El jueves 9-10-14 declara ante la Juez Alaya el Jefe del departamento de Gestión de la Formación Ocupacional de Sevilla, Teodoro Montes, cuya denuncia de las irregularidades que detectó en la tramitación de los cursos de formación dio origen a esta nueva macrocausa.
Junto al caso de los ERE transcurre desde hace varios meses la instrucción del Caso de los fondos para la formación, otra macrocausa en la que se han detectado indiciariamente irregularidades en la aplicación por la Junta de Andalucía y en la justificación por los beneficiarios del uso de fondos concedidos por la Consejería de Empleo para la formación de desempleados. Entre los agentes que han recibido fondos para impartir formación figuran empresas, patronal y sindicatos.
En esta sección (ver los Enlaces insertados -en color- en este texto y la Información complementaria que figura más abajo) seguimos este caso cuya documentación y los fondos públicos empleados superan los del caso de los ERE, lo que va a dar lugar a una instrucción de muchos años difícilmente manejable. Desde el punto de vista jurídico-doctrinal cabe plantearse si una investigación tan general del uso correcto de los fondos de formación durante más de una década es misión de la justicia penal o más bien lo es de los órganos de intervención y auditoría de la Administración, debiendo la justicia actuar ante casos concretos previamente denunciados conforme al principio acusatorio y huyendo del proceso inquisitivo. También cabe plantearse si los órganos de fiscalización y control con que cuenta la Administración han cumplido correctamente su misión.
La Administración autonómica (Consejería de Empleo) ha entregado durante más de una década ayudas cuantiosas para la formación de desempleados a organismos, empresas, patronal y sindicatos. Buena parte de estas ayudas han servido también para sostener a las organizaciones empresariales y sindicales, pero ha habido, presuntamente, desvío de fondos a algunos de sus dirigentes. También ex altos cargos de la Junta habrían obtenido fondos de la formación para su lucro personal, simulando contratos y cursos inexistentes. Todo ello en un marco general de falta de o insuficiente justificación y control de la aplicación de las ayudas concedidas, de utilización de fondos públicos para evitar una conflictividad que siempre tiene un coste electoral (la llamada paz social), de trato diferenciado a trabajadores con capacidad para plantear conflictos frente a una mayoría de trabajadores que no se han beneficiado de las ayudas extraordinarias concedidas para hacer frente a los ERE, a la pérdida del empleo y al cierre de pequeñas y medianas empresas, algo que se ve con normalidad porque se ha llevado a cabo en muchas otras situaciones históricas de crisis empresariales. Todo este contexto de descontrol y mala administración podría explicar una investigación general y exhaustiva como la que plantea el juzgado de instrucción a partir de casos concretos que muestran lo que ha sido un modelo de funcionamiento de la Administración escasamente riguroso en el uso de los fondos públicos y en el cumplimiento de la ley. Un modelo que hay que cambiar radicalmente para que este expolio de fondos públicos no vuelva a producirse. Una de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno andaluz ha sido traspasar las ayudas a la formación a la Consejería de Educación, que está revisando ya los expedientes. Según el Consejero esta tarea, que no había hecho la Consejería de Empleo, les llevará un año.
La juez Alaya, que ha asumido este caso, ha pedido a la Junta la ingente documentación correspondiente a los años 2001-2013 y ha imputado a varios ex altos cargos de la Junta. Otro juzgado sigue el caso de UGT, también relacionado con la formación, por lo que Alaya centrará sus pesquisas en la patronal y en CC.OO, junto a otras muchas empresas que han intervenido en los cursos. Ver la noticia. También ha solicitado los informes de la Intervención desde el año 2002 (23-9-2014).
Los primeros imputados en este caso son el ex consejero de Empleo Antonio Fernández (ya imputado en el caso de los ERE) y el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, que habría obtenido a través de sus empresas ayudas por 33 millones de euros en 2009 y 2010. La juez los imputa por prevaricación y malversación de caudales públicos al haber concedido y obtenido tan cuantiosos fondos sin atenerse al procedimiento establecido.
Ex trabajadores de Delphi critican que los cursos que recibieron no han servido para facilitar su recolocación.