El relevo en la Jefatura del Estado, en un periodo de crisis y descrédito de las instituciones, debería ser la ocasión para dar un impulso decidido a la regeneración y actualización del sistema institucional. La tarea incumbe principalmente a las fuerzas políticas a las que la sociedad viene demandando otra forma de hacer política. El relevo generacional es condición necesaria, pero no suficiente.
El 19-6-2014 ha tenido lugar la proclamación del nuevo Rey, Felipe VI, que ha jurado ante las Cortes Generales guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, como prevé la Constitución. En su discurso se refirió, entre otros temas, a la unidad y diversidad de España, en la que cabemos todos, a la necesidad de que la ética, el rigor y la seriedad inspiren nuestros comportamientos, a la revitalización de la democracia y las instituciones, a la innovación y el conocimiento como claves del empleo del futuro, a una Monarquía renovada para un tiempo nuevo, institución de la que destacó el rasgo de la independencia como elemento necesario para llevar a cabo su función moderadora, y el de la estabilidad que aporta al sistema institucional. Finalizó su intervención deseando que los españoles se sientan orgullosos de su Rey como él se siente orgulloso de los españoles. Fue un acto sobrio, desligado de elementos religiosos, en el que destacó el Parlamento como sede de la soberanía que reside en el pueblo español. La abdicación del Rey fue efectiva con la publicación de la Ley de abdicación en el BOE, a las 0 horas del día 19. El Senado había aprobado el martes 17-6-2014 la abdicación del Rey Juan Carlos con un 90 % de votos a favor (de un total de 258 presentes, 233 votos fueron a favor, 5 en contra y 20 abstenciones). El Congreso de los Diputados aprobó el miércoles 11-6-2014 el proyecto de Ley Orgánica de abdicación con un 85 % de los votos (299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones). Tras su aprobación se proclama el 19 de junio a Felipe VI como Rey de España en una sesión conjunta de ambas cámaras. Insertamos más abajo el texto del proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación del Rey Juan Carlos I, así como algunos artículos sobre el carácter parlamentario de la Monarquía (Carreras) y su legitimidad (Pérez Royo).
La abdicación del Rey ha sido la ocasión para que determinados sectores, principalmente de izquierda, planteen la cuestión de la forma de Estado pidiendo un referéndum sobre Monarquía o República. El PSOE, que no oculta su convicción republicana, manifiesta su voluntad de mantener los pactos de la Transición por los que la izquierda mayoritaria, PSOE y PCE, principalmente, aceptaron la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, y declara que no existe incompatibilidad entre la socialdemocracia y la Monarquía Constitucional, como se pone de manifiesto en países del norte de Europa. En cambio Izquierda Unida, los partidos nacionalistas CIU, ERC y PNV, la nueva formación PODEMOS y otras formaciones minoritarias, se desvinculan de dichos pactos y plantean que debe abrirse ya un proceso de consulta a los españoles sobre este tema, es decir, un proceso constituyente.
El sondeo de Metroscopia publicado el 7-6-14 revela que el 62 % de los españoles opinan que en algún momento se debería celebrar ese referéndum sobre la forma de Estado, aunque es también mayoritaria la opinión de que no es una cuestión urgente ni es éste el momento adecuado para plantearla .
Las encuestas revelan un porcentaje mayor de votos (49 %) a favor del reinado de Felipe VI que a favor de un presidente de la república (36 %).
Más allá de la necesidad u oportunidad de plantear en esta coyuntura la legitimación de la Monarquía mediante una consulta específica (ver artículos de Javier Pérez Royo, Javier Marías y Santos Juliá sobre este tema en Información complementaria), el nuevo Jefe del Estado tendrá que legitimar el ejercicio de su cargo y consolidar su prestigio y el de la Institución mediante una conducta ejemplar de su familia, su cercanía a los ciudadanos y su sintonía con estos nuevos tiempos, desempeñando de modo eficaz, prudente y equilibrado los cometidos y escasos, pero no poco importantes, poderes que la Constitución le otorga. De lo contrario la Institución será seriamente puesta en cuestión en este país.
– ANTECEDENTES:
El lunes 2 de junio de 2014 el Rey anuncia su propósito de abdicar y pasar el testigo a su sucesor y heredero el Príncipe Felipe. La Constitución establece en su artículo 57.5 que la abdicación “se resolverá por una ley orgánica”, cuyo texto será aprobado próximamente por las Cortes Generales a fin de que la toma de posesión del nuevo Jefe del Estado se produzca en un par de semanas.
En un contexto de crisis institucional generalizada, que ha acabado afectando también a la Corona, la decisión del Rey busca recuperar el prestigio con el que la institución había contado hasta hace poco tiempo y afrontar con nuevas energías los retos del próximo futuro. Entre estos retos el más importante a corto plazo, pues afecta a la estabilidad institucional, es el problema planteado por el nacionalismo catalán, que ha emprendido una vía de ruptura de la unidad del Estado. Otros retos importantes, de los que ya hemos hablado en esta web, son la desafección ciudadana hacia los partidos mayoritarios que han mantenido la gobernabilidad durante la etapa que ahora concluye, la depuración de las instituciones de la lacra de la corrupción y del intervencionismo partidista, la reforma de la Constitución, la recuperación de la economía y el empleo, el avance hacia un nuevo modelo productivo y educativo y la configuración del futuro Estado de bienestar. Estos retos inaplazables requieren de políticos que sepan estar a la altura del momento y fraguar consensos en las cuestiones básicas, como hicieron los políticos que protagonizaron la transición y abrieron la etapa democrática más larga de la historia del país.
El nuevo Jefe del Estado tiene una tarea crucial que le asigna el artículo 56 de la Constitución, cual es la de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, y simbolizar “la unidad y permanencia del Estado”. Una tarea no mucho más fácil que la que tuvo que afrontar el Rey Juan Carlos en 1975, para la que contó con amplios poderes y con la generosidad e inteligencia de unas fuerzas políticas y sociales que supieron dar prioridad al que era el objetivo fundamental: el establecimiento de la democracia en medio de una crisis económica importante. Hoy los objetivos son otros, pero igualmente importantes: la regeneración de las instituciones, la recuperación de la economía y el bienestar y la incorporación a la participación política de nuevas generaciones que ven la transición como algo ya lejano y aspiran a ser los protagonistas de este nuevo tiempo.