Jueces de la Audiencia de Cádiz, el 14-11-23 durante una concentración de protesta contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, en el que se mencionaba el lawfare. ROMÁN RÍOS (EFE)
En un clima de polarización extrema llevar la batalla política a los tribunales (es casi la única tarea de oposición al gobierno que se observa) y lograr la investigación/imputación, y, en su caso, la condena del adversario o de sus colaboradores se ha convertido en un instrumento para desgastarlo y llegar al poder. Pero esta estrategia de judicialización de la política puede acabar contaminando la actividad de jueces cuyas decisiones dan la apariencia de estar influidas, además de por razones jurídicas, por razones ideológicas, por su cercanía a determinadas posiciones políticas o su lejanía de otras. Esta imagen de los jueces -que pueden tener algunos ciudadanos- (y la contraria de que el Ejecutivo no respeta la independencia judicial) se ve potenciada por los medios de comunicación de una y otra tendencia, y con ello se menoscaba la confianza en la Justicia y en el sistema, basado en la separación de poderes. Desde el lado de la política se cuestionan a veces decisiones judiciales según a quién favorecen o perjudican, o se adoptan decisiones de unos y de otros que pueden atacar la separación de poderes y la independencia judicial (v.gr. la ley de amnistía, de un lado, y su inaplicación por los jueces en el delito de malversación, de otro).
Hay que exigir a los políticos que se abstengan de criticar a determinados jueces como autores de una «persecución judicial de carácter político» (law fare), y hay que exigir a los jueces que se abstengan de intervenir en la batalla política, y que no demuestren un mayor celo cuando se trata de perseguir actuaciones del Gobierno. La salud de la democracia lo requiere. Las decisiones judiciales pueden criticarse, pero con argumentos jurídicos (como hace Perfecto Andrés en el artículo insertado más abajo), no políticos. El poder ejecutivo debería limitarse a respetarlas aunque expresen que no las comparten. Ya se ocupan los expertos y los medios de comunicación de analizarlas y criticarlas. Y las actuaciones del gobierno pueden investigarse judicialmente, pero sin incurrir en excesos en las medidas adoptadas o en los plazos empleados para la investigación. 1-12-2024.
Perfecto Andrés, magistrado emérito del Tribunal Supremo, escribe «Un ejercicio suicida de la jurisdicción penal«, artículo en el que, entre otras consideraciones, cuestiona la instrucción que se sigue contra el Fiscal General del Estado porque se toman decisiones desproporcionadas (la intervención de todos los archivos de la Fiscalía General correspondientes a un periodo de tiempo excesivo, o la falta de motivación de algunas decisiones). «Hay razones sobradas para cuestionar la apertura de la causa contra el Fiscal General del Estado y la Fiscal Jefe de Madrid, pero lo más cuestionable es la obsesiva persecución de los investigados«. «Qué decir de la insólita intrusión del instructor en los derechos de los fiscales investigados, sin el debido respeto de sus garantías, cuando ya estaban bajo proceso. Un abuso de poder acreditado por la atropellada decisión sobrevenida de limitar la indagación de ocho meses a unos días». «Francesco Iacoviello, en una obra luminosa, ha escrito que “sin motivación no hay jurisdicción”. Enlace. 16-12-204. Puedes leer el artículo completo a continuación.
Luigi Ferrajoli escribe el artículo «Sobre la jurisdicción en el Estado constitucional de derecho«, en el que dice que:
«La prueba más evidente de esta mutación regresiva (se refiere al debilitamiento de la separación de poderes en España debido a la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ desde 1985, que convirtió a ese órgano en un órgano político de heterogobierno, no de gobierno autónomo, colonizado por los partidos presentes en él) la ha dado la insólita negativa del Partido Popular a renovar el mandato del Consejo durante más de cinco años, con el sorprendente consenso de todos sus vocales. Lo que solo se explica con el intento de mantener un gobierno de parte sobre la magistratura. La falta de una reacción de la gran mayoría de esta frente a tal gravísimo escándalo; como la espectacular protesta de los jueces en toga en la puerta de los tribunales contra el simple anuncio de una posible ley de amnistía de los independentistas catalanes condenados; y la actual, preocupante persecución judicial del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid; son síntomas inquietantes de la indebida politización de una parte relevante de la magistratura española. Con la que resultan inevitablemente comprometidas la credibilidad de la jurisdicción y la confianza de los ciudadanos en la institución, que dependen enteramente de la independencia de los jueces de condicionamientos de parte y de su segura imparcialidad». Enlace. 9-12-24.
Sánchez Cuenca escribe sobre este tema el artículo «Jueces en celo». Observa un mayor celo en los jueces en las causas que se dirigen contra el Gobierno. 3-12-24. Enlace.
Máriam Martínez Bascuñán escribe sobre este tema el artículo «Sigamos embruteciéndonos». Enlace. 1-12-24. En él dice que «Ante la descarnada y descarada batalla política, la confianza debería residir en las instituciones que no son de nadie, y no hablo de la Corona o el Ejército, sino de las universidades o, a su manera, los medios de comunicación. También de los jueces, algunos de los cuales entran obtusamente en la refriega política alentando acusaciones cruzadas. ¿Judicialización de la política o politización de los jueces? Son el huevo y la gallina. Nadie sensato pone en duda la legitimidad del poder judicial, pero ya va siendo hora de que abordemos el debate de cómo funciona la justicia: sobre sus sistemas de reclutamiento y la estructura de la carrera judicial; sobre la formación y el equilibrio de sus poderes internos; sobre su falso autogobierno y la excesiva permeabilidad partidista. También sobre la relación entre la dejación de responsabilidades del Gobierno y el Parlamento y la intromisión, a veces burda y casi siempre torpe, de sus señorías. Respetemos a los árbitros, por supuesto, pero abramos también todos los debates que nos incomodan. O si lo prefieren, sigamos embruteciéndonos». 1-12-24.
Vidal-Folch escribe «La fronda judicial«, aludiendo a los muchos asuntos judiciales (fronda: maraña o espesura de hojas y ramas) que tienen que ver con la batalla política. Califica la instrucción contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos de «mero mentís de bulos, cuando la judicatura es sujeto, activo y libérrimo, de filtraciones continuas», dice. [¿Alude a un doble rasero de algunos jueces según contra quién se dirija la instrucción? ¿O quiere decir que, como hay jueces y fiscales que filtran diligencias a los medios, la filtración del correo del abogado de Glez. Amador no se puede perseguir?]. Y critica las concentraciones de jueces hace un año contra la proposición de ley de amnistía o el informe del anterior CGPJ sobre dicha proposición «desafiando al Legislativo»; entonces «proliferaron, ante sedes judiciales, manifestaciones de protesta contra el mismo texto protagonizadas por centenares de togados. Exhibición de conducta ultra vires (que se extralimita de sus competencias): que desbordaba la ley, pues violaba su obligatoria independencia, mellaba al poder que decían defender y posibilitaba recusaciones». «La ocasión del malestar fue la malhadada (desafortunada) redacción de un acuerdo entre el PSOE y Junts que normalizaba el concepto de lawfare, guerra judicial de motivación política». 1-12-24. Enlace.
Fernando Vallespín escribe «Jueces partidistas y no partidistas». Habla de la habitual distinción en los medios entre jueces progresistas y conservadores, sobre la influencia de la ideología o la proximidad a un determinado partido en sus resoluciones, y comenta el discurso de la nueva presidenta del CGPJ. Dice: «Lo que más me ha gustado del discurso de Perelló es que figura formalmente como “progresista”, y sin embargo ha manifestado su opinión sobre la conexión entre judicatura y política poniéndose del lado correcto, el de jueza. Sin adjetivaciones». 8-9-2024. Enlace.
Con ocasión del final del mandato de Marchena como presidente de la Sala Segunda del Supremo, en la que seguirá hasta su retirada, Reyes Rincón escribe una crónica en la que habla del choque entre resoluciones de esta Sala (de mayoría conservadora) y decisiones del Gobierno.
Rincón dice que «La pugna entre la Sala Segunda del Supremo (y) el Gobierno, sobre todo cuando lo ha presidido el PSOE, no es nueva, y algunos juristas consultados citan casos como los GAL o Filesa. Pero la mayoría coincide en que ese choque nunca fue tan intenso como lo ha sido en los últimos años, aunque tampoco era tan fuerte como ahora el enconamiento político. De esta situación suelen quejarse miembros de la sala, donde está extendida la sensación de que la polarización de la sociedad española se proyecta en las críticas a su trabajo, con una híperexposición pública. Los magistrados consideran injustas las críticas que explican sus resoluciones en clave política. Y, sobre todo, se quejan de que se saquen conclusiones precipitadas sobre decisiones de enjundia jurídica que exigen un amplio conocimiento de la materia. “Se pasa del debate sobre la crisis del Real Madrid a una opinión jurídica sobre una sentencia de 500 folios”, lamentaba recientemente un miembro del tribunal. El Supremo ha plasmado en algunas resoluciones en los últimos años sus quejas hacia la judicialización de la política y ha llegado a cuestionar el papel de las acusaciones populares ejercidas por organizaciones -en su mayoría de clara tendencia conservadora e incluso ultraderechista- que están detrás de muchas de las querellas que llegan a la mesa de la Sala Penal. La sala reivindica su independencia porque se han archivado querellas contra líderes de todos los partidos, desde Pablo Iglesias e Ione Belarra a Pedro Sánchez o Pablo Casado». «La causa abierta a Álvaro García Ortiz, también por unanimidad de los cinco magistrados que debatieron su admisión, es el último frente por el que se ha señalado al Supremo como un agente político contra el Gobierno. El tribunal presidido por Marchena no ha logrado un acuerdo unánime para encausarle por la difusión de la nota de prensa que provocó la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal. Pero, en su defecto, ha consensuado una vía para seguir adelante con la investigación que causó sorpresa incluso dentro del Supremo: la supuesta filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía para proponer un pacto que le librara de la cárcel. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, comparte esa sensación. “Como jurista, la sala me merece todo el respeto y su presidente, también. Pero las últimas decisiones sobre la malversación de la amnistía o el fiscal general me parecen francamente preocupantes y carentes de fundamento. No me las explico”, admite. Enlace. 1-12-24. Óscar Puente ha dicho que aunque los medios no publicaran en un primer momento el contenido del correo del abogado de Glez. Amador dirigido al Fiscal, lo cierto es que ya disponían de dicho correo y conocían su contenido, antes de que lo recibiera Lobato de la exjefa de gabinete de Óscar López.
Sobre la relación entre políticos, jueces y periodistas escribe Diego S. Garrocho el artículo «Contra jueces y periodistas«, en el que dice que los políticos, de todos los partidos, buscan controlar a los jueces y a los periodistas. Cuando no lo consiguen los atacan. Dice:
«Promover la credibilidad del juego democrático es un imperativo para todos los agentes implicados. Destruir la confianza en la prensa o en el poder judicial es una irresponsabilidad que el monstruo del poder político ambiciona cada vez que se siente acorralado. Es evidente que, en España, tanto el poder judicial como los periodistas debemos hacer autocrítica. Que el ministro del Interior Fernández Díaz dijera que “esto la Fiscalía te lo afina” o que Pedro Sánchez alardeara en 2019 de controlar al ministerio público son ejemplos claros de hasta qué punto es razonable exigir una mayor rendición de cuentas. En el ámbito periodístico, consejos de administración como el de RTVE, el hecho de que la Agencia EFE esté presidida por un antiguo miembro del Gobierno, o que los partidos políticos —todos, de todos los colores— coloquen peones que cobran directa o indirectamente de ellos en tertulias televisivas y radiofónicas son prácticas indecentes que deberían generar un amplio escándalo social. Todas estas críticas legítimas comparten un rasgo común y revelador: es la injerencia del poder político lo que contamina a estos contrapoderes, y no al contrario. Por eso, cuando desde el poder político se apunta a la prensa o a los jueces, rara vez se hace con una voluntad regenerativa u honrada. La mayoría de las veces no es más que una muestra del afán de controlar y anegar aún más estas instituciones con intereses espurios. Cada vez que en Washington, en Buenos Aires o en el 41º Congreso Federal del PSOE vemos a políticos señalar a jueces o periodistas con gran escándalo, en el fondo están emitiendo un mensaje muy básico: lo que nos están diciendo es que no son, que no somos, lo suficientemente serviles». 2-12-24.
El propósito de controlar los nombramientos en la cúpula judicial, y concretamente la presidencia del CGPJ, la presidencia del TS y Sala 2ª del TS, se vio claro al desvelarse el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó y no solo al mantener durante cinco años sin renovación el Consejo General del Poder Judicial para mantener una mayoría próxima al PP. Ahora, tras cumplir su mandato Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda del Supremo, Martínez Arrieta presidirá la Sala en funciones hasta que el CGPJ decida entre dos candidatos, él y Ana Ferrer. Ekaizer cuenta de dónde partió el famoso WhatsApp:
Son «nombramientos vitales para el PP y para el futuro de España», terminaba el mensaje. Ekaizer reproduce en su artículo el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó, de 18-11-2018, que reveló cómo los políticos buscan controlar la cúpula judicial. Enlace.
«Cosidó admitió haber enviado ese whatsapp. Pero más tarde, precisó que lo había reenviado y que procedía de fuera del partido. La verdad: el contenido fue elaborado por quien dirigió las negociaciones de parte de Pablo Casado, presidente del PP. Que no era otro que Rafael Catalá. Fue Catalá quien a petición de Teodoro García Egea, secretario general del PP desde julio de 2018, sintetizó las ventajas del pacto para el PP. García Egea luego se lo transmitió a Cosidó y fue éste quien lo reenvió a los senadores del grupo, quienes consideraban que pactar con la ministra Delgado, reprobada dos veces hasta esa fechas en el Congreso, era una traición. Algunos objetaban que Marchena dejara la presidencia del tribunal del procés al asumir la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ.
Por eso, precisamente, el mensaje señala: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”
La filtración del mensaje -que fuentes solventes atribuyen a fuego amigo dentro del PP- hizo detonar la candidatura de Marchena -que había dado su visto bueno a Catalá para proponer su nombre, habida cuenta de que debía presidir el juicio del procés y la decisión suponía un cambio importante como el de dejar un sucesor en ese puesto-, quien se vio obligado a emitir un comunicado y dar por finiquitada la operación.
Había quedado en evidencia una realidad: que el presidente del Supremo y CGPJ lo pactaban los políticos al margen de los vocales del CGPJ quienes debían hacerlo tras tomar posesión de sus cargos», dice Ekaizer. 10-12-2024.