La concesión del indulto, si no está justificada, puede suponer una arbitrariedad y una burla a la Administración de Justicia.
Se ha abierto en la opinión pública el debate sobre si la concesión del indulto ha de motivarse y si puede ser fiscalizada por los jueces, o bien es una medida política exclusiva del Gobierno no sujeta al control judicial ni a ningún otro requisito.
El Tribunal Supremo ha anulado en noviembre de 2013 por falta de motivación el indulto concedido por el Gobierno a un kamikaze condenado a 13 años de cárcel por delito grave de conducción temeraria, homicidio y lesiones, al haber conducido en sentido contrario por una autovía causando la muerte de un conductor que conducía en sentido correcto. El indulto se le concedió cuando solo había cumplido 10 meses de prisión.
Jaume Matas, Ortega Cano, Del Nido y otros han solicitado el indulto al Gobierno para no cumplir las penas que se les han impuesto.
En unos momentos en que muchos casos de corrupción se ventilan en los Tribunales de Justicia, la opinión pública está muy atenta a la concesión de esta medida de gracia, cuya frecuencia supera en España a la de otros países de nuestro entorno.
Antecedentes:
Por Ley de 18 de junio de 1870 (Gaceta de Madrid de 24 de junio) se reguló el ejercicio de la gracia de indulto. Su artículo 30 establecía que «La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros, que se insertará en la Gaceta».
Sin embargo, por Ley 1/1988, de 14 de enero, que modifica la Ley originaria de 1870, se suprime el requisito de la motivación del decreto de concesión del indulto al establecer que en el artículo 30 de la Ley de 1870 «las palabras Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros » quedan sustituidas por «Real Decreto», y la palabra «Gaceta» se sustituye por «Boletín Oficial del Estado».
¿No sería una medida más acorde con las exigencias de una democracia avanzada volver al texto original que exigía la motivación de la concesión del indulto? Quizá con esta reforma se podrían evitar algunas arbitrariedades.