afrontar las soluciones a partir del 2 de octubre. Enlace.

10 Mitos y falsedades del independentismo. Xavier Vidal-Folch y José Ignacio Torreblanca. 24-9-17.

Sostienen los autores que el independentismo catalán se sustenta en unas afirmaciones rotundas y repetidas a menudo. Van desde las creencias históricas (en 1714 hubo una guerra de secesión que acabó con Cataluña sojuzgada) hasta las económicas (España nos roba, fuera de España seríamos más ricos). Todas ellas son falsas. Los autores analizan hasta 10 de estos mitos y falsedades que no se sostienen con un estudio pormenorizado. Enlace.

Entrevista a Joaquim Gay, presidente de Fomento. Propone un acuerdo que contemple el reconocimiento de la personalidad de Cataluña, un pacto fiscal (similar al del País Vasco), más inversiones y representación de Cataluña en organismos internacionales. Enlace.

Combate por la hegemonía, Antonio Santamaría, 24-9-17. La hegemonía política y cultural la tiene en Cataluña en estos momentos el independentismo, que no ha sido combatido ideológicamente desde la izquierda ni desde las fuerzas estatales. Enlace.

La rosa, el puño y el territorio, Jorge del Palacio.  La socialdemocracia española vivió un proceso similar a la del resto de países abandonando la lucha de clases y asumiendo la democracia liberal, modernización del estado y justicia social, con un discurso nacional propio. Este discurso se ha diluido con su acercamiento a los nacionalismos periféricos, lo que plantea al PSOE un serio problema de identidad, además de poner en riesgo la integridad territorial del Estado. Enlace.

El inexistente expolio fiscal a Cataluña.  No es cierto, como ha dicho el independentismo, que Cataluña tiene un déficit fiscal de 16.000 millones (la balanza fiscal refleja la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe), dinero que se quedaría Cataluña en caso de acceder a la independencia. La cifras son muy distintas aunque la inversión en Cataluña es mejorable. Lo cierto es que la secesión empobrecería mucho a Cataluña y España. Madrid aporta más que Cataluña a la solidaridad entre Comunidades. Enlace.

¿Quo vadis Maza? Baltasar Garzón cuestiona las últimas medidas adoptadas por el Fiscal General del Estado. Enlace.

Últimos análisis del desafío soberanista de Cataluña:  Enlace.  

La reforma constitucional de los adelantados del PP. 25-9-2017. Un grupo de notables del PP trabajó en 2012 en una propuesta de reforma constitucional. Rajoy consideró que no era el momento oportuno para abrir ese debate. El texto se publica ahora como anexo en el último libro del ex ministro José Manuel García-Margallo “Por una convivencia democrática” (Deusto). Enlace.

El referéndum catalán es una burla democrática, Felipe González.  El autor compara el referéndum de Cataluña con lo sucedido en Venezuela donde se ha creado una Asamblea Nacional Constituyente al margen de la Constitución y para anular a la auténtica Asamblea legislativa.  29-9-2017.  Enlace.

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Fiscalía, Juzgado, Guardia Civil y Guardia Urbana han empezado a desmontar la logística del 1-O requisando carteles, papeletas y sobres de votación, cerrando webs y registrando departamentos de la Generalitat relacionados con la informática y la financiación del referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre. El miércoles 20 de septiembre se han producido por orden del juez de instrucción nº 13 de Barcelona detenciones de altos responsables de la Generalitat supuestamente implicados en la organización y financiación de la consulta, y la Fiscalía viene citando a declarar a los alcaldes que han manifestado que cederán locales para la votación. Pueden ser acusados de desobediencia, prevaricación y malversación. También han empezado las movilizaciones en la calle contra estas medidas tras el llamamiento a dar una respuesta masiva y pacífica que ha hecho Puigdemont, que ha calificado al Estado de autoritario y represor, de aplicar de facto el artículo 155 de la Constitución y de haber declarado un estado de excepción. Los manifestantes han causado destrozos en los coches de la Guardia Civil aparcados en la entrada de la Consejería de Economía mientras los agentes practicaban el registro. 20-9-2017.

Podemos, partidario de la autodeterminación y de la participación en el 1-O, aunque también crítico con un referéndum unilateral no pactado con el Estado, ha llamado ‘presos políticos’ a los arrestados y ha convocado un acto de cargos del partido para el domingo 22 de septiembre para manifestar su rechazo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno y la Fiscalía. La CUP ha pegado carteles con las fotos de alcaldes y concejales que acatan las resoluciones del Tribunal Constitucional.  Éstos se quejan de estar sufriendo señalamientos, insultos y presiones de todo tipo. Ver noticia en este enlace.  20-9-2017.

El Ministro de Hacienda controla los pagos de la Generalitat para evitar que se utilicen fondos públicos para la organización del referéndum.

Borrell presenta su libro colectivo «Escucha Cataluña, escucha España«, y se pronuncia sobre diversos aspectos del conflicto de Cataluña. 20-9-17.

Javier Pérez Royo escribe «Ataque de lucidez», artículo en el que dice que la estrategia del PP para Cataluña pone en peligro la democracia, y alaba la negativa del Psoe a votar esta semana en el Congreso la proposición de Ciudadanos de apoyo a la actuación del Gobierno en este conflicto.

El Estado de derecho tiene que asegurar el imperio de la ley con medidas proporcionadas y la sociedad catalana ha de saber que ley y democracia son inseparables y que el proceso insurreccional en marcha supone una perversión fraudulenta de las instituciones y las leyes democráticas españolas y catalanas (entre ellas el Estatuto de Autonomía), surgidas con la recuperación de la democracia en España y apoyadas durante casi 40 años por la inmensa mayoría de los catalanes. El proceso secesionista antidemocrático puesto en marcha conduce a Cataluña a un callejón sin salida como han puesto de manifiesto la Unión Europea y la Comisión de Venecia. A partir del 2 de octubre habrá que empezar a recuperar el diálogo y la negociación, seguramente con otros interlocutores, que han estado ausentes de la política en los últimos cinco años, en mayor medida por la intransigencia del secesionismo, pero también por la pasividad del gobierno central. 7-9-2017.

La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la republica, aprobada por el parlament el 8-9-2017 con la ausencia de los diputados de PSC, Ciudadanos y PP, se erige en norma suprema del ordenamiento jurídico de Cataluña, dejando sin efecto, por tanto, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entraría en vigor tras la declaración formal de independencia de Cataluña, que se produciría en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados del referéndum del 1-O. La ley, que publicamos en Información complementaria, consumaría el golpe contra el Estado de Derecho en España y Cataluña y la declaración unilateral de la independencia de Catalunya por parte de los diputados independentistas, pese a haber perdido las elecciones plebiscitarias de septiembre de 2015.

El Gobierno ha recurrido la Ley del referéndum de autodeterminación, el decreto de convocatoria del mismo, sus normas complementarias y la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la república, mientras que la fiscalía se ha querellado contra el govern y la mesa del parlamento de Cataluña por no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Todas estas normas han quedado suspendidas por el Tribunal Constitucional con el recurso presentado por el Gobierno.

El desafío secesionista ha entrado en la fase decisoria dado que los independentistas quieren celebrar a toda costa la consulta y declarar unilateralmente la independencia, dando paso a unas elecciones constituyentes para la elaboración de la Constitución catalana. Rajoy ha asegurado con firmeza que no se celebrará un referéndum que es ilegal y que para ello utilizará todas las medidas proporcionadas y necesarias para impedirlo. El Psoe y Ciudadanos han dado su apoyo al Gobierno en este tema. Nos encontramos ante el reto más difícil de nuestro Estado de derecho desde el golpe de Estado del 23F 1981.

En una tensa y bronca sesión del parlament (miércoles 6-9-2017), en la que se cambió sobre la marcha el orden del día de la sesión, se aprobó la Ley del referéndum por la vía rápida y sin permitir su debate a la oposición. A continuación el govern firmó en pleno el decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre de 2017 y se aprobó en la sesión del jueves 7 (en la madrugada del 8 de septiembre) la Ley de Transitoriedad, también recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. Los alcaldes han recibido requerimientos opuestos del Govern, y también del TC, en relación con la cesión de locales para la supuesta votación. 8-9-2017.

Félix Ovejero escribe «El verdadero problema catalán», artículo en el que dice que el problema es el nacionalismo, una ideología reaccionaria y antiigualitaria cuyo programa es limitar los derechos de más de la mitad de los ciudadanos despreciando las leyes vigentes. También critica a una izquierda acomplejada ante el nacionalismo. 12-9-2017.

José Ignacio Torreblanca en su artículo «Secesión sin democracia«, critica que el proceso independentista unilateral está dañando nuestra democracia y dejando fuera de juego a la mitad de la población contraria a la independencia.7-9-2017.

Un ejemplo de este retroceso democrático lo hemos visto en la sesión del Parlament del 6-9-2017 en la que se ha aprobado la Ley del referéndum de autodeterminación sin permitir su debate y con unos modos autoritarios y partidistas de la presidenta impropios de un parlamento democrático.

José Andrés Rojo escribe «Los resortes emocionales de todo nacionalismo«.  En el artículo el autor describe la utilización que el nacionalismo ha sabido hacer de las emociones, los símbolos y la liturgia para convencer a las masas en la época en que la política apela a las emociones más que a la razón y el discurso lógico.

Enric Juliana escribe «La piel«, artículo en el que analiza la relación de la crisis económica y la austeridad con el conflicto de Cataluña. 2-4-2017.

El Gobierno ha aceptado la propuesta del PSOE de creación de una comisión en el parlamento español para analizar la situación del Estado de las autonomías.  Ciudadanos y Podemos han valorado positivamente la iniciativa. 6-9-2017.

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PSOE y PSC firman la Declaración de Barcelona «Por el catalanismo y la España federal», mediante la que hacen una oferta política de diálogo para afrontar la crisis de Cataluña.  En el documento, al que puedes acceder mediante este enlace, proponen una reforma constitucional que haga de España un Estado Federal y que reconozca plenamente su carácter plurinacional, fortaleciendo el autogobierno de Cataluña, mejorando su financiación y reconociendo su personalidad nacional. Concretan estos objetivos en 7 apartados: negociar las reivindicaciones que planteó la Generalitat a Rajoy en abril de 2016; desarrollar el Estatut impulsando los cambios legales necesarios en materia de Poder Judicial, Administración local, etc.; abordar la negociación del sistema de financiación autonómico; inversiones estatales en infraestructuras de Cataluña como la ferroviaria, conexión entre puertos y red viaria; reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña; reconocer la importancia estratégica y simbólica de Barcelona; y reforma federal de la Constitución en la línea de la Declaración de Granada «Hacia una estructura federal del Estado» (ver en Información complementaria). En el documento rechazan expresamente las vías unilaterales e ilegales emprendidas por la Generalitat y afirman que estos objetivos deben alcanzarse mediante la negociación y el diálogo. 14-7-17. El término plurinacionalidad (España nación de naciones), aprobado en el 39º Congreso tras imponerse Pedro Sánchez en las primarias, suscita suspicacias en el sector del Psoe partidario de atenerse al documento de Granada. Estos sectores prefieren mantenerse en el texto del artículo 2 de la Constitución (España nación de nacionalidades y regiones) y hablan de ir a un federalismo cooperativo, no asimétrico. Sobre este tema puedes ver más en la sección Debates en los partidos y en la de Estudios políticos y constitucionales.

Antonio Elorza en su artículo «Sedición y democracia«, considera que la exigencia democrática hoy es impedir el referéndum, y que, dado el carácter antidemocrático del procès, en estos momentos no hay espacio para el diálogo con aquellos que lo impulsan.

Salen del Govern tres consejeros no dispuestos a asumir las responsabilidades que pueden derivar de la convocatoria y organización del referéndum del 1-O y que no están convencidos de la viabilidad de la vía unilateral a la independencia emprendida. Puigdemont los sustituye por otros tres más convencidos. Los procesos electorales dependerán de Oriol Junqueras, vicepresidente, aunque todas las decisiones serán asumidas colegiadamente por todos los miembros del gobierno, según han comunicado Puigdemont y Junqueras en una comparecencia conjunta. De esta manera se resuelve, por ahora, la crisis abierta por las declaraciones y salida del gobierno de Baiget, que expresó hace unos días sus dudas sobre la consulta. 14-7-2017.

La posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución está en la Constitución, pero su utilización debe analizarse con cuidado por las consecuencias políticas que puede acarrear. Es lo que dice Vidal-Folch en su artículo «El 155 y el 2-O«, en el que añade que es de los pocos artículos previstos para no tener que utilizarse nunca.  El Gobierno prepara ya un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum. 10-7-2017.  Leer más sobre esta ley.

Puigdemont y Junqueras discrepan sobre quién debe hacerse responsable de la consulta (Junqueras quiere que se responsabilicen todos los miembros del gobierno catalán y no él en solitario; dice que no tiene vocación de San Procés, santo y mártir del siglo I), y surgen voces en el Govern contrarias a asumir compromisos de gasto que pueden derivar en responsabilidad patrimonial individual para los responsables del referéndum que adopten esas decisiones.

Podemos no reconoce validez jurídica al referéndum, que no cuenta con las garantías necesarias, pero, al mismo tiempo, lo apoya como «movilización popular» por el derecho a decidir, y llama a que se facilite la consulta desde las instancias públicas. El partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, aprobó el 8 de julio su participación en el 1-O, pues es coherente con su carácter de partido soberanista.  Otros partidos como Ciudadanos y PDeCat han criticado el planteamiento de los anteriores como ambiguo y poco claro. En Podem (la marca catalana de Podemos) la militancia está dividida entre apoyar el referéndum (28 %), rechazarlo (27 %) o apoyarlo como simple movilización (35 %). 12-7-2017.

Junts pel Sí y la CUP han presentado los detalles de la Ley del referéndum de autodeterminación, que se aprobará tras las vacaciones de verano y que busca amparar la consulta del 1 de octubre. Por su parte el Tribunal Constitucional ha anulado las partidas presupuestarias previstas para la consulta. 4-7-2017.

Se ha diseñado un proceso en el que se ha venido ocultando información a los parlamentarios y a la opinión pública con el objetivo de sorprender al Estado y dificultar su reacción, o también para provocar una reacción destemplada que permita ir a unas nuevas elecciones con argumentos de agravio. En el mes de septiembre se aprobarán esta ley y la de transitoriedad por la vía rápida, a la vez que se mantienen en secreto los detalles de cómo se celebrará la consulta. También se silencia el debate en las propias filas independentistas, indicando a los discrepantes que abandonen sus responsabilidades como ha ocurrido con el Consejero de Economía, Baiget, cesado en su puesto tras expresar sus dudas ante la validez y carácter vinculante del referéndum. Baiget criticó que el procès lo llevan unos pocos sin consultar con nadie y dudó de que el 1-O hubiera una consulta válida. Su cese como consejero ha suscitado discrepancias en el Govern y en el partido PDeCat (Joana Ortega, Homs). Puigdemont dice que abandonen sus cargos quienes no se sientan capaces de seguir la hoja de ruta hacia el 1-O. La democracia en Cataluña ha bajado por todo esto considerablemente su nivel de calidad.

La ley del referéndum es un verdadero despropósito jurídico pues se afirma como «norma suprema» jerárquicamente frente a cualquier otra, ignorando la Constitución y el Estatut y acudiendo a normas internacionales que supuestamente habrían evolucionado para permitir la autodeterminación más allá de los casos de dominio colonial, sometimiento a una potencia extranjera o situación de opresión y privación de las libertades fundamentales. Proclama que el pueblo catalán es un sujeto político soberano y es titular del derecho a la autodeterminación, que es un derecho fundamental (ya no se utiliza el eufemismo del derecho a decidir). El Parlament ejerce esa soberanía como representante del pueblo catalán. No exige ningún mínimo de participación en la consulta ni ninguna mayoría cualificada de votos afirmativos. Afirma el carácter vinculante del referéndum. Si ganase el sí por un voto, inmediatamente el Parlament declararía la República catalana independiente. Si ganase el no se convocarían elecciones autonómicas. No determina cómo se elaborará el censo y se constituye una Sindicatura electoral de Cataluña en sustitución de la Junta Electoral para resolver los recursos y aprobar los resultados. Se invitará a observadores electorales internacionales para la consulta y los Ayuntamiento deberán facilitar los locales que servirán como centros de votación. El censo electoral, elaborado por la Administración electoral de la Generalitat, lo integrarán los electores residentes en Cataluña y en el exterior que cumplan los requisitos exigidos para ejercer el derecho de voto. Se aplicarán con carácter supletorio la L.O. 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, y la L.O. 5/1985, de régimen electoral general interpretadas de conformidad con esta ley de referéndum.

La aprobación de estas leyes (de referéndum y de transitoriedad) a finales de agosto o primeros de septiembre determinará una nueva intervención del Tribunal Constitucional, que las suspenderá, incurriendo en desobediencia cuantas autoridades lleven a cabo actos o aprueben normas o decisiones que supongan ejecución o desarrollo de estas leyes.

Los tres ex presidentes anteriores del Gobierno central han expresado sus críticas al proceso y algunos políticos (González y Aznar, también Alfonso Guerra y Manuel Chaves) han pedido la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante una actuación por parte de la Generalitat manifiestamente contraria a la Constitución y que podría ser constitutiva de delito de sedición.

Pedro Sánchez se reunió el jueves 6 de julio con Rajoy para expresarle su postura contraria al referéndum ilegal, a la vez que le pedía una iniciativa política y manifestaba su desacuerdo con utilizar el 155.  El Psoe planteará constituir una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma de la Constitución y un mejor encaje en ella de Cataluña.

Puedes descargar el texto de la Ley en catalán abajo en la sección de Información complementaria, o pulsar en este enlace para su lectura.

Víctor Lapuente escribe «Un referéndum dual», artículo en el que plantea que un referéndum binario (si/no) polariza y fractura a la sociedad, mientras que un referéndum con opciones intermedias (varias preguntas entre las cuales las Cortes formularían su propuesta frente a otras opciones) podría facilitar el consenso.

Vidal-Folch escribe el artículo «Cataluña no es un pueblo colonial«, en el que desmonta la afirmación de que el procés se apoya en el Derecho Internacional. En el caso de Cataluña no es de aplicación el derecho de autodeterminación, dice Vidal-Folch.

Joan Botella escribe «Esto no es un referéndum«, artículo en el que defiende que no se dan las condiciones que debe tener un referéndum de este tipo como son el reconocimiento internacional, la claridad en la información sobre la situación que derivará de la consulta y el respeto a los derechos de la oposición parlamentaria y al pluralismo político.

También puedes acceder desde aquí al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la reforma del Reglamento de la Cámara que permite aprobar en lectura única las leyes de transitoriedad, que la oposición ha criticado porque cercena las posibilidades de debate en el Parlament. El Consell hace algunas observaciones al respecto. 7-7-2017.

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Puigdemont anuncia que el referéndum tendrá lugar el próximo 1 de octubre y que la pregunta será ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República? El Gobierno cree que los partidos secesionistas se están preparando para unas nuevas elecciones en las que utilizarán como principal arma la oposición del Gobierno central a la celebración de esa consulta inconstitucional.  9-6-2017.

El País da a conocer los aspectos fundamentales de la Ley de Transitoriedad Jurídica que hasta ahora se mantenía en secreto. Mediante este proyecto de Ley la Generalitat establece los mecanismos de la hipotética secesión de Cataluña, si el Gobierno impide el referéndum, ignorando las resoluciones del Tribunal Constitucional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La Generalitat dice que ese texto ha sufrido modificaciones, que no precisa. 23-5-17.

Las élites españolas y catalanas decidieron hace una década abandonar los pactos que presidieron sus relaciones desde 1977 y caminar una de espaldas a la otra pensando que ya no se necesitaban. Es la idea que desarrolla Lluís Bassets en su artículo «La irresponsabilidad de las élites políticas«. 24-4-17.

En el artículo «Por una descentralización creíble«, Ramón Marimon dice que España es uno de los países más descentralizados del mundo, pero la descentralización realizada debe ganar en eficiencia, credibilidad y legitimidad. Entre otras medidas propone un contrato de corresponsabilidad entre el centro y los territorios, una definición más clara de las competencias, una descentralización normativa e instituciones federales. Para el autor esta es la vía más realista entre los extremos del inmovilismo y la independencia. 

Insertamos el artículo: «Las trece campanadas del soberanismo«, de Víctor Ferreres y otros. Que los juristas del soberanismo hayan llegado a justificar la estrategia de la desconexión unilateral muestra hasta qué punto se ha degradado en Cataluña el respeto a las reglas más básicas de un orden jurídico democrático, dicen los autores del artículo. 21-3-2017. 

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Junts pel Sí y la CUP aprueban en el Parlament los Presupuestos de la Generalitat para 2017, que incluyen los recursos necesarios para celebrar un referéndum de independencia este año, y ello a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias ha advertido de que la disposición en cuestión es contraria a la Constitución, al Estatuto y a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Los independentistas continúan su huida hacia adelante, en abierta rebelión contra el Estado de Derecho, y todo parece indicar que buscan llevar la situación al extremo para provocar que el Estado adopte medidas más drásticas que las adoptadas hasta ahora como la suspensión de la autonomía. El objetivo sería intentar poner en marcha el referéndum y lograr una movilización popular (en palabras de Artur Mas) que proteja su celebración frente a las medidas que ponga en marcha el Gobierno para impedirlo, y con todo ello conseguir mayor eco internacional e incluso la repulsa internacional ante esas medidas.  El objetivo último de ERC y PEDCat sería aumentar el apoyo a la consulta y a la independencia y capitalizar ese apoyo en unas elecciones anticipadas en las que buscarían reforzar su posición y no depender de la CUP.    22-3-2017.

Francesc Homs ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 13 meses de inhabilitación y multa de 30 mil euros por un delito de desobediencia al TC al no paralizar la consulta del 9N 2014, con lo que tendrá que dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. La condena del Supremo es similar a la adoptada por el TSJ de Cataluña en el juicio contra Artur Mas, Ortega y Rigau, tanto por el delito por el que condena (desobediencia, que no prevaricación) como por las penas impuestas. Ver la noticia. 22-3-17.  Puedes ver un extracto de la Sentencia en este enlace.

Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, y dos miembros de su Govern, la vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Enseñanza Irene Rigau, han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la resolución del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9 N 2014.  Además de ser inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos durante 2 años, 1 año y 9 meses, y 1 año y 6 meses, respectivamente, se les han impuesto penas de multas. Han sido absueltos del delito de prevaricación porque el Tribunal considera que el mismo hecho no puede ser condenado dos veces. La condena, aunque será recurrida, impide a Artur Mas presentarse de nuevo como candidato a la Generalitat en unas próximas elecciones. La fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación para Artur Mas y recurrirá la sentencia para que se le condene también por prevaricación. La Sentencia considera probado que los condenados impulsaron y dispusieron lo necesario para que se celebrara la consulta a pesar de la prohibición del TC, desmintiendo que la consulta hubiera quedado en manos de los voluntarios, como alegaron en su defensa. Diversos sectores han considerado que la condena es de escasa cuantía y otros la consideran prudente.  

Puedes ver la noticia de la Sentencia en este enlace.  13-3-17.  Accede al texto de la Sentencia en Información complementaria, más abajo. 

El Presidente saliente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, dice en la toma de posesión de los cuatro nuevos Magistrados que el problema de Cataluña solo se puede solucionar a través del diálogo político y que el TC no lo puede resolver. Enlace.

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Se constituye la ponencia que abordará la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Los grupos de oposición no participarán en ella porque consideran que se pretende aprobar unas normas de gran trascendencia  e inconstitucionales sin debate. Ver la noticia. 14-3-2017.

Junts pel Sí y la CUP impulsan una modificación del Reglamento del Parlament que permitiría aprobar su proposición de Ley de desconexión en lectura única (sin debate, de forma rápida, e ignorando los derechos de la oposición). Con apoyo en la Ley de desconexión convocarían un referéndum unilateral de independencia. Mediante esta maniobra pretenden no solo eludir el debate parlamentario sino obstaculizar la impugnación de la proposición ante el Tribunal Constitucional, adelantar todo el proceso y provocar la reacción del Estado en un momento en que los dirigentes independentistas están siendo juzgados en los tribunales. Habría que impugnar una ley ya aprobada por el Parlamento, no una proposición de ley ni un proyecto de ley del Govern, lo que permitiría abundar en el discurso de la falta de respeto del Estado a las normas aprobadas por esta Cámara, en la que han depositado toda la iniciativa del proceso soberanista. Los últimos argumentos que esgrimen van en esta línea: «la democracia española es de baja calidad y se resquebraja, mientras que nosotros defendemos un proceso democrático para que la gente exprese lo que quiere». La maniobra no es precisamente un dechado de democracia. Con ella Puigdemont intenta también evitar que puedan iniciarse actuaciones contra él, al poner el proceso en manos del Parlament.  28-2-2017.

Hasta ahora el Gobierno de Rajoy ha optado por impugnar los actos del procès soberanista ante el Tribunal Constitucional para su anulación y luego éste los envía a la Fiscalía para depurar las responsabilidades penales que pudieran existir por desobediencia y prevaricación de los que dirigen el proceso independendista. El conflicto puede llegar a la máxima tensión en los próximos meses si se aprueban las leyes de la desconexión y se convoca un referéndum unilateral de independencia, ignorando las prohibiciones reiteradas del Tribunal Constitucional. Se habla de contactos discretos entre Gobierno y Generalitat, pero nada permite hablar de una negociación política para resolver el conflicto. Los independentistas no aceptan ninguna fórmula que no incluya una pregunta sobre la independencia en un referéndum, algo que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional. Es importante que el Estado mida bien su reacción frente a las provocaciones pues el objetivo último del independentismo es conquistar la mayoría social que hoy no tiene y para ello nada mejor que utilizar el victimismo de la «opresión de España». 28-2-2017.

Antonio Elorza escribe «Driblar al Estado«, artículo en el que comenta la estrategia de utilizar la astucia y engañar al Estado de los independentistas. 1-3-2017.

Entrevista a Juan Luis Cebrián en El Mundo: Cebrián dice que el Estado tiene los instrumentos legales y el poder legítimo para acabar con el proceso independentista. Entre ellos cita la suspensión de la autonomía por el 155 de la Constitución y emplear a la Guardia civil si fuera preciso. Víctor de la Serna comenta la entrevista en Cebrián sometido a revisión. 24-2-2017.

Homs declara en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por desobediencia y prevaricación por la celebración de la consulta del 9N 2014, que la resolución del Tribunal Constitucional era inconcreta pues no decía qué actuaciones había que paralizar, por lo que era imposible darle cumplimiento, que no se le comunicó a él personalmente (requisito para que haya desobediencia) y que solo se trató de un proceso participativo no de un referéndum. El fiscal alega que la Generalitat dio órdenes a las empresas informáticas que controlaban el proceso de seguir con sus trabajos después de la resolución del TC y que la página Web no se eliminó sino que sus contenidos se mantuvieron, aunque sin modificaciones, tras la resolución. 27-2-2017.

Vidal-Folch escribe «No buscan el referéndum«, artículo en el que comenta que los independentistas saben que el referéndum es imposible, pero su convocatoria y posterior prohibición les va a servir en unas nuevas elecciones para utilizar el victimismo para mejorar sus resultados. 27-2-2017.

Íñigo Domínguez escribe «El proceso de Frances H.«, en el que comenta la estrategia de defensa seguida por Homs en el juicio. 27-2-17.

Y Vidal-Folch escribe sobre el mismo tema «El arte de incordiar a tus jueces«, artículo en el que analiza el distinto comportamiento de Homs y Mas.  Homs ha asumido todos los hechos, Mas ha dicho que se desentendió de la consulta tras la prohibición. La clave está en la carta que firmó Homs ordenando a la empresa T-Systems que siguiera con los trabajos contratados. 27-2-2017.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI, de 6 de octubre de 2016, que instaba al Govern la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en 2017. Al mismo tiempo da traslado a la fiscalía para que analice si plantea acciones penales contra la presidenta del Parlament y la mesa por desoír las advertencias del Tribunal y tramitar en la Cámara catalana dichas resoluciones. Considera el TC que no hay ninguna legitimidad democrática que pase por vulnerar la Constitución y que se han puesto en marcha vías de hecho inaceptables en un Estado de derecho, para impulsar un referéndum para cuya convocatoria la Comunidad autónoma de Cataluña carece de competencias. Asimismo prohíbe al presidente de la Generalitat cualquier actuación que suponga seguir impulsando la ejecución de las resoluciones anuladas. 14-2-2017.  

Ver nota de prensa del TC. Y el texto del Auto del TC de 14-2-2017.

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El juicio por la consulta del 9N 2014, celebrado en la segunda semana de febrero de 2017, ha quedado visto para Sentencia. 

Se ha celebrado el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación en aquel momento Irene Rigau, por la celebración de la consulta del 9N 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. 10-2-2017.

Como en ocasiones anteriores, los procesados, que han llegado media hora tarde a la 1ª sesión (6-2-17), han sido acompañados por miles de personas hasta la sede del Tribunal.

Artur Mas ha declarado en la 1ª sesión que él fue el máximo responsable «político» de la consulta, que no tuvo intención de desobedecer al TC, que éste no dio una orden clara de cómo había que actuar y que la consulta quedó en manos de los voluntarios y no de la Generalitat tras la prohibición del TC, por lo que en realidad fue un simple proceso participativo y no un referéndum. 6-2-2017.

El fiscal aporta pruebas de que tras la resolución del TC del 4 de noviembre, la Generalitat siguió impulsando la consulta.

8-2-2017: en la 3ª sesión declara Francesc Homs, que insiste en la tesis de Mas de que el TC no advirtió de las posibles consecuencias penales de una desobediencia.

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Junts pel Sí y la CUP se plantean convocar el referéndum antes de septiembre de 2017. Ya han pactado en secreto la ley de transitoriedad que, supuestamente, ampararía el referéndum. La sacarán a la luz cuando consideren que es el momento oportuno, a fin de que el Tribunal Constitucional no la suspenda de inmediato como ha hecho con las últimas resoluciones del Parlament, entre ellas la creación de la ponencia que ha elaborado las tres leyes de la desconexión.  A su vez el instructor del Supremo ha concluido la instrucción contra Francesc Homs por la consulta del 9N 2014 y pasa la causa al fiscal para que formule el escrito de acusación, en un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.  31-12-2016.

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En el primer semestre de 2017 debe iniciarse un diálogo entre los independentistas catalanes y el gobierno español, aunque en estos momentos parece difícil llegar a un acuerdo que resuelva la crisis, que dura ya varios años. Los independentistas siguen con su plan de convocar en septiembre de 2017 un nuevo referéndum, y las causas judiciales contra los dirigentes que organizaron la consulta del 9N 2014 siguen adelante. Todo apunta a un nuevo choque en 2017.

Ver la situación actual pulsando en este enlace. 7-12-2016.

Artículo de Lluís Bassets: «Al final las urnas deciden», 6-12-2016. Abrir un diálogo abierto para la reforma  constitucional, llegar a un acuerdo y someterlo a la ratificación de los ciudadanos, éste es el derecho a decidir viable.

Artículo de Vidal-Folch: «Sin bolsa no hay vida», 7-12-2016. El autor propone varias medidas para mejorar la financiación de Cataluña.

Artículo Qué es la inmersión lingüística, 15-11-2016.

Artículo Nación de naciones, Carlos Mª Bru, 6-11-2016.

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La Diada de 2016 concentra este 11 de septiembre en cinco localidades distintas (Barcelona, Tarragona, Lleida, Berga (Barcelona) y Salt (Girona) a unas 800 mil personas, algo menos que en ediciones anteriores, pero, en todo caso, una multitudinaria manifestación a favor del derecho de autodeterminación y la independencia. En esta ocasión han participado el presidente de la Generalitat, Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando en años anteriores Artur Mas no participó para preservar su papel institucional de presidente de todos los catalanes. Puigdemont ha manifestado que planteará al gobierno central un referéndum pactado y vinculante, con todas las garantías, para junio-julio de 2017; en caso de no admitirse, convocará elecciones «constituyentes» tras la Diada de 2017. 

La CUP sigue insistiendo en que hay que declarar unilateralmente la independencia, algo que, por ahora, Puigdemont no contempla.

Sigue, por tanto, el desafío independentista, y sigue sin abrirse un espacio de diálogo entre constitucionalistas y nacionalistas que busque una salida negociada al conflicto. 13-9-2016.

Francesa Trillas escribe  «Federalismo y soberanía«, 31-8-16, artículo en el que defiende la solución federal para Europa y España como la más adecuada a los problemas de la globalización (inmigración, desigualdad). Esta alternativa solo será posible si los nacionalismos en pugna (catalán y español) atemperan sus posiciones y atienden a los retos del presente, superando planteamientos de soberanía y de levantamiento de nuevas fronteras propios del pasado.

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Encuentro en Moncloa el 20-4-2016

El Tribunal Constitucional anula las estructuras de Estado que pretendía crear Junts pel Sí en Cataluña, en ejecución de su plan de desconexión de España. Quedan anuladas la agencia tributaria y, en parte, la agencia de protección social, entre otras instituciones. La sentencia está aún pendiente de redacción. 10-7-2016.

Por su parte, Convergencia Democràtica de Cataluña (CDC) se refunda como Partit Demòcrata Català (PDC). Con esta decisión pretende dejar atrás el descrédito en el que ha caído la formación tras los casos de corrupción que le afectan, que le han supuesto un importante retroceso electoral. El nuevo partido se define como «independentista», pese a que Artur Más pretendía mantener una mayor «centralidad» afirmando su carácter soberanista, pero su planteamiento no ha sido aprobado en el congreso fundacional celebrado este fin de semana. En cuanto a la forma de Estado se han decantado por la republicana. Más información en los enlaces. 10-7-2016.

Borrell analiza el problema de Cataluña y pone de manifiesto los argumentos falsos que utilizan los independentistas, como el del déficit fiscal. Un pacto fiscal como el del País Vasco lo ve inviable. 5-7-2016.

Santos Juliá escribe el artículo «La realidad y el enredo«, en el que analiza cómo el pacto antinatura de Junts pel Sí y la CUP ha acabado rompiéndose mientras que Convergencia se sigue hundiendo y el proceso hacia la independencia entra en vía muerta. 13-6-2016.

La CUP, por exigua mayoría, no apoya los nuevos presupuestos para 2016 de la Generalitat provocando la crisis del gobierno catalán. Junqueras considera muy grave tener que seguir con unos presupuestos prorrogados, máxime cuando la situación económica y social de Cataluña es muy difícil. Puigdemont, un presidente transitorio como él mismo ha dicho, aplaza la cuestión a septiembre, en que presentará una moción de confianza para comprobar si puede seguir gobernando. Si no la supera tendrá que ir a nuevas elecciones en un momento de fuerte caída de Convergencia Democrática (CDC). El bloqueo de los presupuestos es consecuencia directa de un pacto reducido a las fuerzas independentistas, entre las que hay profundas divergencias, y centrado en un proceso hacia la independencia que no cuenta con respaldo legal, ni internacional ni en la mayoría de la población. Artur Mas considera que este proceso está «tocado» en estos momentos, y Junts pel Sí dice que el acuerdo alcanzado con la CUP está roto. Junts pel Sí espera que un gobierno de distinto signo en Moncloa inicie una negociación sobre el «derecho a decidir»; para ello tiene que seguir manteniendo artificialmente el proceso soberanista. La CUP, por su parte, no ha logrado empujar a Junts pel Sí a la abierta desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que pretendía.

La única manera de salir de la situación de ingobernabilidad en Cataluña es replantear los pactos de gobierno y el propio proceso independentista, un proceso que lleva a un callejón sin salida como ya hemos dicho en esta página. 9-6-2016.

Pedro Sánchez propone un pacto político que reconozca la singularidad de Cataluña y defina mejor sus competencias. Ese pacto, recogido en el programa electoral del Psoe para las elecciones del 26 de junio, se incorporaría a la reforma de la Constitución y, a continuación, del Estatut, que sería votada en referéndum. El marco de estas reformas fue fijado por el Psoe en la Declaración de Granada de 2013. 31-5-2016.

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El presidente del Gobierno y el de la Generalitat se reúnen después de 21 meses transcurridos desde la última reunión que Rajoy tuvo con Artur Mas. En los días anteriores Puigdemont había celebrado reuniones en la Generalitat con los líderes de los demás partidos políticos. En la reunión el presidente catalán ha presentado a Rajoy una lista de 46 temas que abordarán la vicepresidenta del Gobierno y el vicepresidente de la Generalitat, aunque hay escepticismo al respecto pues Artur Mas presentó 23 medidas en julio de 2014, de las que no se volvió a saber nada más, y el gobierno central está en funciones y por ello tiene menos margen para adoptar medidas. En todo caso, bienvenido sea el encuentro aunque los problemas siguen estancados. Puigdemont ratifica que su proyecto secesionista sigue adelante. 20-4-16.

Artículo de Vidal-Folch: Cataluña acierta, en el que comenta los 46 puntos presentados por Puigdemont a Rajoy.

Artículo de Enric Juliana: Los presidentes abren un respiradero al choque frontal.

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ANULADA LA DECLARACIÓN SOBERANISTA: En Sentencia de 2-12-2015, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la declaración soberanista del Parlament de Cataluña de 9-11-2015, mediante la que se pretende iniciar el proceso de desconexión de España.

La CUP plantea abiertamente en el Parlament desobedecer al TC. 30-3-2016.

UPyD y Manos Unidas presentaron sendas querellas por dicha declaración contra la Presidenta y la Mesa del Parlament y contra Artur Mas por supuestos delitos de conspiración para la rebelión y la sedición, o, directamente, por rebelión y sedición. El TSJ Cataluña en dos Autos de 1-2-2016 ha inadmitido dichas querellas por entender que no se dan tales delitos pues la declaración del Parlament no es un llamamiento a alzarse violentamente, con empleo de la fuerza, o sublevarse tumultuariamente, para declarar la independencia de Cataluña, derogar la Constitución, o para impedir la aplicación de las leyes o las resoluciones de los jueces y autoridades, limitándose a una declaración parlamentaria que, por otro lado, ya ha sido anulada por el TC. Añade el TSJ Cat. que el Estado tiene otros mecanismos distintos de la vía penal para impedir que se lleven a cabo actuaciones contrarias al orden constitucional.

Aquí tienes los enlaces a dichas Resoluciones. TC 2-12-15. Declaración del Parlament de 9 de noviembre de 2015.  Auto TSJCat. 1-2-15 a.  Querella Manos Unidas. Auto TSJCat. 1-12-15 b. Querella UPyD.

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LAS LEYES DE LA DESCONEXIÓN: El 17-3-2016 comienza su andadura la ponencia sobre la ley de la administración tributaria de Cataluña, integrada solamente por Junts pel Sí (2 miembros) y la Cup (otros 2), ya que los demás grupos han decidido no participar en la misma y recurrir ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran un incumplimiento de la Sentencia de este Tribunal de 2-12-2015.  En la Generalitat hay dudas sobre la rentabilidad y viabilidad de la hacienda catalana. 17-3-16.

Pese al informe en contra de los letrados de la Cámara, la Mesa del Parlament, con los votos de la mayoría que reúne la coalición Junts pel Sí, acuerda constituir la ponencia conjunta que elaborará las 3 leyes de la desconexión previstas en la declaración soberanista del 9 de noviembre, ignorando la suspensión de ésta decretada por el Tribunal Constitucional. Para ello emplean una nueva argucia consistente en no partir de proyectos de ley ya redactados, para evitar así que haya unos textos que puedan ser recurridos ante el TC por vulnerar la sentencia que anuló la declaración del 9 N 2015. Se trata de dar la sensación de que el procés sigue adelante para no reconocer que tras la sentencia del TC ya no tiene recorrido alguno.  10-3-2016.

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Artur Mas, dedicado a refundar Convergencia, considera que darle al partido una identidad «soberanista» (que afirma el derecho a decidir), más que independentista, le permitirá recuperar votos que ha perdido con su deriva independentista, aprovechada por ERC para conseguir la hegemonía dentro del nacionalismo. Mas no oculta sus deseos de volver al poder.  Ver la noticia en este enlace.

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La propuesta independentista se ha votado el lunes 9 de noviembre en el Parlament por 72 votos a favor y 63 en contra. El Gobierno la recurrió de inmediato ante el Tribunal Constitucional y ha quedó automáticamente suspendida. A partir de ese momento cualquier acto de desacato al Tribunal Constitucional podrá dar lugar a la adopción de medidas contra las autoridades que sigan adelante con la implementación de la Propuesta, empezando por la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell.  Entre las medidas se encuentran las que establece la reforma del TC de octubre de 2015, es decir, la imposición de multas y la suspensión de funciones. La CUP no vota la investidura de Artur Mas en la primera votación celebrada el 10 N y tampoco en la segunda votación del jueves 12 N. Un Artur Mas sin credibilidad hace concesiones insólitas para intentar mantener la presidencia de la Generalitat, pero la CUP pide otro candidato de consenso.  12-11-2015.

Lluis Basset nos cuenta los paralelismos existentes entre la insurrección institucional del 6 de octubre de 1934 (Companys proclama el Estado Catalán) y la de 2015 (Forcadell al frente de un Parlament que abre el proceso de separación del Estado) en su artículo «Del 6 de octubre al 9 de noviembre».

El mismo tema es objeto del artículo de Francesc de Carreras «Un 6 de octubre posmoderno». Enlace.

Como es sabido la proclamación de Companys del 6-10-1934 terminó con la intervención del Ejército, la suspensión de la autonomía y la prisión para Companys.

Durán Lleida cree que se ha impuesto la irracionalidad política y que Junts pel Sí ha cometido un fraude electoral pues nunca habló en la campaña de república catalana. Ver entrevista.

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Los independentistas, pese a no haber alcanzado siquiera el 50 % de votos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y en contra de lo que habían manifestado algunos de ellos (CUP), presentan una Propuesta de resolución por la independencia ante el Parlament para que sea tramitada por el procedimiento de urgencia. Artur Más había manifestado con anterioridad que no haría nada en contra de la legalidad y que un proceso independentista requeriría al menos un 60 % de votos de los ciudadanos. Pese a ello ahora impulsa un proceso ilegal y sin apoyo de una mayoría social suficiente, en medio de procesos de corrupción (el famoso 3 %) que afectan al núcleo de Convergencia.  La oposición pide su retirada como candidato a la presidencia de la Generalitat. 1-11-2015.

La Propuesta supone el mayor ataque al orden constitucional desde el golpe del 23 F de 1981, va contra la legalidad española e internacional y desoye cuantas voces han expresado en los últimos meses que la separación de un territorio de un Estado miembro equivaldría a la salida de la Unión Europea, y que Cataluña no tiene el derecho de autodeterminación. Ignora también a la mayoría de la ciudadanía catalana que rechaza una declaración unilateral de independencia que suponga la salida de la UE.

Quienes creemos que el Derecho es un elemento esencial de nuestra civilización, que la Constitución es el fundamento de nuestra convivencia y que su violación conduce a la fractura de la sociedad y a la barbarie no podemos compartir esta Propuesta independentista. En consecuencia, el Estado habrá de utilizar con prudencia los mecanismos legales existentes para dejarla sin efecto.  Al mismo tiempo es necesario que las sociedades catalana y del resto de España, y sus fuerzas políticas y sociales, pongan en marcha todas las iniciativas posibles para fortalecer un proyecto común de convivencia que nos une desde hace siglos, en el que habrá que hacer los ajustes que sean necesarios, que deberán ser refrendados posteriormente.

La Propuesta independentista declara el inicio del proceso de creación del Estado Catalán independiente en forma de República. Abre un proceso constituyente para preparar las bases de la futura Constitución catalana. Insta al gobierno catalán a que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva esta declaración, poniendo en marcha las leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y Hacienda Pública. Afirma que el Parlament no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, incluido su Tribunal Constitucional, y da comienzo a la desconexión del Estado Español. Ver la propuesta en este enlace.

El artículo de Martín Blanco, «Provocación y deslealtad» (4-11-15) revela los propósitos del órdago de los independentistas. Enlace.

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ELECCIONES del 27 de SEPTIEMBRE de 2015: Junts pel Sí no ha obtenido mayoría absoluta de escaños por lo que necesita los de la CUP para formar gobierno. La CUP ha rechazado hasta ahora apoyar la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat y exige que sea otro candidato de consenso, mientras que Junts pel Sí se plantea convocar nuevas elecciones si la CUP no apoya la investidura de Mas. En el seno del gobierno catalán han surgido discrepancias con la Propuesta independentista aceptada por Artur Mas como concesión a la CUP en las negociaciones que mantienen, por cuanto alejan a Convergencia de su electorado.

Ver los resultados de las elecciones.

Junts pel Si: 62 escaños, 39,54 % de los votos.

CUP: 10 escaños, 8,20 % de votos.

Ciutadans: 25 escaños, 17,93 % de votos.

PSC: 16 escaños, 12,74 % de votos.

Catalunya si que es pot: 11 escaños, 8,94 % de votos.

PP: 11 escaños, 8,50 % de votos.

JxS y CUP juntos suman 72 escaños y el 47,74 % de los votos. La mayoría absoluta en el Parlament está en 68 escaños, por lo que JxS (62 escaños) no puede gobernar sin el apoyo expreso de la CUP.  El resto de partidos suman 63 escaños por lo que Mas no podría ser investido si la CUP se abstiene.

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El necesario diálogo político se verá impulsado si los independentistas no alcanzan una mayoría de votos en las elecciones del 27 de septiembre, por mucho que digan que lo que cuentan son los escaños. Los escaños cuentan para formar gobierno y gobernar; los votos para ver cuántos apoyos tienen los constitucionalistas y los secesionistas. Estos han planteado las elecciones como un plebiscito. En la campaña electoral se ha constatado la soledad internacional de Artur Mas y su falta de apoyos en la Unión Europea.

Junts pel Sí (Convergencia, ERC e independientes) y la CUP lograrían juntos la mayoría absoluta de escaños (68) en el Parlament, aunque a tres días de las elecciones se mantiene la incertidumbre sobre si alcanzarían o no el 50 % de los votos, algo poco probable según la mayor parte de los sondeos. Los indecisos resolverán esta incógnita. Los independentistas defienden que les basta la mayoría de escaños para poner en marcha su inconstitucional proceso independentista aunque no obtengan mayoría de votos, algo que carece de fundamento.

La 2ª fuerza en el Parlament sería Ciutadans, que experimenta un fuerte ascenso, la 3ª y 4ª serían (en posiciones intercambiables) PSC y Catalunya Sí que es Pot (Podemos e ICV). La 5ª y 6ª serían PP (que pierde escaños) y CUP (que mejora sus anteriores resultados). Puedes ver el último sondeo de Metroscopia en este enlace.

La mayor parte de los sondeos otorgan a los independentistas entre 70 y 75 escaños y a los constitucionalistas entre 65 y 60. En votos los constitucionalistas superarían a los independentistas. Puedes ver las distintas encuestas en este enlace.

El PP ha planteado a última hora y por vía de urgencia un proyecto de Ley Orgánica que atribuye al Tribunal Constitucional mayor capacidad de ejecución de sus resoluciones, pudiendo sancionar o suspender en sus funciones a las autoridades que incumplan las resoluciones del TC. La reforma se aprobará previsiblemente a finales de este mes de septiembre. Gimbernat comenta esta reforma en un artículo.

La CUP no apoyaría a Artur Mas como President de la Generalitat por los casos de corrupción que afectan a Convergencia. El panorama que todo esto dibuja es de confrontación y mayor tensión, cuando lo que se necesita es diálogo político. Un diálogo político que los secesionistas solo admiten para negociar con el Estado la secesión, pero no para estudiar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado. Hasta ahora la confrontación ha beneficiado a los independentistas, que han incrementado notablemente sus apoyos en los últimos 3 años. La gobernabilidad de Cataluña se presenta también complicada pues Junts pel Sí carece de un programa de gobierno concreto y acordado por Convergencia y ERC, y es más problemático en este terreno aún el apoyo de la CUP, que se define como anticapitalista. 24-9-15.

25 intelectuales se pronuncian sobre el proceso soberanista.

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La Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, ha modificado la Ley Orgánica del TC para establecer el recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de Estatuto de Autonomía o de su modificación. Interpuesto el recurso no será posible convocar un referéndum de ratificación del proyecto hasta que no se cumpla la Sentencia del TC que anule algunos artículos del mismo.

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Convergencia Democrática, Esquerra Republicana y entidades independentistas catalanas concurrirán a las elecciones autonómicas del 27-S en una lista conjunta, Junts pel sí, que promueve la independencia de Cataluña. El ecosocialista y ex eurodiputado Raül Romeva encabeza la lista, en la que Artur Mas y Oriol Junqueras figuran en 4º y 5º lugar, respectivamente. El objetivo de esta candidatura es constatar mediante los votos los apoyos que tiene en la ciudadanía la propuesta de independencia y a partir de ahí impulsar un proceso de secesión si se obtiene una mayoría. Es decir, convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito al no haber podido llevar a cabo en condiciones legales la consulta del pasado 9 de noviembre. Con ello Artur Mas ha conseguido frente a ER su propósito de que el voto independentista se identifique con una única candidatura, aunque la CUP se presentará por separado a estas elecciones. Tras meses en que el tema catalán ha estado fuera de los focos, vuelve a la primera línea de la actualidad con este acuerdo con el que se da comienzo a la precampaña de las elecciones autonómicas del 27-S.  17-7-2015.

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Tras dos meses de discusiones Artur Mas y Oriol Junqueras han llegado a un acuerdo por el que se anticiparán las elecciones en Cataluña al 27-9-2015. Ni única lista independentista como quería Mas, ni elecciones inmediatas como quería Junqueras. Cada uno de los dos partidos (CiU y ERC) concurrirá en solitario, pero habrá un programa mínimo común que consistirá en ir hacia la independencia si obtienen la mayoría en las elecciones. Cómo se diseñará el proceso después del 27S es aún objeto de discusión pues, como hemos expuesto en esta página, Junqueras pretende declarar la independencia unilateralmente y de inmediato, mientras que Mas pretende una negociación previa con el Estado de los términos de la separación. El acuerdo está inconcluso en este aspecto, se han desmarcado del mismo otros partidos que integraron el frente soberanista antes del 9N, y sirve a la pretensión de ERC de conquistar la hegemonía del nacionalismo, algo que pretendía evitar CiU con la lista única encabezada por Mas. Es decir, lo único que consigue Artur Mas es apoyo para los presupuestos de 2015 y ganar tiempo para -confiando en su tacticismo habitual- intentar mejorar su posición ante los comicios y presentarse con otras siglas; entretanto el caso Pujol puede seguir minando sus posibilidades. Dice Francesc de Carreras en el artículo «Fracaso de Mas, ocasión para todos», que insertamos a continuación con un enlace, que la situación económica de Cataluña se debilita con un descenso de las inversiones y que la gestión de los asuntos públicos se descuida con la prolongación de la provisionalidad. Para los partidos constitucionalistas, sin embargo, hay tiempo para defender con más rigor y argumentos que hasta ahora la conveniencia de no votar independentista.

«Fracaso de Mas, ocasión para todos«, Francesc de Carreras.

La última encuesta sobre contexto político en Cataluña refleja que son más los catalanes que dicen NO a la independencia (45,3 %) que los que dicen SÍ (44,5 %), aunque la diferencia es de 0,8 puntos. En el análisis que hicimos de los resultados del 9N ya dijimos en estas páginas que ambos bloques tenían un peso similar, como puedes ver más abajo, aunque algún analista decía que la diferencia a favor de los no independentistas era mayor. Puedes ver la Encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió en este enlace. 19-12-2014.

Mas y Oriol Junqueras plantean sus alternativas tras el 9N, que resumimos a continuación. Artur más convocará elecciones anticipadas si estas tienen carácter plebiscitario para comprobar si la mayoría de los catalanes está a favor de la independencia o no. Para ello propone constituir una lista única con otros partidos y personas de la sociedad civil, que se presentaría a las elecciones con ese objetivo como programa. Si esa candidatura independentista unitaria obtiene mayoría absoluta se comunicaría al Estado, a la Unión Europea y a la comunidad internacional la intención de constituir un Estado propio. El gobierno resultante prepararía estructuras de Estado y elaboraría una Constitución catalana. A los 18 meses de legislatura dedicada a esas tareas convocaría elecciones constituyentes para aprobar la Constitución junto con un referéndum para decidir la forma del nuevo Estado y proclamarlo. Este es el proceso que quiere poner en marcha el President y para el que necesita contar con la compañía de ERC, pues Iniciativa y la CUP se han manifestado contrarios a ir en una lista única (25-11-2014).  

Por su parte, Oriol Junqueras (ERC) plantea ir a unas elecciones inmediatas por separado pero con un punto común por la independencia y celebrar algunos actos conjuntos durante la campaña; la independencia se declararía tras las elecciones si hay mayoría entre todas las fuerzas independentistas y sin esperar a la negociación con el Estado. Luego se redactaría una Constitución que sería sometida a la ratificación de los ciudadanos y se negociaría en plano de igualdad con el Estado español.  3-12-2014.

Los colectivos independentistas presionan a CiU y ERC para que lleguen a un acuerdo y se convoquen cuanto antes esas elecciones. 

Con su anuncio Artur Mas sigue en la misma línea anterior a la consulta del 9N, es decir, conseguir una mayoría independentista que le permita negociar con el Estado la separación. Rechaza así unas elecciones anticipadas ordinarias que, previsiblemente, ganaría ERC.

Artur Mas entiende que esta es la manera de continuar y liderar el proceso hacia la independencia. Las elecciones, que sí puede convocar, son para él la forma legal (aunque no la mejor) de llevar a cabo la consulta que no pudo celebrar con todas las garantías el 9N por la suspensión acordada por el TC.

BALANCE DE LA CONSULTA: Antoni Zabalza extrapola los resultados de la consulta del 9N a lo que sería un referéndum legal con el censo ordinario y estima que el sí a la independencia habría obtenido el 44 % de los votos mientras que el no a la independencia sería mayoritario en Cataluña con el 56 %. Concluye cuestionando el empeño de los independentistas, que no son mayoritarios. Ver su artículo «Un balance de la consulta» (21-11-2014).

Después de la consulta no existe ninguna perspectiva de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitart, dadas las posiciones inamovibles de ambos, mientras que la interposición de la querella contra Artur Mas tiene como efecto inevitable dificultar cualquier vía de diálogo. ERC es partidaria de una ruptura con el Estado a través de una declaración unilateral de independencia, que no encuentra amparo ni en la legislación nacional ni en la internacional. Convergencia, en cambio, considera que la independencia debe ir precedida de una negociación con el Estado una vez constatado que hay una mayoría para ello.

DEFENSA RAJOY: En ajedrez existen estrategias de las negras muy populares tales como la defensa Siciliana y la defensa Grünfeld. Ambas se caracterizan por su versatilidad y flexibilidad en la búsqueda de la iniciativa.

La estrategia de Rajoy ante el desafío soberanista podemos denominarla “la defensa Rajoy”, que consiste en marcar los límites, ceder la iniciativa a los otros y minimizar la fortaleza de la posición contraria. Veamos lo que dice Rajoy: los límites a cualquier negociación son que no se discuta la soberanía de la nación española ni se plantee recoger el derecho de autodeterminación en la Constitución; la iniciativa de la reforma constitucional deben plantearla los que crean en ella: los socialistas en primer lugar, y también el Parlamento de Cataluña. Es la vía legal que recoge la Constitución, aunque el PP no cree en una reforma constitucional con menos consenso del que había en 1978. Por último, no hay un problema grave pues los independentistas siguen siendo minoría, la mayoría (2/3) ha dado la espalda a Artur Mas el 9 de noviembre.

La defensa Rajoy tiene varios puntos débiles: no ha impedido que crezca el número de independentistas desde 2012; aunque de momento estos sufran un cierto estancamiento en torno al 33 % de los votantes, pueden seguir creciendo; no hay 2/3 de catalanes contrarios a la independencia pues la abstención (30 %) no suma a la hora de decidir la mayoría en unas elecciones o en un referéndum; la inmensa mayoría de los catalanes (más del 80 %) quiere pronunciarse sobre su futuro; decir solo “NO” es una estrategia de comunicación pobre, que no ilusiona a nadie, mientras que la movilización del contrario es muy fuerte; vamos posiblemente hacia una declaración unilateral de independencia que llevaría a la suspensión de la autonomía y a una grave quiebra del orden constitucional en Cataluña, que ya se ha puesto en marcha incipientemente el 9 N.

Por tanto, el problema es grave y requiere una estrategia (política y de comunicación) más activa por parte del Gobierno: habría que abrir un espacio de debate y negociación entre todas las fuerzas políticas sobre los puntos principales del conflicto (el fiscal, las competencias, la reforma del Título VIII de la Constitución,…) para intentar llegar a un acuerdo que sería sometido a la aprobación de los ciudadanos. Si ante esta propuesta Artur Mas se muestra inflexible (porque pone condiciones inasumibles) o dice simplemente “no”, habría empezado a perder la batalla de la comunicación.

En la próxima legislatura, con la nueva correlación de fuerzas que los sondeos anticipan, todo podría ser más difícil pues PP y PSOE no alcanzarían la mayoría necesaria para reformar la Constitución (*ver la entrada dedicada a “la reforma constitucional).

Pérez Royo en su artículo «Condición necesaria» (14-11-2014) considera que con un 80 % de población partidaria de que se celebre el referéndum se ha llegado a un punto en que sin la celebración del referéndum no existe ya competición democrática en Cataluña, el debate político está monopolizado por los independentistas, como se ha visto el 9N, y la mayoría social no independentista no puede expresarse políticamente en cuanto tal, con lo que está condenada a permanecer en la irrelevancia y la marginalidad.

RESULTADOS DEL 9N: Los resultados del 9N han de ser analizados con las reservas propias del hecho de que la jornada no ha contado con las mínimas garantías propias de una convocatoria legal, tras la suspensión decretada por el TC (sin censo, sin junta electoral, sin interventores, las mesas constituidas por voluntarios, sin neutralidad de la Administración, etc.).

Teniendo esto en cuenta, y dando por buenos hipotéticamente los resultados publicados por la Generalitat, cabría decir que en estos momentos la sociedad catalana estaría dividida, si no se plantean otras opciones intermedias, entre independentistas y no independentistas en dos bloques de peso similar. La opción independentista recibe menos apoyos cuando se vincula a la salida de la U.E.

El 9N ha habido ciertamente, como en la Diada, una importante movilización social, que ha querido expresar su opinión, pero no existe una mayoría reforzada a favor de la independencia, según exigía el Tribunal Supremo de Canadá en el caso de Quebec. Artur Mas ha buscado aparecer al frente de la jornada para fortalecer su posición frente a ERC con vistas a unas próximas elecciones, a costa de desafiar la suspensión acordada por el TC: no retiró la página web de la Generalitat dedicada al 9N, abrió los locales y mantuvo las urnas y las papeletas, aunque el acto de la votación fue gestionado con voluntarios. Rajoy, por su parte, ha tratado de evitar la imagen de los Mossos retirando las urnas de los locales. Ahora los Tribunales verán si hubo desobediencia y prevaricación, pero el problema político de fondo sigue enquistado sin que haya visos de acuerdo alguno entre ambos y con el Gobierno del Estado a remolque de las iniciativas de Mas (10-11-2014).  Vidal-Folch analiza el resultado en su artículo «Soberanismo: fulgor y estancamiento». La postura prudente de Rajoy recibe críticas desde dentro del PP, de UPyD y del colectivo «Libres e Iguales», en tanto la Fiscalía estudia si formaliza una querella contra los dirigentes de la Generalitat. Pedro Sánchez dice que hay que utilizar la política y dejar el recurso a los Tribunales, y poner en marcha un espacio para debatir la reforma de la Constitución. La postura de Artur Mas no facilita una salida negociada que no sea abrir la vía a la autodeterminación y la independencia. Debería volver al transversalismo, dice Vidal-Folch en su artículo «¿Cataluñas?, ¡Cataluña!

Según la Generalitat han votado unos 2,3 millones de personas, de los que un 80,7 %, es decir, unos 1,8 millones, lo han hecho a favor de la independencia. No han acudido a la convocatoria unos 4 millones de personas de un total de 6,3 millones en que se estima el número de los posibles votantes, dato en que se estima la incorporación de jóvenes de 16 y 17 años y de residentes. Teniendo en cuenta que la abstención fue del 30,44 % en las últimas elecciones catalanas de 2012, podrían no haber acudido a votar de los que lo hicieron en aquellas elecciones alrededor de 1,35 millones, seguramente contrarios a la independencia. Los contrarios a la independencia que han votado el 9N son unas 430 mil personas, que sumados a los 1,35 millones anteriores sumarían unos 1,8 millones contrarios a la independencia.

Es necesario poner en marcha con determinación una agenda política para el 10 de noviembre que aborde las reformas necesarias, una vez que el TC ha suspendido la nueva consulta de Cataluña y todas las actuaciones, incluso las futuras, relacionadas con la misma (5-11-2014). Es lo que propone Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional, en el artículo que incluimos en este enlace, en el que también se analiza el actual mapa político de Cataluña.

Insertamos además un artículo de Pellicer y Bolaños sobre los costes de la independencia, para Cataluña y para España. Y otro de Joaquim Coll titulado «La secesión indolora de Artur Mas», en el que sostiene que debe prevalecer el Estado de Derecho aunque ello beneficie a la estrategia victimista de Mas, que ha intentado burlar al Estado. Ver los respectivos enlaces.

El Gobierno impugnó de nuevo ante el TC la «consulta informal» del 9 N tras obtener el dictamen favorable del Consejo de Estado (ver dictamen en Información complementaria), y el TC ha suspendido también la nueva consulta, como hizo con la convocada por decreto en septiembre (4-11-2014). La Generalitat después de haber abierto este proceso pone la nueva consulta en manos de las asociaciones civiles independentistas y mantiene su apoyo a la misma, pese a la suspensión del TC. Ante esta inicial provocación del Govern («el proceso de mantiene con todas sus consecuencias»), el Gobierno debe actuar con mesura en estos momentos para no aumentar la sensación de frustración que puede albergar una parte importante de la sociedad catalana y no alimentar el victimismo, tan rentable para los independentistas.

El President viene impulsando de facto una consulta no convocada por decreto y con las mismas preguntas que iba a tener la suspendida por el TC. Al no convocarla formalmente pretende dificultar la impugnación del Gobierno y obtener una masiva participación popular como antesala de unas elecciones anticipadas. La actuación de Mas es calificada como fraude de ley por muchos analistas en tanto el Gobierno ha puesto en marcha su impugnación.

Los catalanes no apoyan esta nueva consulta ni que unas elecciones anticipadas tengan carácter plebiscitario (ver encuesta en el enlace, 29-10-2014)). No obstante, sigue creciendo el número de los que apoyarían la opción independentista, según el nuevo barómetro del Centro de estudios de opinión de la Generalitat, que revela que la sociedad catalana está dividida en dos bloques de similar peso (partidarios y no partidarios de la independencia), aunque los partidarios de la independencia son bastantes menos si se les pregunta por la independencia quedándose fuera de la U.E.

ERC se había distanciado de CiU tras reconocer Artur Mas que la consulta del 9N no tendría lugar, pero volvería al frente soberanista si Mas se compromete con una declaración unilateral de independencia, o renuncia a encabezar unas elecciones plebiscitarias.

Artur Mas anunció que el 9 N los ciudadanos podrán expresarse a través de «otras formas de participación ciudadana» amparadas en la Ley y distintas de la consulta convocada con el decreto de septiembre, que reconoce que no podrá celebrarse al haber sido suspendida por el TC. Nada que ver, por tanto, con una consulta con garantías democráticas. Con ello obvia de nuevo que las otras vías previstas en la ley (encuestas, audiencias públicas, foros de participación, etc.) están limitadas a materias de su competencia.

Dicha opción no cuenta con el respaldo de todos los partidos soberanistas (Iniciativa ha sido el más crítico), que al retirar su apoyo a Mas le obligarán a buscar nuevos apoyos o convocar elecciones anticipadas por segunda vez. Es previsible que el Gobierno también impugne esta nueva vía, impugnación que Mas quiere evitar haciendo una convocatoria de facto y no mediante un decreto. El objetivo de este movimiento de Mas es no dar por fracasada su estrategia y retomar la iniciativa haciendo una «consulta» informal en forma de movilización popular, y luego ir a unas elecciones anticipadas plebiscitarias con ERC, a fin de evitar su previsible derrota en unas elecciones normales (14-10-2014).

El empecinamiento de Mas cierra la puerta a la esperanza, dice Antonio Elorza, y añade en su artículo que debe evitarse el recurso a la fuerza para resolver este problema político, aunque lo que se ha puesto en marcha es una sedición. Por su parte, Francesc de Carreras dice que ahora se abre una nueva etapa en la que se trata de ahondar en el victimismo, cargarse de razón culpando al Estado de lo sucedido y consolidar la idea de que el Estado es el enemigo. Con ello se seguirían ganando adeptos para el siguiente hito: las elecciones plebiscitarias, con las que se recompondría el frente soberanista, y se mantendría la iniciativa del «proceso» (15-10-2014).

La opinión mayoritaria en Cataluña es partidaria de acatar la resolución del TC y negociar una solución ajustada a la legalidad que se someta a votación de los catalanes. La tercera vía, no planteada en la consulta, es, sin embargo, la opción preferida por los catalanes: que Cataluña siga formando parte de España con nuevas y blindadas competencias exclusivas. La mayor parte de los catalanes es también partidaria de que se convoquen elecciones anticipadas, pero sin carácter plebiscitario (7-10-2014).

Rajoy debe aprovechar los próximos meses, y que cuenta con el apoyo del PSOE, para tomar la iniciativa, hasta ahora en manos de los soberanistas. Ver el artículo de Antón Costas «Esperando a Rajoy» en Información complementaria (8-10-2014).

Y el artículo de Enric Juliana: «Junqueras y Borbolla, azar en Sevilla» (10-10-2014), en el que cuenta, entre otras cosas, cómo Andalucía, y su movilización en 1977-1980, fueron claves en la construcción del Estado de las Autonomías en la forma en que se ha hecho.

Sobre las diferencias de una Barcelona cosmopolita y las comarcas del interior ver abajo el artículo de José Luis Álvarez (9-10-2014). Para éste Barcelona ha sido asimilada a un nacionalismo rural del interior y con ello ha perdido gran parte de su potencial.

Tras la suspensión de la consulta del 9 N por el TC, Artur Mas desafía al Tribunal al firmar el decreto por el que se nombra a los 7 miembros de la Comisión de Control de las consultas (regulada en la ley de consultas suspendida), tras su aprobación por el Parlamento de Cataluña. El Gobierno ha impugnado también este decreto porque vulnera la suspensión acordada por el TC.

Uno de los miembros designados para esa Comisión de Control, Joaquim Brugué, ha dimitido al considerar que no hay garantías democráticas para la celebración de la consulta (6-10-2014). Este catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que estamos asistiendo a una estafa al ciudadano: «un observador internacional creería que Cataluña es Guinea», y añade que si se va a hacer «un sucedáneo de consulta provocaremos la risa en la comunidad internacional». También critica la falta de neutralidad institucional en el proceso (en el que teóricamente los ciudadanos eran llamados a pronunciarse libremente), y las agresiones verbales que ha recibido por decir en este momento lo que muchos otros piensan.  La intolerancia que han mostrado en las redes sociales sus críticos es un signo preocupante de espíritu escasamente democrático. Ver el artículo El linchamiento del disidente.

Al mismo tiempo se mantiene una campaña institucional que intenta sortear la suspensión a la vez que se sigue reafirmando el derecho a decidir, como ha ocurrido en el encuentro de Mas con los Alcaldes.

El portavoz del Govern ha declarado que quedan pocos días para saber si se puede o no celebrar la consulta pues habría que iniciar ya los preparativos. Estas declaraciones han causado gran malestar en ERC. En la misma línea Artur Mas ha designado a los miembros de las comisiones de seguimiento de la ley de consultas utilizando una fórmula ambigua para eludir la desobediencia: «a los efectos de vigencia que correspondan». Y, sin apoyo normativo alguno, ha ampliado los plazos fijados por el decreto de la consulta para que se registren en el censo inmigrantes y catalanes residentes en el extranjero.

La supuesta unidad de los soberanistas parece que puede llegar a su fin en los próximos días una vez que se constate que la consulta no tendrá lugar y Artur Mas tendrá que enfrentarse al final de su aventura, un final que está alargando en esta primera quincena de octubre con iniciativas, más bien artimañas, que podrían vulnerar la suspensión de la consulta acordada por el TC.  El diario El País califica de filibusterismo y de engaño a los ciudadanos la actuación de Artur Más en estos días posteriores a la suspensión.

El filibusterismo es una práctica de obstrucción parlamentaria existente en algunos países y que consiste en bloquear la aprobación de una norma mediante el uso ininterrumpido de la palabra en el parlamento. El término se aplica por extensión a cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios que resulte favorable a un bando.

El catedrático de Derecho Constitucional, Roberto L. Blanco, autor del libro «El laberinto territorial español, Alianza, 2014, califica la situación actual como la más grave desde el 23 F.  Ver entrevista en Información complementaria.

Pérez Royo en su artículo «¿Hasta cuando?» (4-10-2014) considera que el sistema político de Cataluña está en quiebra y sin posibilidad de recuperación, y que la solución es política y no está en el Tribunal Constitucional.

Manuel Chaves cree que después del 9 N, tarde o temprano y a pesar de las dificultades existentes, se pueden abrir vías para el diálogo.

Los partidos soberanistas recusan a dos miembros del TC por su vinculación al PP. Con ello y con la constitución de la Comisión de Control dan las primeras muestras de su voluntad de mantener el conflicto tras la suspensión de la ley, aunque en el seno de este frente soberanista hay discrepancias sobre el camino a seguir, por ejemplo en cuanto a la convocatoria de elecciones anticipadas o el acatamiento a las resoluciones del TC (2-10-2014).

Enric Juliana en La Vanguardia dice que en el entorno de Mas (entre otros Viver i Pi Sunyer, que fue vicepresidente del TC) se piensa que unas elecciones anticipadas son preferibles a una consulta problemática, o «a los callejones sin salida», afirma el propio Enric Juliana, pero por ahora esta opción, planteada por Convergencia, no la aceptan ERC, Iniciativa ni la CUP.  En este artículo, E. Juliana nos da  pistas de cómo se está recomponiendo el mapa político de Cataluña una vez que se da por muerto al partido de Pujol.  Aunque Artur Mas siempre podría abandonar la opción de elecciones plebiscitarias y convocar unas elecciones normales anticipadas, pero sabe que los resultados no serán buenos para CiU: el caso Pujol y el fracaso de la consulta pesarán sobre Convergencia.  ¿Y quién convoca unas elecciones para estrellarse por segunda vez?

La respuesta jurídica del Gobierno central a la consulta del 9 N ya se ha producido, ahora queda argumentar más y mejor sobre las consecuencias negativas de la independencia y convencer con algo más que la estricta aplicación de la ley. Es lo que dice Francesc de Carreras en su artículo «Hay que encontrar una salida» (28-9-2014), en el que critica que las principales fuerzas estatales han hecho muy poco en esta línea de argumentación y convencimiento frente al enorme despliegue propagandístico de los independentistas.

El Govern, tras las resoluciones del TC, suspende la campaña institucional por el 9 de noviembre, pero anuncia que el proceso sigue adelante sobre la base de la unidad de los partidos de la consulta y la movilización ciudadana. Esa unidad se resiente por la postura de ERC y CUP de desobedecer al TC. La Asamblea Nacional de Cataluña convoca manifestaciones contra la decisión del Constitucional (30-9-14) y una campaña puerta a puerta por la independencia.

El Gobierno central se reunió el lunes 29-9-14 para impugnar la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta, tras el dictamen del Consejo de Estado de 28-9-2014, favorable a la interposición de los recursos por parte del Gobierno. El Tribunal Constitucional se reunió el mismo lunes 29 por la tarde para admitir los recursos con la consiguiente suspensión de la eficacia de ambas normas al menos por cinco meses -ver dichas normas y nuevos artículos de opinión (de Rubio Llorente y Aurelio Arteta) en Información complementaria-.

Artur Mas adelantó el domingo 28-9 su propósito de que la Generalitat continúe la preparación de la consulta «por si se levanta la suspensión por el TC» con lo que podría incurrir en desobediencia ya que junto a la suspensión del Decreto de convocatoria el TC suspende también todas las actuaciones vinculadas a la preparación de la consulta.  Ver en estos enlaces las dos providencias del TC.  La Asamblea Nacional de Cataluña convoca manifestaciones contra la decisión del TC (30-9-14).

El sábado 27-9-14 el Diario Oficial de la Generalitat ha publicado la Ley de consultas no referendarias. Seguidamente Artur Mas ha firmado el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, incluido como anexo en el Diario del mismo día.  

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de consultas por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, Iniciativa y CUP) frente a 28 en contra (PP y Ciutadans). El PSC votó a favor de la ley aunque considera que no puede apoyarse en ella una consulta sobre la independencia (19-9-2014). El Gobierno español la impugnará ante el TC una ver publicada en el Diario oficial de la Generalitat.

«El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses» (artº 161.2 de la Constitución).

Artur Mas (CDC) ha reiterado que respetará la legalidad y no forzará una votación el 9 de noviembre si el Tribunal Constitucional suspende la ley de consultas, que aprobó el Parlament el viernes 19-9-2014, pero se especula sobre la alternativa de convocar simultáneamente elecciones en Cataluña, dando a las mismas un carácter plebiscitario y sustitutivo de la consulta. Por su parte, Oriol Junqueras (ERC) mantiene la presión sobre Mas exigiendo que celebre la consulta en todo caso, desobedeciendo al TC (ver artículo más abajo sobre el Estado de derecho y las implicaciones de la desobediencia civil), lo que significaría la ruptura unilateral con el Estado y una irresponsable quiebra del Estado de Derecho. Esta discrepancia entre las principales fuerzas soberanistas puede resolverse con la convocatoria en clave plebiscitaria de elecciones anticipadas, en las que los sondeos pronostican la victoria de ERC, lo que radicalizará el enfrentamiento con el Estado, o, alternativamente, con la búsqueda de nuevos apoyos en el Parlament (el PSC ya se ha ofrecido). Esta segunda vía podría reconducir una situación que solo lleva a la inestabilidad, pero parece poco probable por ahora. Artur Mas ha anunciado que no habrá elecciones autonómicas anticipadas, por lo menos no antes de las municipales de mayo de 2015.

Como dice Pérez Royo en el artículo «Conflicto sin solución» (ver abajo), el referéndum no es la vía más adecuada para resolver este tipo de conflictos.

Las dos preguntas de esta consulta tal como están diseñadas han sido también muy criticadas por los analistas porque permitiría entender un resultado favorable a la independencia con el voto positivo a la segunda pregunta de solo un 25 % de los votantes, lo que sería una interpretación escasamente democrática y nada concluyente.

Gabriel Cano en su artículo «Cataluña y Andalucía» refleja cómo Cataluña se ha visto favorecida por el Gobierno central en los dos últimos siglos.

El 18-9-14 se ha celebrado el referéndum en Escocia, un caso bien distinto al de Cataluña como han puesto de manifiesto los propios independentistas escoceses: Reino Unido no tiene una Constitución escrita que proclama como la nuestra la unidad indivisible de España, el acuerdo de incorporación de Escocia al Reino Unido preveía la posibilidad de salir de éste, la consulta se celebra tras un acuerdo con el Gobierno de Londres, Escocia no tiene la autonomía y las competencias que tiene Cataluña, y los partidarios de la independencia buscan principalmente defender su Estado de bienestar frente a las políticas thatcherianas de los conservadores de Londres. El Gobierno de Londres ha planteado a última hora una mayor autonomía para Escocia, opción que descartó al principio del proceso, por lo que se abre un complejo proceso de negociaciones para dotar a Escocia, y también a otros territorios, de un mayor autogobierno.  Con un 10,5 % de diferencia de votos han ganado el referéndum del 18-9-2014 los partidarios de seguir en el Reino Unido (55,3 % dijeron no, frente al 44,7 % de partidarios de la independencia).  Como dice Vidal Folch en su artículo, ha ganado la tercería vía.   Por su parte, José I. Torreblanca en «Preguntar fue el error» (ver más abajo) critica el inmovilismo y la soberbia de Londres, que no escuchó lo que era una demanda de más autogobierno, como uno de los factores que han alimentado la reivindicación de independencia. Los gobernantes competentes tienen que adelantarse a los acontecimientos y no enrocarse en decir simplemente que no a las demandas de la sociedad.  Eduardo Jordá en su artículo «Palabras, palabras» destaca el discurso que pronunció Gordon Brown a favor de mantener la unión.

Europa ha acogido con alivio el resultado del referéndum de Escocia como explica Mario Vargas Llosa en su artículo «Tres hurras por Escocia». Bernardo Atxaga llama a entender los sentimientos de humillación e injusticia que han aglutinado, como un «imán debajo de la mesa», el sentimiento independentista.

El independentismo derrotado de Quebec busca ilusionarse de nuevo con los procesos de Escocia y Cataluña.

ANÁLISIS.- La proposición de ley de CONSULTAS de la Generalitat ultima su tramitación en el Parlamento de Cataluña con la votación del 19-9-2014. Una vez entre en vigor el gobierno catalán convocará la consulta mediante decreto apoyándose en dicha ley. Previamente el Consejo de garantías estatutarias de Cataluña ha dictaminado por 5 votos frente a 4 que la ley de consultas populares «no referendarias» es conforme a la Constitución y el Estatuto de autonomía (artº 122 EAC).

La votación refleja la división que respecto de esta cuestión se da en la sociedad catalana.

Insertamos más abajo la proposición de ley de consultas «no referendarias», en la que se apoyará la Generalitat para convocar la consulta sobre la independencia para el próximo 9 de noviembre, y el Dictamen del Consejo de garantías estatutarias.  También insertamos el criterio del Constitucional expresado en la Sentencia 103/2008 en relación con el Plan Ibarretxe y las consultas no vinculantes.

El TC entendió en esa Sentencia que consultas de este tipo solo pueden hacerse por la vía del referéndum de reforma de la Constitución. Se da la particularidad en el presente caso, a diferencia del vasco, de que el contenido de la consulta del 9 de noviembre de 2014 (las preguntas) no forma parte de la ley de consultas sobre la que se pronunciará el TC.

En todo caso el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para que suspenda la ley de consultas en tanto resuelve sobre su constitucionalidad. La suspensión de la ley privará de sustento al decreto de convocatoria.

Consideran los discrepantes con la mayoría del Consejo de garantías que una consulta sobre la independencia de Cataluña dirigida a conocer la opinión de los ciudadanos sobre tema de tal trascendencia no es de carácter «no referendario» (son las que contempla la ley), sino que es, en realidad, un referéndum consultivo, por lo que no sería constitucional tal consulta, ni la interpretación de la ley que hace la mayoría del Consejo de garantías. La ley de consultas no podría amparar ese tipo de consulta sobre la independencia de Cataluña aunque el resultado no tenga carácter vinculante, pues sus efectos jurídico-políticos son claros en una materia de especial trascendencia (la estructura territorial de España, la soberanía, el orden constitucional) reservada al conjunto del pueblo español en el que reside la soberanía. La propia ley de consultas dice que, a pesar de su carácter no vinculante, en el plazo de 2 meses desde la celebración de la consulta los poderes públicos convocantes habrán de pronunciarse sobre la incidencia del resultado en la actuación pública sometida a votación. Esto supone que la Generalitat, en caso de ganar la consulta, vendría obligada a pronunciarse sobre las consecuencias que derivarían del citado resultado, es decir, presumiblemente, la exigencia al Estado de negociar con la Generalitat los mecanismos para hacer viable el sentir mayoritario de los catalanes expresado en la consulta.

Las preguntas de la consulta -(1) ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?  2) En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?-, serían, por tanto, también inconstitucionales para el mismo sector discrepante, pero el Consejo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la pregunta pues ésta no forma parte del proyecto de ley sometido a su consideración y se trata en estos momentos de una mera declaración de intenciones de las fuerzas políticas que la acordaron en diciembre de 2013. Cuando se dicte el decreto de convocatoria de la consulta también habrá de ser recurrido por el Gobierno español.

Por su parte, la mayoría del Consejo considera que la proposición de ley es conforme a la Constitución y al Estatuto de autonomía pues las consultas no referendarias entran dentro de las competencias de la Generalitat y son expresión del principio democrático de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que la propia Constitución consagra en su artículo 23, y que no hay materias sobre las que los ciudadanos no puedan opinar o ser consultados para que se expresen a través del voto y con carácter no vinculante.

El referéndum en nuestra Constitución (artº 92.1) es el instrumento de democracia directa por el cual se consulta a los ciudadanos (el cuerpo electoral), mediante un procedimiento electoral con todas sus garantías, sobre una decisión política de especial trascendencia o un texto normativo que se somete a su ratificación (reforma constitucional, reformas estatutarias). Es competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares llevadas a cabo por la vía del referéndum (149.1.32ª C.E.), cuyas modalidades se regulan por ley orgánica. La STC 103/2008 contiene la jurisprudencia constitucional sobre el referéndum y de ella derivan los límites de otro tipo de consultas populares no referendarias.

El debate planteado se centra, por tanto, en si la ley catalana de consultas es conforme a la Constitución y si la consulta que la Generalitat pretende convocar para que los ciudadanos se pronuncien sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre es o no «materialmente» un referéndum, invade una competencia exclusiva del Estado (su autorización) y si al plantearse sobre una cuestión que atañe a los fundamentos del orden constitucional ignora la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español y el procedimiento de reforma constitucional reservado a este tipo de cuestiones. Según esta tesis la consulta no puede convocarla la Generalitat sin dicha autorización, y la cuestión objeto de la consulta en cuanto afecta al orden constitucional solo podría plantearse por la vía de referéndum de reforma de la Constitución (artº 168 C.E.).  Así lo recoge la STC 103/2008 insertada más abajo y de la que extraemos estas líneas:

Insertamos el artículo de Francesc de Carreras, «Trampas jurídicas», de 22-8-2014.  El autor considera que la consulta tiene todas las características de un referéndum aunque se le de nominalmente carácter o apariencia «no referendaría».

Según la proposición de «ley de consultas no referendarias y otras formas de participación ciudadana» su objetivo es conocer la opinión de los ciudadanos sobre las materia objeto de las consultas, y su resultado no tendrá carácter vinculante. Podrán votar en las consultas los catalanes mayores de 16 años. La convocatoria de la consulta se hará por decreto.  La norma prevé además de la votación popular otras formas de participación tales como las Encuestas, los Foros de participación y las Audiencias públicas.  Las consultas podrán tener ámbito nacional y local, y el poder público convocante de la misma habrá de pronunciarse en un plazo de 2 meses sobre la actuación pública que corresponde a la vista del resultado. Al no ser llamado a votar el cuerpo electoral la Generalitat entiende que no se trata de un referéndum sino de una consulta no referendaria, y que tiene competencia para convocarla.

Insertamos también el artículo «Nacionalismo y dinero», de Álvarez Junco (4-9-14) en el que profundiza en la relación entre nacionalismo, corporativismo y clientelismo.  El nacionalismo es expresión de la lucha por aumentar su poder de las élites político-culturales, dice el autor.

CONVERSACIONES ENTRE RAJOY Y MAS.-  Después de muchos meses sin hablar Rajoy y Mas se encuentran en la Moncloa el 30-7-14 e inician conversaciones sobre los problemas ordinarios de la relación entre Cataluña y el Estado (financiación, infraestructuras, servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, etc.). Sobre la consulta soberanista las posiciones de ambos siguen inamovibles.  Mas espera alguna propuesta de Rajoy, pero éste exige que antes se abandone la consulta.  «Hablando se entiende la gente», dijo Artur Mas en su rueda de prensa, dejando una puerta abierta a que en esas conversaciones se pueda producir algún acercamiento en el tema de mayor desencuentro. Rajoy quedó en estudiar las peticiones de Mas y contestarle. Por otro lado, varias fuerzas políticas catalanas han pedido una comisión de investigación sobre el caso Pujol y que este comparezca ante el Parlament en septiembre en relación con los fondos situados en paraísos fiscales.

En vísperas de la celebración de la entrevista entre Rajoy y Mas, proyectada para intentar un acercamiento en el tema de Cataluña, Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, cargo que ha ostentado durante 23 años, y cuya familia viene siendo investigada por la Agencia tributaria, confiesa el 25-7-14 que ha mantenido ocultos durante 34 años fondos en paraísos fiscales, que solo ahora ha declarado. Ante sus insuficientes explicaciones sobre el origen y cuantía de los fondos -dice que proceden de una herencia de su padre, de la cual su hermana no tenía noticias- se generalizan las peticiones de cese en el puesto de presidente de honor de CDC y de eliminación de las prerrogativas que mantiene como ex presidente de la Generalitat (sueldo, despacho, coche y chófer), hecho que se ha producido el 29 de julio. Estas revelaciones han originado un verdadero terremoto político, especialmente en Cataluña y en su partido, pero también en toda España pues Pujol ha sido una figura política muy relevante desde antes de la Transición, que ahora se ve seriamente manchada por estos hechos, y más aún por sus hipócritas apelaciones a la ética y por la utilización que ha hecho siempre de Cataluña para defenderse de los ataques que le dirigían (por ejemplo, cuando estalló el caso Banca Catalana, del que salió indemne). El partido y la familia Pujol ya venían siendo salpicados por las irregularidades cometidas por su hijo, Oriol Pujol, que tuvo que dimitir como secretario general de CDC ante su imputación por el caso ITV.  Insertamos más abajo el comentario de Francesc Valls sobre la «Dinastía Pujol», el de Vidal Folch titulado «El muy honorable gran defraudador» y el de Jorge M. Reverte «Intocable».

El juez Ruz ha citado al hijo mayor de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y a su esposa, para que declaren ante la Audiencia Nacional como imputados el 15-9-14 por un presunto delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública en relación con los fondos trasladados a Andorra y otros países en efectivo y otras operaciones de movimiento de divisas. También habría percibido comisiones ilegales de empresas adjudicatarias de contratos con la Administración pública catalana.

A principios de julio de 2014 intelectuales como Vargas Llosa, Savater, Nicolás Sartorius, Luis García Montero y otros, se pronuncian en distintos comunicados sobre la consulta que los nacionalistas catalanes quieren celebrar. Mientras unos instan al Gobierno a defender la legalidad con más energía, otros piden que se abra un espacio para la propuesta de reforma federal del Estado. Ver el «Manifiesto de los libres e iguales» y la «Declaración Una España federal en una Europa federal», en Información complementaria.

Sigue estancada la situación de Cataluña en un momento en el que tanto el gobierno catalán como el gobierno central hablan de un próximo encuentro entre presidentes en la segunda quincena de julio de 2014 sobre el que reina el escepticismo, pues los nacionalistas insisten en celebrar su consulta. Sectores empresariales de Cataluña abogan por la tercería vía que incluiría una reforma federal del Estado y la Constitución, la atribución de competencias exclusivas a Cataluña (lengua, cultura, régimen local) y un pacto fiscal que limitara la solidaridad con el resto de España.

Europa mantiene que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión, pero los soberanistas miran para otro lado ante un argumento que es definitivo para el futuro de su proyecto. Sólo parecen interesados en acumular adhesiones, lo que viene siendo favorecido por su inmovilismo y el del gobierno de Madrid.

ANTECEDENTES: El martes 8 de abril de 2014 ha tenido lugar en el Congreso el debate de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña por la que se solicita que se delegue por parte del Estado central a la Generalitat la competencia para convocar referendos. Con dicha propuesta se pretendía legitimar la consulta por la independencia ya anunciada por Artur Mas para el próximo mes de noviembre.

El Congreso ha rechazado con el 86 % de los votos dicha propuesta, 299 votos en contra frente a 47 síes y una abstención. Rajoy indicó en el debate a Artur Mas (incomprensiblemente ausente en la sesión del Congreso) que utilice la vía de plantear la reforma constitucional y éste le contesta (9-4-14) que haga una propuesta en ese sentido.  Sin embargo, la vía del diálogo está en estos momentos cerrada y Artur Mas y sus aliados optan por una ley catalana de consultas para intentar dar legitimidad a la consulta. Esta ley, previsiblemente, acabará también en el Tribunal Constitucional.  La situación actual del debate soberanista se comenta en el artículo de Ana M. Contreras que insertamos en Información complementaria.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha declarado contraria a la Constitución la Resolución del Parlamento catalán que establece que el pueblo de Cataluña es sujeto político y jurídico soberano; la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte del mismo. En la Sentencia, de 25-3-2014, el TC añade que la aspiración política del «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro político colectivo», no es inconstitucional si su defensa se lleva a cabo con respeto a la legalidad constitucional.

La Constitución permite que se defiendan opciones políticas favorables al derecho a la autodeterminación o incluso la independencia, pero para plasmar estas aspiraciones es preciso previamente reformar la Constitución por las vías que ésta establece.

Ver la Sentencia del TC en Información complementaria. Y también:

– La Sentencia del TS de Canadá sobre el caso de Quebec (en inglés).

– El comentario de la Sentencia de Francesc de Carreras.

– El debate entre partidos convocado por El País y celebrado en la primera semana de abril 2014.

– Y un interesante artículo sobre la evolución del tema soberanista en Quebec (Canadá).

EL CONTEXTO:

Los partidos soberanistas de Cataluña acordaron fecha y preguntas para una consulta a celebrar en noviembre de 2014. El Gobierno Central no permitirá dicha consulta porque la decisión sobre la estructura territorial de España corresponde al conjunto del pueblo español.

Ante ello los nacionalistas se preparan para un adelanto de las elecciones en Cataluña, a las que irán con un planteamiento de independencia al que pretenden darle un carácter plebiscitario o de consulta sobre el futuro político de Cataluña. De esa manera podrán apoyarse en la voluntad de los catalanes para seguir defendiendo la separación.

Ver en la pestaña Documentación artículos sobre la cuestión territorial y el desafío nacionalista. Las últimas inserciones sobre el tema de Cataluña puedes verlas aquí, en Información complementaria..