La XIVª legislatura: julio de 2022 a 2023

Núñez Feijóo, al que las encuestas dan una cierta ventaja sobre el PSOE en las generales, presenta con solemnidad en Cádiz una propuesta para que gobierne la lista más votada (de momento en los Ayuntamientos, en los que se reduciría el papel del Pleno), así como otras medidas para «superar la actual crisis institucional», dentro de un documento titulado Plan de Calidad Institucional, en el que figuran propuestas para garantizar la independencia del Tribunal Constitucional, para que los jueces elijan a los miembros del CGPJ y para que el Consejo de Estado tenga un mayor papel en la tramitación legislativa. Algunos dirigentes regionales del PP, que gobiernan en coalición o con el apoyo de Vox, se muestran contrarios (Ayuso ha dicho que «si los “bloques” suman, no le “parece mal” que gobiernen»), y ningún otro partido la ha apoyado. Por ello, no tiene visos de prosperar, pero cubriría a Feijóo de las críticas que recibiría en Europa y aquí si gobierna con Vox y la medida se aplicara a escala nacional. También le daría acceso al gobierno aunque no sumara mayoría absoluta con Vox, en caso de quedar el primero en las generales. Otra justificación que ha presentado es que los partidos mayoritarios puedan gobernar sin tener que pactar con partidos que están en los extremos del espectro político, que son contrarios a la Constitución y que condicionan las políticas del gobierno y la gobernabilidad. 24-1-23.

Enfrentamiento entre Mañueco (presidente de Castilla y León, del PP) y García-Gallardo (vicepresidente, de Vox) por el protocolo presentado por este para obligar a los médicos a que ofrezcan a las embarazadas que quieran abortar oír los latidos del feto y ver su imagen en 4D. La dirección nacional del PP desautorizó la iniciativa y el gobierno central requirió al regional para que la retirase. Los médicos dicen que estas pruebas solo están indicadas por razones de salud. Los dos políticos se llamaron «liante» y «cobarde», mutuamente, según eldiario.es, porque el PP no ha mantenido un acuerdo alcanzado por los dos partidos, según Vox, que perjudica la estrategia de Feijóo de cara a las elecciones de acercarse al electorado de centro. 25-1-23.

José Carrillo, exrector de la Complutense, dice que la concesión del reconocimiento de «alumna ilustre» a Ayuso perjudica la imagen de independencia del poder político que debe tener la Universidad, a la vez que enumera las políticas de la presidenta que hacen que no sea merecedora de este reconocimiento. La presidenta recibió abucheos durante el acto. Leer más. 25-1-23.

Ernesto Ekaiser urge en una carta abierta dirigida al TC que resuelva el caso del diputado Alberto Rodríguez, pendiente en el Constitucional desde hace algo más de un año. «Este diputado y los 64.000 electores de las islas Canarias que lo eligieron han sido privados del escaño en el Congreso de los Diputados el 22 de octubre de 2021 por toda la legislatura cuando debió ser suspendido por la pena accesoria de 45 días de inhabilitación y multa. Esa decisión fue adoptada por la presidenta del parlamento, Meritxell Batet. Y sin motivar», dice. 24-1-2023.

Diversas asociaciones convocan una concentración en Madrid, en la Plaza de Cibeles, para el sábado 21-1-2023, con el lema “Por España, la democracia y la Constitución”, en rechazo a las medidas tomadas por el Gobierno, como el indulto a los presos del procés, la reforma del Código Penal en materia de sedición y malversación, así como sus pactos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Bildu y lo que califican como “colonización partidista de las instituciones”, en referencia a la reciente renovación del Tribunal Constitucional. 20-1-23.

255 personalidades, entre las que se encuentran exministros y exdirigentes socialistas y populares, han firmado un manifiesto contra el Gobierno en el que critican las recientes reformas que ha llevado a cabo del Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Enlace al texto del manifiesto. Dicen que la coalición gubernamental «ha quebrado el proyecto histórico del PSOE», comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978″, rompiendo el sistema de contrapesos irrenunciables y la separación de poderes que garantizan la autenticidad democrática de nuestra Carta Magna». Y que los partidos que apoyan al gobierno defienden propuestas que de prosperar acabarían destruyendo la nación política española. El documento critica las recientes iniciativas del gobierno para reformar la ley orgánica del CGPJ y del TC, en el origen de la crisis institucional vivida hace unas semanas, además de favorecer la impunidad de los responsables de los hechos sediciosos de 2017 en Cataluña. Y llaman a detener la intencionada inercia destructiva de la Constitución que protagonizan el gobierno y sus aliados. Entre los firmantes están exministros socialistas y populares, como César Antonio Molina, José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero o Rafael Arias Salgado, escritores como Fernando Savater, Félix de Azúa o Andrés Trapiello, periodistas, como Juan Luis Cebrián, y juristas como Clemente Auger, Manuel Aragón o Elisa de la Nuez, además de empresarios y trabajadores. «Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo», añade el manifiesto. «Los hechos ocurridos en 2017 no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional. Dicen que pactar la redacción del decreto con los delincuentes carece de homologación en Europa», que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y que «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea, añaden. 23-1-23.

El gobierno presenta un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis sobre las personas más vulnerables y el Consejo General del Poder Judicial elige a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, después de varios meses de dilaciones y en medio de una grave crisis institucional como consecuencia de la no renovación del CGPJ (después de más de cuatro años con el mandato caducado), de la injerencia sin precedentes del Tribunal Constitucional en la actividad del parlamento y del intento de cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el sistema de elección de los magistrados del TC por una vía inadecuada (como enmiendas en la reforma del Código Penal que impulsan Psoe y U.P.).

El TC, en el auto dictado, sustenta su veto a la tramitación de estas enmiendas en que el poder legislativo no puede escapar al control constitucional, porque permitirlo supondría “admitir una zona inmune al control de constitucionalidad” y una dejación de responsabilidad por parte de los magistrados. La resolución sostiene que “el respeto escrupuloso de las normas que rigen los procedimientos, incluido por supuesto el legislativo” es “inexcusable”, y que al Constitucional le corresponde hacer esta tarea». La magistrada Balaguer en su voto discrepante argumenta que se ha producido una “instrumentalización del amparo parlamentario como mecanismo de control preventivo de la constitucionalidad del procedimiento legislativo” e «impidiendo que el órgano legislativo desempeñe sus competencias, constitucionalmente atribuidas”. A su juicio el TC ha ejercido una competencia de la que carece. Su conclusión es que “un control previo de constitucionalidad de las normas, de objeto abierto, no solo no está previsto en nuestro sistema constitucional, sino que ha sido expresamente excluido del mismo por el legislador”. Por tanto, “lo que hace la mayoría del Pleno, al admitir a trámite el presente recurso de amparo es actuar como legislador de facto, admitiendo que el control previo de las causas de inconstitucionalidad formal de las normas es posible”. «El control de la regularidad del procedimiento legislativo se ha venido articulando, hasta este momento, y como regla general, a través del control de constitucionalidad de las normas finalmente resultantes». 28-12-2022.

Virgilio Zapatero apoya la intervención del TC porque la mayoría ha vulnerado la ley e ignorado en el parlamento los derechos de las minorías, y porque la decisión del TC no es irreversible (es posible tramitar de nuevo las enmiendas suspendidas), es decir, no se produce daño para la mayoría. Ver su artículo ¿Es monstruoso no dejar a la Asamblea hacer lo que quiera?  Podría objetarse a V. Zapatero que también el PP podría haber presentado su recurso de amparo inmediatamente después de que el Senado aprobase las enmiendas. De esta manera no se interrumpiría la actividad del parlamento y las minorías podrían luego ver amparados sus derechos vulnerados al conseguir unas medidas cautelarísimas que suspendieran el curso posterior de la norma aprobada, sin perjuicio de su posterior anulación21-12-22.  

El TC acepta las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso de amparo por el PP (sin audiencia a la otra parte) y paraliza la tramitación en el Senado de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se había incluido a última hora y de forma discutible en la proposición de ley de reforma del Código Penal (reforma de la sedición y la malversación, que seguirá su trámite). Al mismo tiempo rechaza las recusaciones de dos magistrados con el mandato cumplido, que se habían planteado por tener interés directo en el asunto, que afecta a su cese o continuidad prorrogada. Es la primera vez que el TC frena la tramitación en curso de una ley en el parlamento español. Ahora la reforma de la LOPJ deberá tramitarse como proyecto de ley, con los plazos e informes requeridos por la reforma de una Ley Orgánica de esta importancia. Este lamentable enfrentamiento entre instituciones es una consecuencia indeseable de la negativa inconstitucional del PP a acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (pendiente desde hace más de 4 años) y de la negativa del sector conservador de este órgano a elegir en plazo a los dos magistrados del TC que le corresponden, a fin de renovar también esta institución. De todo ello resulta una imagen de politización de la Justicia nada edificante, que desacredita nuestra democracia. 20-12-2022. Enlace a la noticia.

El Fiscal del Constitucional apoya la recusación de González-Trevijano, presidente del tribunal, y Narváez, por “La incuestionable vinculación directa de los citados miembros del pleno con el objetivo de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo» . Se refiere a que la reforma legal del Gobierno, si prosperase, implicaría la sustitución automática de esos dos magistrados por los designados por el Consejo, lo que, según el ministerio fiscal, hace que ellos tengan un interés personal en el asunto a debatir. 21-12-2022.

Zarzalejos escribe el artículo «El PSOE (de Sánchez), la decisión del TC y el conspiracionismo perdedor», en el que dice: «Todos deberían reconsiderar sus comportamientos y decisiones: el PP, por su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial; el Ejecutivo, por las medidas que ha impulsado en el Congreso, en particular la reforma penal ad hominen de los dirigentes condenados por el Supremo por los hechos de 2017 en Cataluña para librarlos de las sanciones por sus delitos, y el Congreso, por admitir enmiendas de adición para modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional a través de una ley (el Código Penal) sin conexión material ni con el uno ni con el otro, restringiendo, además, el derecho de participación de los diputados discrepantes. Y el Consejo General del Poder Judicial está hoy en la inesquivable obligación de nombrar en las próximas horas a sus dos magistrados para que el Constitucional, de forma inmediata, se renueve a tercios (de cuatro en cuatro) como ordena la Constitución (artículo 159)». Critica como «conspiracionismo perdedor» las acusaciones de Pedro Sánchez de que en España se está produciendo un complot, es decir, una conspiración, contra la democracia, en el que participarían los partidos de la oposición, la derecha mediática y la derecha judicial, y clamar por que se estaría atropellando la democracia. Y añade: «Se están creando las condiciones políticas, jurídicas y sociales para una profunda mutación constitucional que inicie o continúe lo que es un proceso destituyente. El impulso a las teorías conspirativas por parte del Gobierno y el PSOE de Sánchez formaría parte de un guion letal para la vigencia real de la Constitución de 1978. Pese a la aparente displicencia social hacia lo que está ocurriendo, lo cierto es que la situación es, en términos políticos, dramática, porque establece las condiciones idóneas para que los peores extremismos encuentren un hábitat crecientemente favorable para imponer su narrativa deslegitimadora de la democracia española». 20-12-22.

Ver el artículo de Ana Carmona, ¿Quo vadis Tribunal Constitucional?, 20-12-22.

Joaquim Bosch escribe «El Tribunal Constitucional y los riesgos de retroceso democrático». Dice que «las revisiones de la justicia constitucional se deben realizar con posterioridad» a la aprobación de las leyes, no durante su tramitación en el parlamento. Y que lo sucedido confirma lo que han señalado las instituciones europeas: «Hemos diseñado unos espacios de contrapeso muy vinculados a las principales fuerzas políticas»… «con efectos muy lesivos sobre la apariencia de imparcialidad y sobre el rigor de sus propias funciones constitucionales de vigilancia. Cualquier debate que no afronte esta anomalía será poco productivo». 20-12-22.

Diario de Sevilla publica una guía para entender esta crisis institucional. 20-12-22.

Presno Linera escribe el artículo «El Constitucional en la maraña de la política». 20-12-22.

El PP provoca un inédito enfrentamiento entre instituciones al recurrir al Constitucional para paralizar la sesión del Congreso del jueves 15-12-22, que tiene que debatir la reforma de la sedición y la malversación, además de otras propuestas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional cambiando la mayoría necesaria para elegirlos en el CGPJ (de 2/3 a mayoría simple) y eliminando la validación de los candidatos por el propio TC. El TC ha aplazado al lunes 19 su deliberación para dar tiempo a los magistrados a estudiar el recurso del PP y los escritos presentados por otros grupos, recusaciones de dos magistrados incluidas.

El recurso de amparo presentado por el PP es consecuencia de la aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso de dos enmiendas, una para eliminar la función de verificación por parte del pleno del TC del “cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional”, y la otra para rebajar la mayoría prevista para que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponde proponer. Dichas enmiendas no cumplirían el requisito, exigido por la jurisprudencia constitucional (STC 119/2011), de guardar un mínimo de conexión con la proposición de ley orgánica a la que se incorporaron: la de transposición de directivas para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de varios delitos. 

En la tensa sesión del Congreso se acusa al PP y Vox de intentar impedir la actividad del parlamento «mediante las togas», asimilando indebidamente la situación al golpe del 23F en que se intentó «con los tricornios». Por su parte, el PP acusa a Psoe y U.P. de apartarse del criterio del TC de que no puede incluirse una reforma de la LOPJ en una proposición de ley de reforma del Código Penal, y de violar los derechos de los diputados a participar en el debate contando con los informes previos que son preceptivos para los proyectos de ley. 

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, ve prioritario preservar «el interés constitucionalmente protegido» de la autonomía parlamentaria. La profesora de la Universitat Internacional de Catalunya, Monserrat Nebrera, y el exmagistrado del TC Eugeni Gay, también rechazan que el TC intervenga antes de que las leyes hayan sido aprobadas. 

El Congreso ha aprobado por mayoría la reforma, finalmente, sin interferencias del TC en el proceso legislativo, una pretensión del PP que muchos han considerado insólita. Enlace a la información sobre el desarrollo de la sesión, en la que ha habido una vez una gran broncaAhora irá al Senado.

El Senado paraliza la tramitación de la proposición de ley acatando la resolución del TC. 20-12-22.

Vidal-Folch escribe «Asedio al parlamento». Dice que «Una decisión del Tribunal Constitucional que suspendiese un proceso legislativo con carácter previo (ex ante) a su culminación tendría un efecto político directo. Y demoledor: la esterilización total del Parlamento en su función principal, la elaboración de leyes. Sería el final de la separación de poderes, de la soberanía popular y de la democracia participativa». «Y ello porque, al sentarse precedente jurisprudencial, todas las nuevas leyes quedarían al albur de cualquier recurso previo de inconstitucionalidad (antes de aprobarse y aplicarse), que podría paralizarlas. La soberanía popular quedaría saboteada». 16-12-22.

La reforma legal impulsada por el Gobierno es una modificación exprés del Código Penal (para derogar el delito de sedición y rebajar las penas del de malversación) en el que, además, se han incluido dos enmiendas que facilitan la renovación del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace seis meses por el bloqueo impuesto por los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial. Esas dos enmiendas no tienen nada que ver con el asunto de la proposición de ley (la reforma del Código Penal), algo que la jurisprudencia del Constitucional prohíbe, y por eso el PP y Vox habían pedido que el tribunal paralizase la tramitación con una medida cautelarísima, alegando que lesionaba los derechos de los diputados. Pero el TC tiene que pronunciarse sobre leyes ya aprobadas, no en proceso de elaboración.

Pérez Royo dice que «Recurrir al Tribunal Constitucional para interrumpir el ejercicio de la “potestad legislativa” por las Cortes Generales no había ocurrido nunca. Ni en España ni en ningún otro país democráticamente constituido, que cuente con un Tribunal Constitucional en su fórmula de gobierno». 

Y añade: "El Tribunal Constitucional no interpreta propiamente la Constitución, sino que interpreta la interpretación que de la Constitución han hecho las Cortes. Mientras no hay interpretación mediante ley por las Cortes, el Tribunal Constitucional no puede intervenir.
Esto no se ha discutido jamás. De ahí que resulte inconcebible que el presidente del Constitucional haya convocado un Pleno para pronunciarse sobre un incidente en el desarrollo del proceso legislativo. 

No nos encontramos ante un caso de “control previo de constitucionalidad”, que exige que el texto de la norma sometida a control previo haya sido aprobado y esté pendiente exclusivamente de la sanción y promulgación por parte del Jefe del Estado. 

En este caso no hay todavía norma susceptible de ser sometida a control por parte del Tribunal Constitucional. No hay expresión de la voluntad de las Cortes Generales susceptible de ser impugnada.
Dicho en pocas palabras: falta el presupuesto constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda intervenir". Ver su artículo. 15-12-2022.

ERC presenta una propuesta de reforma de la malversación y el gobierno accede a reformar este delito, pero con cambios. La enmienda del grupo socialista rebaja las penas de la malversación cuando hay desvío de fondos públicos para otros fines, pero no lucro personal o apropiación particular, y propone un nuevo tipo (enriquecimiento ilícito) para los casos de servidores públicos que obtienen un incremento patrimonial importante no justificado. 

Barones socialistas como Lambán y García Page discrepan de la rebaja de penas de la malversación. Consideran que habría que rearmar al Estado aumentando las penas cuando la malversación se produce para financiar un proceso de secesión como el de 2017, y no rebajarlas. 14-12-22. 

Daniel Gascón escribe el artículo: «Una ley para la casta». Dice que «Gastar dinero público para realizar actos contra el Estado o para perpetuarse en el poder es corrupción. Se trata de una corrupción más lesiva que la que busca el lucro personal, porque pervierte las reglas democráticas. El golpe posmoderno de 2017 fue ante todo un ataque a la democracia, revestido coquetamente del léxico y el imaginario de la reivindicación democrática. Las tramas clientelares y la financiación ilegal de los partidos políticos contaminan la libertad de elección y degradan todo el proceso». «La forma de la modificación de la malversación es tan discutible como el fondo. La ley debe ser impersonal y aquí pretende favorecer a unas personas concretas: ese derecho penal de autor es otra forma de corrupción». «La rebaja protegería a un grupo privilegiado, que constituyen los únicos que pueden malversar: es, por decirlo con palabras de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, una ley para la casta, y lo que entretiene a sus impulsores es cómo evitar que beneficie a la variante equivocada de la casta».  8-12-2022.

La reforma exprés del Código Penal por la vía de la proposición de ley, eludiendo los informes preceptivos cuando se hace como proyecto de ley, está recibiendo muchas críticas por la precipitación, por la vía elegida y por responder a las demandas de ERC para favorecer a los cargos públicos que participaron en la desviación de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o para financiar la acción exterior de difusión del procés. Por parte de la oposición se critica que Sánchez está debilitando al Estado frente al independentismo, que ha reiterado que lo volverá a hacer. El gobierno argumenta que no queda despenalizado el desvío de fondos para el procés, solo se reducen las penas. Y que busca sacar a Cataluña de la confrontación en que se encontraba en 2017, una situación que ha mejorado con este gobierno. Unidas Podemos se desmarca del acuerdo, pero votará a favor. 12-12-2022.

Ana Carmona escribe «El arte de legislar. Cuando el fin no justifica los medios». Dice que las reformas del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial habría sido conveniente tramitarlas por la vía del proyecto de ley para contar con los informes preceptivos previos de los órganos constitucionales previstos, y no como proposición de ley que elude dichos informes, engloba reformas de normas de distinta naturaleza y se tramita por vía de urgencia impidiendo el necesario debate sobre estos cambios.

Añade: «no ha sido el Ejecutivo el que ha impulsado el procedimiento mediante un proyecto de ley dirigido al Congreso. Por el contrario, este se ha activado gracias a una proposición de ley que, haciendo uso de la facultad atribuida por la Constitución, han presentado los dos grupos parlamentarios que integran la coalición de gobierno. Recurrir a esta vía genera importantes consecuencias con respecto al proceso de gestación normativa, fundamentalmente porque su utilización obvia toda la serie de actuaciones preliminares que necesariamente acompañan a dicho proceso cuando este parte de la esfera gubernamental. Se trata de trámites previstos legalmente, con una naturaleza y alcance diversos, pero cuya finalidad común es lograr una mejor regulación». «Así pues, cuando las fuerzas políticas mayoritarias optan por presentar una proposición de ley en materias tan sensibles como las abordadas en este caso, resulta necesario ofrecer las correspondientes justificaciones. Con ello, se hubiera contribuido a disipar las dudas que provoca su uso, neutralizando la percepción de que estamos ante una vía elegida para eludir los canales participativos que, con carácter preceptivo, se activan en la fase que precede a la aprobación de los proyectos de ley por el Ejecutivo».

Francesc Marc Àlvaro dice en La Vanguardia que Sánchez, con su política de sacar el conflicto de los tribunales, piensa en el voto catalán, que considera decisivo, en las próximas elecciones. «Hi ha uns partits que prenen decisions per tornar al terreny de la política el que mai havia d’haver arribat als tribunals. Socialistes, Podem i ERC se la juguen. Sánchez pensa que la resposta del votant de Catalunya –que el PP dona per perduda– amaga la clau principal de les pròximes eleccions generals».

Así podría quedar la malversación:

“La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare”.

Aprobados los Presupuestos del Estado, que dan cierta estabilidad al gobierno de coalición, el Congreso refleja una gran tensión entre grupos parlamentarios que cabría atribuir a un inicio adelantado de campaña electoral (algunos partidos quieren ocupar pantalla aunque sea vociferando e insultando), a las críticas suscitadas por algunos proyectos y actuaciones polémicas del gobierno como la reforma de la sedición, las consecuencias de la ley del solo sí es sí, o los hechos de la valla de Melilla, y a la inconclusa renovación del CGPJ y del TC. Carlos E. Cué comenta el momento («ambiente de vértigo en el cierre del año») en su artículo «Final de año de alto riesgo»4-12-2022.

El Tribunal Supremo resuelve el recurso del caso Arandina (la agresión sexual de varios futbolistas a una menor de 15 años) aplicando la nueva norma del sí es sí, más favorable para los condenados que la antigua, aunque sienta el criterio de que se analice su aplicación caso a caso, y no de forma automática. Al mismo tiempo estima el recurso y aumenta las penas que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al considerar que hubo agresión y no abuso.

Tras esta resolución es necesario modificar la ley para evitar la rebaja de penas que se está produciendo. 30-11-2022.

Abdelaaziz Yaakoub, apodado Anwar, salió de Sudán, pasó por Libia y Argelia, e intentó atravesar a Melilla por la valla. Es el joven que al parecer falleció en territorio español. Esta es su historia. 5-12-22.

El ministro del Interior mantiene la tesis de que no hubo ningún muerto en territorio español, en el asalto por la fuerza a la valla de Melilla, pese a que un informe publicado por El País revela que, al menos, hubo uno. Los hechos de junio (avalancha de más de un millar de inmigrantes asaltando la valla de Melilla) revelan la insuficiencia de efectivos de la Guardia Civil ante un asalto tan masivo, la deficiente actuación de la policía marroquí, que no evitó que accedieran a la valla desde los montes cercanos, la posterior desproporción de su respuesta  lanzando gases lacrimógenos sobre gente que se amontonaba en la barrera (en una zona sin salida) y que no podía respirar, el apaleamiento posterior a personas tiradas en el suelo y agotadas, decenas de ellas aplastadas por la avalancha tras la rotura de la valla, y la ausencia de asistencia inmediata a los heridos. La Fiscalía investiga ya los hechos y las responsabilidades que pudiera haber (al menos hubo 23 muertos), pero se hace necesaria una revisión de los procedimientos y los medios de contención, especialmente del lado marroquí, pero también del lado español, para que no vuelva a ocurrir algo así. La U.E. tiene que exigir a Marruecos que respete los derechos humanos en situaciones tan complicadas, evitando el uso desproporcionado de la fuerza, y a España que sea más diligente en prestar asistencia a los heridos. Y al ministro que no se siga enrocando en una versión cuestionable de los hechos. La BBC también ha discrepado de la versión del ministerio.

Algunos grupos parlamentarios piden su cese por no decir la verdad al parlamento. 2-12-22.

Felipe González dice que la ley del solo sí es sí está mal hecha y que hay que modificarla inmediatamente, en lugar de criticar como machistas a los jueces. Añade que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituye al de sedición no tipifica los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña en que se buscó derogar la Constitución y declarar la independencia. Enlace. 2-12-2022.

La aplicación de la «ley del solo sí es sí» ha producido un efecto no deseado: la reducción de penas a condenados por agresión sexual, al prever esta norma en algunos casos penas inferiores a las anteriormente existentes. Ante el revuelo originado, con críticas al gobierno por no haber previsto en la norma este efecto, el gobierno confía en que el Tribunal Supremo establezca un criterio que lo minimice y que pueda aplicarse a las reducciones de pena que ya se están produciendo, ya que el cambio de la ley solo tendría efectos para los delitos que se cometieran a partir de dicho cambio, y no para los delitos anteriores. La reducción de penas está produciendo un gran malestar en las víctimas de agresiones sexuales y estupor en la ciudadanía informada por el fallo cometido. Se ha responsabilizado del mismo a la ministra de Igualdad; esta, a su vez, ha criticado a los jueces que han rebajado las penas por hacer una interpretación machista de la norma, y el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces han pedido la dimisión de la ministra por ello. En todo caso, el fallo pone de manifiesto la descoordinación que existe en el seno del gobierno de coalición (el ministerio de Justicia revisó la ley, elaborada por el de Igualdad), y también las discrepancias que hay entre Unidas Podemos y el proyecto Sumar, de Yolanda Díaz, tras el duro ataque de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz por no apoyar incondicionalmente a Montero. Todo ello ha oscurecido la importancia de la ley, que pretende clarificar el tema del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual y ofrecer una mayor protección a las mujeres. Más detalles de las vías de salida de esta polémica en este enlace. 19-11-22.

Najat El Hachmi escribe el artículo «Esto tampoco va a pasar» (18-11-22), en el que dice: Lo advirtieron el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación de Mujeres Juristas y las feministas de reconocido prestigio: la ley del solo sí es sí traería rebajas de penas a los delincuentes sexuales. Pero el Ministerio de Igualdad viene desoyendo insistentemente estas críticas considerándolas ataques personales. Tres años después de la mayor movilización por la igualdad de la historia de España, de manifestaciones multitudinarias, de una ola irrefrenable de toma de conciencia provocada por el actual panorama de reacción misógina, resulta que el gol es en propia puerta y nos lo ha metido la persona que ostenta el cargo más importante en materia de feminismo en este país. No va a haber ni una sola rebaja de pena, decía Irene Montero como respuesta a las voces discrepantes que no atendió. Menos mal que nosotras, las mujeres, íbamos a ejercer el poder de una forma distinta, más empática, con escucha activa y menos arrogancia. Cuando se demuestra el error, el problema es de los jueces, que son todos unos machistas.

Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos se han puesto de manifiesto también en torno a la petición de una comisión de investigación por el asalto a la verja de Melilla, que terminó con al menos 23 muertos. 

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, hizo una dura nota contra Irene Montero: “Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia [de revisión de las penas] no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema”, decía el comunicado.

Los partidos que sostienen al gobierno no presentan enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, pero dicen que su voto final depende de las negociaciones que ahora se lleven a cabo. ERC presiona para que se reforme el delito de sedición y el gobierno ofrece rebajar las penas al nivel que hay en otros países europeos, pero sin abordar ahora la tipificación de la sedición. 24-10-22.

Jordi Amat escribe el artículo «La coartada de la sedición», en el que dice que es necesaria la reforma de este delito o la rebaja de sus penas porque la actual tipificación del delito y la duración de sus penas no son las más adecuadas. Plantear que esta reforma debilita la defensa del Estado frente a desafíos como los de octubre de 2017, dice Amat, no tiene sentido porque hoy la unidad nacional no está amenazada y aplazar los problemas no los resuelve.

Pedro Sánchez en el debate del estado de la Nación anuncia nuevos gravámenes a bancos y compañías energéticas, que se están beneficiando de las subidas de tipos de interés y del alza de los precios de la energía, y compensaciones a algunos sectores afectados por la crisis económica derivada de las subidas de los precios y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Las medidas reciben el aplauso de los grupos que apoyaron su investidura y la crítica de los de la oposición. 13-7-2022.

El PSOE cede terreno ante el pujante nacionalismo español excluyente. La alternativa no es ceder a su vez ante las demandas independentistas, sino desactivarlas gracias a una idea alternativa de España, más integradora, más en consonancia con lo que fue el espíritu de la Constitución de 1978. Esto escribe Sánchez-Cuenca en su artículo «El Gobierno no tiene quien le quiera», en el que dice que la cuestión nacional es el factor que está produciendo una pérdida de apoyos de los partidos del gobierno, pese a la gestión social avanzada que está haciendo en un contexto en el que ha tenido que afrontar la crisis de la pandemia y ahora la de la guerra y sus efectos. 28-6-22.

La inflación supera el 10 % en junio y sigue deteriorando el poder adquisitivo de los ciudadanos. El gobierno anuncia nuevos paquetes de medidas para proteger a los más débiles, pero la inflación, una consecuencia directa en buena medida de las tensiones en los mercados energéticos (gas, petróleo) provocadas por la agresión a Ucrania sigue su escalada,. 30-6-22.

Un asalto masivo a la valla de Melilla (el viernes 23 de junio) de cerca de 1700 migrantes procedentes en su mayor parte de Sudán es reprimido por la policía de Marruecos y termina con la muerte de al menos 23 migrantes y la entrada en España de 133. Diversas voces, asociaciones y organismos como la ONU y la U.E. han pedido una investigación de lo sucedido y un trato humano a los migrantes, víctimas en algunos casos de un trato degradante. La Fiscalía también ha iniciado actuaciones. Pedro Sánchez ha culpado del hecho exclusivamente a las mafias. Leer más. 28-6-22.

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