El conflicto de los estibadores

2017 03 20 imagen estibadoresEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una Sentencia el 11 de diciembre de 2014 en la que declaró que España ha incumplido el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la libertad de establecimiento de las empresas, al imponer a las empresas que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general, tanto la obligación de inscribirse en una SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) y participar en su capital, como la obligación de contratar prioritariamente a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad y a un mínimo con carácter permanente.  

La Sentencia fue el resultado del procedimiento de infracción planteado por la Comisión Europea contra España por incumplir las obligaciones que derivan del citado artículo 49 TFUE, por lo que España viene obligada a levantar esas restricciones y liberalizar el régimen legal del sector de las empresas con licencia para prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías, de tal manera que no estén obligadas a integrarse en una SAGEP ni a contratar prioritariamente a los trabajadores de estas Sociedades, pasando a un régimen legal de libertad de contratación en que estas empresas puedan contratar directamente a los trabajadores que precisen o hacerlo a través de ETT o Centros Portuarios de Empleo (figura análoga a la ETT).  

Al haber incumplido España lo dispuesto en esta Sentencia, manteniendo el sistema vigente hasta ahora, se le han impuesto sanciones cuya cuantía irá en aumento en tanto no se modifique el régimen legal de la estiba.

El Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero (BOE de 25-2-2017), venía a dar cumplimiento a dicha Sentencia, pero no ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados al no haber obtenido el Gobierno los apoyos necesarios, por lo que ha sido derogado.  

Con independencia del significado político de esta derrota del Gobierno en el Parlamento (obtuvo 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones), el conflicto tiene un escenario importante en el terreno laboral ya que con la liberalización de la estiba los trabajadores del sector ven amenazados sus puestos y condiciones de trabajo. Tras un periodo transitorio de tres años, las SAGEP quedarían abocadas a su desaparición o a convertirse en empresas de trabajo temporal. Por ello, habían convocado nueve jornadas de huelga a lo largo del mes de marzo (los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24), que iban siendo desconvocadas a medida que el Gobierno retrasaba la sesión de convalidación de la norma para dar más tiempo a la negociación entre las partes, y que han quedado desconvocadas finalmente en su totalidad al haber sido derogado el decreto-ley. La Unión Europea vuelve a recordar que se impondrán las multas si no se hace esta reforma, y las partes implicadas (gobierno, empresas y trabajadores) vuelven a la mesa de negociación el martes 21 de marzo para intentar alcanzar un acuerdo.

Para los trabajadores el punto crucial de esta negociación es la garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, algo que el decreto-ley del Gobierno no aseguraba, más bien al contrario, de su texto puede deducirse que las SAGEP están llamadas a desaparecer como tales tras el periodo transitorio de 3 años que establece, pasando los trabajadores de tener contratos indefinidos a ser contratados por empresas de trabajo temporal o centros portuarios de empleo, una figura similar a la ETT. También podrían ser asumidos por las empresas estibadores si estas aceptan la subrogación en los contratos de trabajo. Una oferta de prejubilaciones a los 50 años y con el 70 % del salario, a cargo de fondos públicos, fue rechazada por los sindicatos de los estibadores. Algunas empresas como Maersk (Algeciras) se han mostrado dispuestas a garantizar el empleo, pero los sindicatos quieren un acuerdo nacional, no local, y que la fórmula que asegure los puestos de trabajo se incluya en el decreto-ley y no solo en un acuerdo colectivo. El Gobierno se ha negado a modificar en este aspecto el Real Decreto-ley porque dice que la Unión Europea considera que obligar “por ley” a las empresas estibadoras a contratar a los trabajadores de las SAGEP por la vía de la subrogación no se ajusta a la Sentencia del TJUE, aunque sí sería posible establecer esta subrogación en un acuerdo colectivo.

Diversos sectores han puesto de manifiesto que los estibadores perciben salarios muy altos (unos 60.000 € al año) en comparación con otros trabajadores que también utilizan grúas en su trabajo, por ejemplo, en la construcción, y que estos mayores costes laborales ligados al monopolio existente, restan competitividad a los puertos españoles y a las empresas estibadoras. También hay un sobredimensionamiento en algunas plantillas que podría resolverse con las prejubilaciones ofertadas por el gobierno.

El sector de la estiba ha sufrido importantes transformaciones en los últimos 30 años (se pasó del Organismo Autónomo Organización de Trabajos Portuarios a las Sociedades estatales de estiba y desestiba, de estas a las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico y, finalmente, a las actuales SAGEP, de participación exclusivamente privada, en un proceso de progresiva liberalización del sector), y en esos cambios siempre se ha contemplado la subrogación de las nuevas entidades que se creaban en los contratos de trabajo de los estibadores cuyas relaciones con las SAGEP son relaciones laborales de carácter especial.

Nos encontramos ante un sector estratégico para la economía española y el comercio exterior, de ahí que sea necesario llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar que la huelga se vuelva a convocar por un nuevo fracaso en la negociación y que la Unión Europea haga efectivas las multas impuestas, que ya ascienden a unos 23 millones de euros y que irán aumentando si no se liberaliza el sector.

En los enlaces que figuran en color puedes ampliar este análisis.

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El 17 de marzo de 2017 se ha celebrado una Jornada sobre la problemática de los estibadores portuarios, un tema de actualidad ante la huelga convocada por los estibadores frente al Real Decreto-ley con el que el gobierno quiere cumplir con los requerimientos de una Sentencia del TJUE de diciembre de 2014 que exige la liberalización del sector. La Jornada, organizada por el IERI, tendrá lugar el próximo 17 de marzo en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

Puedes ver el Programa de la Jornada en Información complementaria, más abajo.