El acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Illa ha suscitado muchas críticas entre los expertos en la materia. Insertamos algunos artículos publicados sobre este tema. 29-11-2024.
El 41º Congreso del Psoe introduce cambios en la ponencia original sobre financiación autonómica. Entre ellos está el concepto de la “multilateralidad” y la mención expresa al Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de discusión de la reforma. “Dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de política fiscal y financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”, reza el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. “El objetivo es conseguir que los ciudadanos residentes en distintas comunidades autónomas tengan acceso al mismo nivel de servicios públicos”, recoge el texto, que propone “ahondar en el proceso de federalización del Estado” para “profundizar la cohesión económica y social del territorio”. “Federar no es separar, federar es unir, creando un espacio de convivencia donde se garantice al mismo tiempo la unidad del Estado con el respeto a la diversidad de los pueblos que lo integran, el autogobierno de las Comunidades Autónomas y la integración política del Estado”, se expone. Ver en este Enlace las principales conclusiones del Congreso del Psoe (hay continuidad en la Ejecutiva con algunos cambios menores y se mantiene la referencia al modelo federal del Estado, cuestionado en el pacto de investidura de Illa con ERC), entre las que se incluye el texto consensuado sobre financiación autonómica. Habrá que ver cómo se salva la contradicción que existe entre este texto y el acuerdo PSC-ERC de cesión de los tributos a Cataluña. 30-11-24.
Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en el País Vasco, escribe en El Mundo «Privilegios forales y financiación autonómica», artículo en el que analiza el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC para dotar a Cataluña de un sistema de financiación singular, que «ha generado el lógico rechazo de las otras 14 comunidades autónomas integradas en el régimen de financiación común, conscientes de que el «concierto económico solidario» ofrecido a Cataluña implicará, necesariamente, una disminución de los recursos disponibles para ellas». «En la medida en que se trata de un modelo similar al actualmente vigente para las dos comunidades no integradas en el régimen común (País Vasco y Navarra), se ha reabierto también el debate sobre los evidentes efectos insolidarios que plantea la aplicación del sistema de financiación foral». «La sobrefinanciación foral es continua y se repite todos los años». «Se impone una doble conclusión. Por un lado, el sistema de financiación foral amparado por los derechos históricos es sostenible económicamente por afectar a dos comunidades que representan únicamente el 7,5% del PIB, pero no puede extenderse a otras comunidades». El autor se refiere a lo anacrónico que resultó hablar de derechos históricos en una Constitución democrática, como advirtió en su día García Pelayo. 15-10-24. Enlace.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos en el Congreso, escribe «El régimen foral y su insolidaridad». Aporta datos del cupo vasco y la aportación navarra para decir que no solo estas comunidades no aportan nada a la solidaridad interterritorial sino que son comunidades sobrefinanciadas, porque reciben ingresos fiscales (por IVA y otros impuestos que cubren el déficit de la Seguridad Social) del resto de ciudadanos y empresas de España, que de media no son tan ricos. «A la vista de los datos, los regímenes forales reales son un privilegio y no son solidarios. Precisamente por eso, y no sólo por razones constitucionales, no se pueden extender. Una ampliación del sistema foral existente, aunque sólo fuese a Cataluña, no sólo nos llevaría a mucha más insolidaridad, sino a la inviabilidad del estado del bienestar en buena parte de España«. 2-10-2024. Enlace. También escribe «El inviable e insolidario concierto económico catalán». Enlace. Dice que ese concierto aumentaría los costes de gestión del sistema tributario (como ocurre en Alemania), disminuiría su eficiencia, dificultaría la lucha contra el fraude fiscal al fraccionar la información de Hacienda, beneficiaría a Cataluña, reduciría su contribución a la solidaridad y perjudicaría a las demás Comunidades de régimen común. Exigiría modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la LOFCA y la ley de cesión de tributos, además de los problemas de constitucionalidad que comportaría y que el autor señala. 31-7-2024. Enlace.
Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional, escribe en El País «La financiación singular en el diván constitucional», en el que dice que la financiación singular para Cataluña pactada en el acuerdo PSC-ERC, no tiene encaje en la Constitución. Enlace al artículo. Dice que «la afirmación de la soberanía fiscal a favor de Cataluña, así como la aplicación de un principio de bilateralidad entendido en términos de paridad institucional, nos sitúa ante una lógica de índole confederal que no tiene cabida en nuestro texto constitucional». Añade que «La posibilidad de introducir diferencias en el régimen común de financiación, aunque admisible, queda circunscrita a la previsión de matices y puntualizaciones. En este esquema existencial de referencia, incorporar un modelo singular y completamente distinto de financiación para una o varias comunidades autónomas no resulta constitucionalmente viable. Una valoración igualmente crítica merece la asunción por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña de las facultades de gestión, recaudación y liquidación de todos los impuestos en dicha comunidad. Tal previsión se opone abiertamente a la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de coordinación de Hacienda General (artículo 149.1.14 CE), quedando despojada de contenido y operatividad en esa parte del territorio nacional». 18-9-2024.
Ángel de la Fuente escribe «Una reforma sensata de la financiación«. Después de criticar el acuerdo PSC-ERC porque beneficia a una comunidad rica en perjuicio de las menos ricas, y porque introduce un elemento confederal inédito y ajeno al Estado de las autonomías, el autor hace algunas propuestas sobre lo que sería una reforma sensata de la financiación autonómica Dice: » Esto marcaría el inicio del desguace del estado federal que ya tenemos en la práctica para iniciar una deriva hacia un Estado confederal que no tendría nada que ver con el de los países federales a los que nos gustaría parecernos. En ninguno de ellos se plantea siquiera la posibilidad de que la Federación renuncie a establecer impuestos en una parte de su territorio». Propone «la igualación de la financiación por habitante ajustado de todas las comunidades», «la supresión de los mal llamados Fondos de Competitividad, Cooperación y Suficiencia, manteniendo como núcleo del sistema el Fondo de Garantía, que se nutre con una fracción elevada de los ingresos tributarios de las CC.AA», el cálculo de la población ajustada a partir de las recomendaciones del Libro Blanco y un acuerdo político de los grandes partidos «a los que habría que pedir un ejercicio de responsabilidad: que dejen de tirarse los trastos a la cabeza durante un ratito para tratar de acordar un sistema bueno para el conjunto del país«. 9-10-2024. Enlace.
Luis Ayala y Ana Herrero, profesores de Economía en la UNED, aportan algunos criterios para reformar el sistema de financiación autonómica con el mayor consenso posible. Ver su artículo «El sistema de financiación autonómica: reformar desde el consenso». El sistema actual presenta serios problemas y necesita una reforma urgente y equilibrada. Entre las propuestas que plantean están: «permitir que las comunidades autónomas, de manera colegiada, puedan modificar el tipo impositivo del IVA en la parte que les corresponde (en la actualidad, el 50%); crear un instrumento específico para situaciones de crisis en forma de fondo de estabilización, que actúe de manera automática ante una coyuntura económica adversa, agilizando la respuesta y reduciendo la arbitrariedad en el reparto de los recursos; aproximar los recursos recibidos por todas las comunidades de régimen común, garantizando un acceso similar de los ciudadanos a los servicios públicos; revisar la fórmula de cálculo de las contribuciones de las Comunidades forales destinadas a financiar los servicios públicos centrales; y fijar reglas para el reparto del techo de déficit entre las distintas administraciones públicas, ahora potestad en manos del Ministerio de Hacienda. 7-7-2024.
Ver también el informe presentado recientemente en el Congreso de los Diputados por un grupo de expertos del Foro Económico de Galicia, «Propuestas para España: La reforma de la financiación autonómica». Enlace.
Estos proponen una condonación de la deuda ‘per cápita’ para todas las comunidades autónomas para que los ciudadanos no se sientan agraviados y para que, a nivel contable, las comunidades autónomas puedan reducir su pasivo; la Administración General reduce un activo pero las cuentas consolidadas tienen exactamente el mismo resultado. En cuanto al IVA dicen que ese incremento del IVA tendría que ser «igual» para todas las comunidades autónomas y creen que esto se tendría que acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por mayorías cualificadas, «donde las comunidades autónomas van a tener o debieran tener que ser responsables de una parte de ese incremento de ingresos que necesitan, del mismo modo que de los impuestos especiales». 7-7-24.
Un grupo de expertos de los distintos territorios elabora en 2017 una propuesta para una nueva financiación autonómica. Cataluña no envió un representante a dicho grupo. 9-2-2017.
Puedes acceder mediante este enlace en color azul al Informe de la Comisión de expertos, de julio de 2017.
Santiago Carbó escribe «Financiación territorial insostenible», en el que se refiere a las diferencias que se dan entre Comunidades Autónomas. 23-8-16.
Francisco Ferraro comenta en su artículo de 11-2-18, «La suficiencia financiera autonómica» las distintas vías posibles para financiar el déficit de financiación de las CC.AA. (estimado por los expertos en 16.000 millones) y se detiene en la cesión a éstas del IVA, de gran poder recaudador y que potenciaría la responsabilidad fiscal de las Comunidades. También se refiere a las necesidades de financiación del propio Estado central, cuyos recursos no pueden verse debilitados si se quiere hacer frente a esas necesidades (pensiones, I+D, infraestructuras, etc.). 28-2-2018.
El Ministerio de Hacienda se plantea reestructurar la deuda de las Comunidades con el Estado para desbloquear el tema de la financiación. 18-2-2018.
También se han constituido otros dos comités para estudiar la financiación local y de la Dependencia.
Urkullu propone que el concierto sirva de referencia a las demás comunidades en el tema de la financiación. La propuesta suscita muchas reacciones en contra pues supondría la fragmentación de la Hacienda, una mayor dificultad en la lucha contra el fraude y una menor solidaridad entre las Comunidades, en perjuicio de las menos ricas.
Por su parte Iceta propone una gestión compartida de los impuestos entre el Estado y la Generalitat mediante un consorcio de la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia de Cataluña. 5-12-2017. Leer más.