Reforma de la sedición y la malversación

Entra en vigor la reforma de los delitos de sedición y malversación. El Supremo estudia la revisión de la Sentencia del procés. Tiene que dilucidar si los hechos encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, como defiende la Fiscalía, o bien encajan en el de desobediencia, además de en el de malversación, como ha dicho el juez Llarena. La solución en febrero. Leer más. 23-1-2023.

El Fiscal General del Estado coincide con el juez Llarena en que debe aplicarse la malversación agravada en los casos más graves que afectan al procés y ha dado instrucciones a los fiscales en este sentido. 25-1-23.

El juez Llarena dicta un Auto en el que mantiene el procesamiento de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, ahora por desobediencia y malversación, a la vez que critica la derogación de la sedición, que fue la calificación de los hechos realizada por el Supremo y que fundamentó las euroórdenes junto con la malversación.

A Marta Rovira y Clara Ponsatí las imputa ahora solo por desobediencia, que no conlleva pena de prisión.

Esperará a las resoluciones del tribunal europeo (TGUE) sobre la inmunidad parlamentaria de los procesados (eurodiputados) y sobre la cuestión prejudicial que planteó en su día ante la negativa a la extradición del tribunal belga, para activar de nuevo, si procede, una orden de detención y entrega (euroorden). Las anteriores euroórdenes las ha dejado sin efecto, pero mantiene la orden de búsqueda y captura en el territorio nacional.

Considera Llarena que los hechos no son subsumibles en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con el que el gobierno pretendía sustituir a la sedición. Y que no ha disminuido la gravedad de la malversación. “Es inviable entender que el patrimonio público se aplicó en este caso a una finalidad pública diferente de aquella a la que estaba destinado, pues no se trata de un supuesto en el que se produjera un trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas, sino de la aplicación de los fondos públicos a sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito, por más que el sujeto activo tenga una actividad profesional pública, dice Llarena. Enlace a la noticia. 12-1-2023.

La interpretación de la reforma del código penal para los delitos de desórdenes públicos agravados y de malversación va de forma evidente en dirección contraria a lo pretendido por el Gobierno. Dice El País en su editorial del 14-1-23 que «El juez Llarena ha encontrado la vía para eludir el objetivo que buscaba la reforma (reducir las penas aplicables). El exceso de confianza y la precipitación del Gobierno al promoverla puede ponerlo ante efectos indeseados. Cataluña camina de forma indudable hacia su normalización, y es un objetivo de primer orden para España. Pero parece claro que la intención del Gobierno de pasar página no culmina con la aprobación del nuevo Código».

Resumen del Auto de Llarena.

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