El Congreso sobre Jurisdicción universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón ha reunido en Madrid del 21 al 23-5-2014 a jueces, abogados y víctimas que han criticado el paso atrás que ha dado España en esta materia, cuando llegó a ser un referente para todo el mundo.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de marzo de 2014 ha establecido nuevas restricciones a la aplicación de la justicia universal que impiden a los jueces de la Audiencia Nacional continuar con la instrucción de algunas causas. Se ha planteado un conflicto por parte de alguno de sus Juzgados de instrucción basándose en que los Convenios internacionales suscritos por España tendrían rango superior a esta reforma.
Un efecto de la reforma de la justicia universal ha sido la excarcelación de narcotraficantes apresados cerca de las costas españolas aunque en aguas internacionales.
En relación con este tema el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido el lunes 28-4-14 que la jurisdicción de los Tribunales españoles se limita a las aguas territoriales españolas (12 kms.) y no se extiende a las aguas internacionales.
No obstante, el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, continúa con los apresamientos de barcos que transportan toneladas de droga por aguas del Mediterráneo próximas a las costas españolas, en tanto el Ministro de Justicia dice que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia de sus países (Marruecos, Siria, Egipto, …).
Puedes ver la noticia de la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional de 28 de abril en este enlace. También puedes ver el texto de la reforma de la justicia universal más abajo, en Información complementaria.
RESTRICCIONES A LA JUSTICIA UNIVERSAL.-
Razones diplomáticas y económicas han llevado a los dos últimos gobiernos a restringir las posibilidades de perseguir judicialmente en España delitos de genocidio, de lesa humanidad y otros muy graves cometidos en otros países o en aguas internacionales (narcotráfico), con apoyo en los principios de justicia universal.
El genocidio en Tíbet, el caso Couso y otros, tendrán que ser archivados como consecuencia de la proposición de ley presentada por el Gobierno, que se ha tramitado en el Parlamento por la vía más rápida. Algunos sectores jurídicos han criticado la precipitación de esta reforma y piden que se revise para evitar las excarcelaciones que se están produciendo.
Por otro lado, la aplicación global de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y no sólo a los países adheridos, evitaría la impunidad de delitos tan graves como los de genocidio y lesa humanidad, que vienen siendo encubiertos por algunos gobiernos.
Publicamos en Información complementaria la entrevista de El País a un experto de Amnistía Internacional en materia de jurisdicción universal, la Noticia de la proposición de ley presentada en el Parlamento y otras Noticias que tratan de las consecuencias de esta reforma, como la excarcelación de narcotraficantes detenidos en aguas internacionales próximas a las costas españolas.
Una docena de sumarios con fecha de caducidad (recopilación de El País):
«La entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supondrá el inmediato archivo de una docena de sumarios y, según fiscales de la Audiencia Nacional, dificultará su actuación en casos de interceptación de buques con drogas en aguas internacionales, terrorismo internacional y lucha contra la pederastia, entre otros.
En el Juzgado Central de Instrucción 1, de Santiago Pedraz, se archivará el caso Couso y el del genocidio en Guatemala. En el 2, de Ismael Moreno, los del genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. En el 3, de Javier Gómez Bermúdez, el del caso Vielman. En el 4, de Fernando Andreu, los de los crímenes de guerra en Irak y el genocidio de Ruanda. En el 5, de Pablo Ruz, los de las torturas en Guantánamo, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria. Y en el 6 Eloy Velasco dará carpetazo al asesinato de Ignacio Ellacuria y otras siete personas en El Salvador».