Un segundo informe de la UCO descarta irregularidades en los contratos de Barrabés. La comparecencia de Begoña Gómez fue suspendida la pasada semana porque el juzgado no le había notificado una nueva querella presentada por Hazte Oir. 11-7-24.
La UCO remite un nuevo informe al juez que también descarta irregularidades en seis contratos puestos bajo sospecha por el magistrado Juan Carlos Peinado, que imputó a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los agentes apuntan que las adjudicaciones a una compañía de Juan Carlos Barrabés (Innova Next) se desarrollaron “con normalidad”, y detallan cómo obtuvo la mejor puntuación en los concursos públicos, informa El País. Enlace.
El juez Peinado cede a la Fiscalía europea una parte de la causa que sigue contra Begoña Gómez, la relativa a los contratos de las adjudicaciones a Barrabés por Red.es, pero retiene otra parte de la causa. El representante legal de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le «aclare cuales son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del juzgado», ya que la denuncia contra Gómez versa precisamente sobre esas adjudicaciones. El Ministerio Público con sede en Luxemburgo analiza si el empresario Juan Carlos Barrabés, que fue recomendado por la mujer de Pedro Sánchez desde su puesto en un máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pudo haber cometido un fraude con los 10 millones de euros que recibió de la empresa pública Red.es, que fueron financiados con dinero comunitario.
La Fiscalía europea tiene preferencia sobre la estatal para investigar casos en que pueden estar afectados fondos comunitarios. Después de su investigación envía sus conclusiones a los tribunales del Estado para el enjuiciamiento de los hechos. Leer más.
Al margen de los contratos de Red.es, que suponen un 50% del total, el resto de adjudicaciones provienen de cuatro entidades públicas: el Ayuntamiento de Madrid (2.448.844 euros); el Consejo Superior de Deportes (3.044.890 euros); la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1.559.481 euros) y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora (1.641.009 euros), según informa El Periódico de España. 11-6-2024.
La Fiscalía Europea ordena a la UCO que lleve a cabo registros en la sede de Red.es a la búsqueda de correos y otra documentación sobre las adjudicaciones y para determinar si hay fondos europeos comprometidos, en cuyo caso recabaría la competencia en el caso de Begoña Gómez. El juez de instrucción ha abierto una pieza separada sobre esta actuación de la Fiscalía Europea. Leer más. 6-6-2024.
El juez de instrucción cita a Begoña Gómez para el 5 de julio para declarar como investigada (antes «imputada»), ante lo cual Sánchez ha dirigido una segunda carta a los ciudadanos en la que critica que no se ha seguido la regla no escrita de no adoptar resoluciones que pudieran influir en un proceso electoral: se anuncia que se cita a su esposa a cinco días de las elecciones al parlamento europeo, algo que resulta «extraño», dice Sánchez. Enlace al texto de esta carta, en la que Sánchez reitera que la coalición ultraderechista utiliza y seguirá utilizando la máquina del fango (en la que incluye este procedimiento) para influir en las elecciones y para tumbarle, algo que no van a conseguir; «no me quebrarán», dice. 5-6-2024.
El juez de instrucción dice que ninguna norma impedía citarla en esta semana. Fuentes judiciales consideran las manifestaciones de Sánchez como una injerencia en la independencia judicial y una presión sobre el instructor, que será analizada en una reunión extraordinaria del CGPJ. Enlace. El choque entre el poder ejecutivo y el judicial se mantiene en vísperas de las elecciones europeas por el Caso Begoña.
Fuentes del PP consideran que este tema puede contribuir a desmovilizar al electorado socialista, por lo que insistirán en los próximos días en que Sánchez debe asumir responsabilidades políticas por unas actividades de su esposa de las que tenía conocimiento y por las que aún no ha dado explicaciones en el parlamento.
Algunos de los apoyos parlamentarios de Sánchez consideran que está sobreactuando y que practica el populismo por interés electoral. Enlace. 6-6-24.
Si se confía en la Justicia habría que dejar a los jueces hacer su trabajo, sin interferencias, sin levantar sospechas de lawfare, respetando la presunción de inocencia, y esperar a que termine la instrucción. Pero la realidad de polarización político-mediática en que nos movemos, y el contexto electoral, nos sitúan lejos de ese ideal y es que el caso Begoña se está utilizando políticamente, por unos y, como reacción, por otros. Por unos para deteriorar la imagen del presidente del gobierno a raíz de la actuación de su esposa y de la apertura de este procedimiento, considerado de entrada por estos como corrupción sin esperar a que acabe la instrucción. Por otros para denunciar «una coalición ultraderechista» que enfanga la vida política con bulos y con ello movilizar al propio electorado. En este contexto es exigible al instructor que observe la máxima pulcritud y alejamiento de la contienda política en su labor. Por ejemplo, «podría» haber citado a Begoña Gómez la semana próxima y así haberse alejado de una campaña electoral sin propuestas para Europa, en la que esta instrucción es el único argumento que se está utilizando. Aunque es cierto que ninguna norma impide al juez la citación en estos días. 7-6-2024.
El juez y el fiscal del caso de Begoña Gómez se dirigen reproches mutuos sobre su actuación en el procedimiento. El juez critica las frecuentes e inusuales visitas del fiscal al juzgado para estar al tanto de todo, mientras que el fiscal ha criticado que se ha mantenido indebidamente el secreto de las actuaciones (ya levantado y cuestionado por la Audiencia Provincial), que no se notifican resoluciones que luego ha conocido por la prensa y que el juez de instrucción lleva a cabo una investigación prospectiva (para ver si encuentra indicios de delito que no han existido inicialmente).
Sobre el concepto de «investigación prospectiva» puedes leer más en este enlace. 5-6-2024.
Ignacio escolar escribe «Todo lo que no es normal en la investigación contra Begoña Gómez». Después de referirse a la forma en que el juez Peinado lleva esta instrucción termina diciendo con ironía: «los niños vienen de París, la justicia es ciega y no existe el lawfare en España». Vidal-Folch escribe «Un juez imprudente o algo mucho peor». Dice que «En infinitos casos judiciales cuyos calendarios puedan solaparse con hitos relevantes de la agenda política, la prudencia cívica de los magistrados les aconseja una pausa, un aplazamiento de las citaciones. Al cabo, cualquier medida que ayude a deslindar los ritmos de la política de la dinámica de la judicatura: por mor de evitar la judicialización de la política, pues también a los togados les interpela el principio romano según el cual la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo a carta cabal. De modo que en el mejor de los casos este juez resultaría ser un tipo imprudente». «A cada paso procesal que se acumula, Peinado parece emparentarse más, escrito sea con la respetuosa venia, a los infames magistrados del caso Dreyfus«. El Editorial de El Mundo tacha de victimista la respuesta de Sánchez con su segunda carta y dice que «más allá de la responsabilidad penal que pueda acreditarse, el proceder de Gómez constituye un gravísimo problema de orden político. En cualquier país avanzado, sería inimaginable que las relaciones empresariales de la cónyuge del presidente no acarrearan una exigencia de explicaciones y, en su caso, una depuración de responsabilidades«. Cita nuevos hechos que considera trato de favor de Indra, Telefónica y Google, que crearon gratuitamente una aplicación para el máster de Begoña Gómez, que registró a su nombre. «La Justicia debe hacer su trabajo, pero la responsabilidad política es indudable y atañe al presidente del Gobierno». 5-6-2024.
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación del fiscal contra la apertura de diligencias a Begoña Gómez. Con ello, el juez puede continuar la instrucción circunscrita a determinar si hay indicios de delito en el asunto de las cartas de recomendación o declaraciones de interés a favor del empresario Barrabés. La AP cuestiona que las actuaciones se declararan secretas. 29-5-2024. Leer más.
La UCO no ha encontrado indicios de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez. El juez prosigue la instrucción llamando a declarar a otras personas (el empresario que obtuvo las ayudas y los que resolvieron la adjudicación).
Sería conveniente que la esposa del presidente del gobierno se abstuviera en el futuro de firmar cartas de recomendación en adjudicaciones de contratos públicos para evitar que algunos las aprovechen para intentar deteriorar su figura y, de rebote, la de Pedro Sánchez. Hay razones estéticas, éticas y de imagen para abstenerse, aunque su actuación no mereciera finalmente ningún reproche penal. No obstante, Sánchez ha dicho en una entrevista que no hubo nada incorrecto en la actuación de su esposa, y no ha dado explicaciones de este asunto en el Congreso, pese a que PP y Vox lo sacan constantemente hablando de un caso de corrupción, algo que Sánchez responde hablando de «la máquina del fango». 28-5-24.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto al delito de tráfico de influencias señala: “El tipo penal exige la existencia de una relación personal del sujeto con una autoridad o funcionario público. Pero no es suficiente la existencia de la misma, sino que, además, es necesario que el sujeto actúe prevaliéndose de ella y que, de esa forma, influya en quien debe resolver. Precisamente, porque el tipo exige que esa influencia vaya orientada a conseguir una resolución, y no cualquier otra clase de comportamiento”, añade el tribunal. Y vuelve a recordar: “La influencia ha sido entendida por la jurisprudencia como una presión moral eficiente sobre la voluntad del que debe resolver, con capacidad para alterar el proceso de motivación introduciendo en él elementos distintos del interés público al que debe atender”.
Ninguna de estas exigencias aparecen en los hechos investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cuyo informe tiene ya en su mesa el juez que admitió la querella presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez. El instructor tomó declaración hace varios días a dos periodistas de los medios que han sugerido a través de sus informaciones que Gómez ha podido cometer tráfico de influencias. En las preguntas y en las respuestas, según fuentes conocedoras del interrogatorio, no aparecieron indicios del tráfico de influencias que se buscaba, informa El País. 20-5-2024. Enlace.
El Independiente informa de que «El Gobierno ha dado 15 millones de euros a Global Social Impact Fund (GSIF), un fondo cuya matriz colaboró en el primer congreso del máster que codirige la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros de este pasado martes (4 de junio), el mismo día que la mujer de Pedro Sánchez fue citada formalmente a declarar como investigada ante un juzgado de Madrid. 6-6-2024. Leer más.