Baleares.– El nuevo Govern del PP en Balears suprime las Consellerias de Medio Ambiente e Igualdad (estas materias se integran con menor rango en otros departamentos) y crea la de Familias. PP y Vox han pactado un programa con 110 medidas, que permite al PP gobernar en solitario en las islas. Leer más. 10-7-23.
Vox bloquea la investidura de López Miras (Murcia) a dos semanas de las elecciones. Exige la vicepresidencia autonómica y dos consejerías para hacer presidente al líder popular, que tendrá hasta el 7 de septiembre para lograr un acuerdo y que les ofrece pactar un programa. Los ultras y la izquierda consideran que el acuerdo no se ha cerrado para no perjudicar “los intereses electorales” de Alberto Núñez Feijóo. Y creen que, una vez se celebren las elecciones generales el día 23, se escenificará un acuerdo que lleva ya tiempo cerrado. 10-7-23.
Extremadura.- Después de decir que no podía gobernar con quien niega la violencia machista («Iremos a elecciones, si hay que ir. […] Yo no puedo dejar entrar en mi gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI», María Guardiola, ante las presiones que recibe de su partido (el ruido de este proceso, muy distinto a lo ocurrido en Valencia y Baleares, no gusta en Génova) y de las bases, y la exigencia de Vox de entrar en el gobierno o repetir las elecciones, cambia su discurso (Vox «es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo”) y acaba negociando y entregando a Vox (que obtuvo un 8 % de votos en las elecciones) una consejería importante en Extremadura, la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (con las competencias de infraestructuras rurales, control de incendios, patrimonio natural, caza, pesca y toros), y un puesto en el Senado que correspondía al PP. El acuerdo, anunciado el viernes 30-6-23, convierte a Guardiola en la primera presidenta de la Junta de Extremadura. «Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños», dijo al presentar el acuerdo como justificación del cambio de posición efectuado en solo una semana. Más exacto habría sido decir: «mi palabra no es tan importante como el poder». Juan Manuel Moreno (presidente de la Junta de Andalucía) ha comentado con poca elegancia hacia su compañera: «Ha tenido que tragarse sus palabras». 30-6-2023.
Ignacio Sánchez-Cuenca dice en su artículo «El vicio de la contundencia» que los políticos deberían utilizar unas expresiones menos contundentes («nunca pactaré con X», «no indultaré a Y») para no perder toda credibilidad, como le ha ocurrido a María Guardiola, nueva presidenta de Extremadura, que debería haber dimitido, pues las circunstancias en política cambian constantemente. «Nadie que se meta en política y tenga una visibilidad destacada puede librarse enteramente de hacer renuncias o incumplir compromisos adquiridos». «La política española consume líderes a un ritmo vertiginoso, a los pocos años están todos achicharrados. En parte se debe al vicio de la contundencia. ¿Qué sucedería si algún líder, alguna vez, abandonara ese lenguaje lleno de convicciones y se dirigiera a la ciudadanía con cierta normalidad, tomando a la gente por personas adultas con cierta capacidad de raciocinio?», dice el autor. 9-7-2023.
El PSOE presidirá la Asamblea de Extremadura con los votos de Podemos y ante la falta de acuerdo de PP y Vox, que se han votado a sí mismos. Vox se queda fuera de la Mesa de la Asamblea. 20-6-23.
La diputada de Vox Llanos Massó ha sido elegida este lunes presidenta de las Cortes Valencianas por un total de 53 votos, los 40 de los diputados autonómicos del PP y los 13 del grupo Vox. Ambos partidos llegaron a un acuerdo de gobierno hace poco más de 10 días por el que Vox apoyará la investidura del candidato popular Carlos Mazón, y los populares ceden a Vox tanto la Presidencia del Parlamento autonómico como la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, para la que será designado el extorero Vicente Barrera. 26-6-23.
María Guardiola (PP) después de resistirse a dar entrada a Vox en su gobierno, flexibiliza su postura para llegar a un acuerdo con la formación de ultraderecha, con la que dijo que no gobernaría por negar la violencia machista. 26-6-23.
Miguel Delibes interviene en el Parlamento de Andalucía y dice al gobierno: Tengan “el coraje político” de retirar una proposición de ley que ha puesto en peligro “la paz social, el futuro de los agricultores y la imagen de marca de Andalucía y España en el mundo”. “Dejen de engordar más esta absurda guerra”, reclamó, pidiendo altura de miras a todas las administraciones para trabajar de forma conjunta. “Como los magos ustedes nos distraen con algo estrambótico como es declarar terreno de regadío sin agua”, confesó, tras una severa reprimenda, ante los diputados andaluces. «Que en el año 2023 tenga que venir alguien a un Parlamento a explicar lo que es ponerse de acuerdo me abochorna», concluyó. El presidente del Consejo de Participación de Doñana fue el último en comparecer en la tramitación de la proposición de ley del regadío de Doñana, tras la rectificación del PP, que inicialmente lo había excluido de la lista. “Doñana está seca, sus lagunas desparecen cubiertas de árboles y matorrales. Los acuíferos descienden, se han declarado en riesgo”, describió Delibes, “los agricultores están agobiados porque sus pozos languidecen y les ahogan las multas y las deudas”. Para ellos pidió alternativas: un plan de ayudas para los pequeños agricultores que clausuren sus pozos y balsas, moratorias fiscales, prejubilaciones, soluciones “caso a caso” y “sin armamento político partidista”. Como Delibes, empresarios, sindicatos y agricultores coincidieron en que la pugna electoral hace daño y pidieron que se frene el enfrentamiento. Desde la organización agraria COAG, lamentaron la falta de transparencia y llamaron a consolidar el regadío existente antes de dar nuevos derechos. Solo cuando estén las obras hidráulicas hechas y los recursos disponibles, advirtieron, tendría sentido que se estudie la posibilidad de nuevos regadíos en la zona. Los detractores de la norma insistieron en la idea de que se generan “falsas expectativas” entre los agricultores “sin que suponga solución ninguna». La alcaldesa de Almonte advirtió que la mayor asociación fresera de su pueblo, Puerta Doñana, contraria a la proposición de ley, no fue citada a la comisión del Parlamento. Tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que envió un documento donde tildó de “engaño” la iniciativa, como la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera declinaron comparecer. Fuera han quedado también el responsable de la Estación Biológica de Doñana y un representante de la Unesco, ambos organismos en contra de dar más permisos de regadío. 14-6-23.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir remite al parlamento andaluz un Informe técnico en el que dice que “declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua”, es “como mínimo, inútil, y, con más exactitud, un engaño”. «El Plan Hidrológico del Guadalquivir impide el incremento de regadíos», por lo que la proposición de ley de la Junta es incompatible con el mismo y se sitúa al margen de la legalidad europea, de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco, de la Sentencia del Tribunal Europeo y del consenso social alcanzaado en 2014, añade la CHG. 10-6-23.
Se desata el conflicto por el agua de Doñana (declarado Patrimonio Universal de la Humanidad) entre la Junta de Andalucía, de un lado, y el Gobierno central y la Unión Europea, de otro, a un mes de las elecciones municipales y autonómicas. El agua (muy escasa y en disputa), sin la que Doñana no puede existir. Pero tampoco pueden sobrevivir los cinco municipios de Bonares, Almonte, Moguer, Rociana del Condado y Lucena del Puerto, que conforman la Corona Norte de Doñana de la que tanto se habla ahora en Bruselas, y a los que afecta la recalificación de los terrenos que contempla la polémica proposición de ley de la Junta de Andalucía; viven del cultivo de la fresa y otros frutos rojos, que consumen mucha agua. Y los votos: el PP acusa al comisario europeo de ayudar a Sánchez en la campaña electoral. El comisario dice que su misión es hacer cumplir la sentencia del TJUE de 2021 y que la proposición de ley va en sentido opuesto: “Doñana es importante para España y para la UE”, ha dicho. El gobierno central exige al PP que respete las instituciones europeas y que retire la proposición de ley si quiere buscar conjuntamente una solución. El conflicto puede erosionar la imagen de Moreno Bonilla, al aparecer como aliado de los planteamientos negacionistas del cambio climático de Vox, o proporcionarle apoyos en algunas poblaciones. Todos coinciden en que la única forma de reconducir la situación es a través del diálogo entre la administración central, la regional y los gobiernos municipales implicados, recuperando los consensos que se alcanzaron en los distintos órganos consultivos de la provincia.
PP y Vox pugnan desde hace tiempo por arrebatar el voto rural al PSOE, los votos de los agricultores de la zona del Condado y sus familias. Moreno Bonilla, arrasó en las cinco localidades de la Corona Norte en las últimas elecciones autonómicas, donde los populares siempre habían sido minoritarios. Los populares buscan este 28-M consolidar ese ascenso en las municipales (donde domina el PSOE) para lograr su objetivo soñado de hacerse con la Diputación de Huelva, un bastión socialista. En Moguer (22.643 habitantes), Bonares (6.060) y Rociana (7.866), el PSOE gobierna con mayoría absoluta; en Almonte (25.448), la alcaldía está en manos de la formación independiente Grupo Mesa de Convergencia con presencia de los socialistas; y en Lucena del Puerto (3.213) el alcalde es de Independientes por Lucena. Hay preocupación en el PSOE onubense por las consecuencias de la ley en las urnas a corto plazo. Apelar a la falsedad que entraña la ley del PP, haciendo hincapié en que reconoce derechos de concesión de agua que solo puede otorgar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es la estrategia de los socialistas en la Corona Norte. También hay un enfrentamiento entre agricultores: «Nosotros llevamos 40 años cumpliendo las normas mientras que ellos (la Plataforma de Regadíos del Condado, que se quedaron fuera del plan de la Corona o plan de la fresa, de 2014) han ampliado o regado sus explotaciones ilegalmente y ahora se les amnistía», dice el portavoz de la asociación Puerta de Doñana. En disputa unas aguas que aún no existen: las aguas superficiales que deben venir del futuro trasvase de la cuenca Tinto, Odiel y Piedra, que están adjudicadas en buena parte a estos últimos para que dejen de utilizar los pozos subterráneos que vienen utilizando legalmente. Lo que hace la proposición es legalizar a los que han abierto pozos ilegales (unas 1400 Ha que captan el agua ilegalmente) otorgándoles la condición de regantes para que puedan reclamar concesiones de agua a la administración. 1-5-23.
Los agricultores del entorno de Doñana, un territorio de 65.000 habitantes censados y 650 kilómetros cuadrados, han recibido 49 condenas desde 2007 por pozos ilegales y por transformar sin permisos sus fincas a regadíos. La lucrativa industria de los frutos rojos, que la provincia de Huelva monopoliza con el 97% de la producción nacional, de la que el 80% se concentra en la Corona Norte, presiona a favor de sus intereses.
La situación del acuífero es crítica por la sequía y por la sobreexplotación de la agricultura. El Director de la Estación Biológica de Doñana dice que nos vamos a quedar sin Doñana, sin agricultura y sin turismo. Las lagunas se están secando. Estos cambios, según el informe del CSIC, «están significativamente relacionados con (el aumento de) la temperatura y la (disminución de la) precipitación de cada año, así como con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y al funcionamiento de un campo de golf». El plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2004 es la normativa básica que está en vigor desde hace casi dos décadas y se ha incumplido sistemáticamente. El Plan de la Fresa, de 2014 (Plan Especial de Ordenación de Recursos de la Corona Forestal de Doñana), que en ese año cerró el mapa de regadíos, es otra de las fechas básicas junto a la de 2004. Todas las administraciones han sabido del deterioro (los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno central), unas son culpables por acción y otras por omisión. «España no ha adoptado las medidas necesarias para poner fin a ese deterioro», ha dicho el TJUE. «Una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requieren tomarse las cosas en serio, agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones probablemente impopulares, gastar dinero y trabajar, todo lo contrario de hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado», dice Miguel Delibes. Ver la localización del acuífero. 1-5-23.
Joaquín Luna escribe el artículo «Lucena del puerto se indigna con los mitos de Doñana y el trato de ladrones de agua», artículo en el que refleja el estado de ánimo que vive esta población cercana a Doñana, que de la emigración a Alemania y Barcelona en los 60 pasó al cultivo de la fresa y a recibir migrantes que la recolectan. Creen que no pueden ser tratados peor que los animales de Doñana.
«Fue la fresa, bien pagada, la que hace medio siglo trajo prosperidad al pueblo, cercano al parque de Doñana, un espacio natural que consideraban suyo y hoy empieza a resultarles antipático pese a que dicen quererlo y apreciarlo como el que más. Cunde, ha cundido, sin embargo, la tesis de que sus especies, su fauna, le importa al mundo más que ellos. Y ellos no creen haber hecho nada malo salvo subsistir lo mejor que han podido hasta prosperar.
Los cultivos eran tradicionales, de secano. Y apareció la fresa y después los fresones y ahora también los arándanos. Necesitaban más agua. Abrieron pozos. Algunos sin encomendarse a Dios ni al diablo. Hasta que hace cuatro años, se armó la de San Quintín porque llovieron multas: muchos pozos carecían de permiso. Y los tiempos, y el tiempo, han cambiado…» 30-4-23.
La Fiscalía ha logrado que la mayoría de los casos penales prosperen por delitos contra el medioambiente y la ordenación del territorio tras acreditar el daño al acuífero tras cambiar los agricultores el uso del suelo y transformar los terrenos forestales y de secano en regadíos, o construir balsas de agua ilegales. Desde 2019 hay 16 investigaciones en curso por pozos ilegales en los juzgados de instrucción de Moguer y La Palma del Condado. Hay zonas forestales en las que los agricultores han arrasado hectáreas de pinos para excavar una balsa de riego, levantar una nave de aperos o módulos prefabricados para alojar a los temporeros o depositar las herramientas. La Plataforma de Regantes del Condado, que dice aglutinar a 1.500 agricultores de la zona, ha impulsado la nueva ley de la derecha andaluza. Leer más. 24-4-2023.
Se ha presentado en marzo en el parlamento de Andalucía una proposición de ley, impulsada por PP y Vox, para aumentar los suelos de regadío en torno a Doñana. La iniciativa se tramita por la vía de urgencia. Accede aquí al texto de la Proposición de ley (B.O. del Parlamento de Andalucía nº 143, de 13-3-2023, páginas 17-33). En la imagen en amarillo y rojo, respectivamente, los cultivos de regadío, legales e ilegales, que rodean el Parque Natural (en gris, arriba) y el Parque Nacional Doñana (en negro). El Gobierno andaluz fija los nuevos regadíos en solo 750 hectáreas, pero carece de un estudio técnico que avale el cálculo.
Los regadíos irregulares en el entorno de Doñana afectan desde hace años a los acuíferos que suministran agua al parque, ya en mínimos y con los humedales en situación crítica a causa de la sequía y la sobreexplotación. El Gobierno central recurrirá la medida al Constitucional y España se expone a sanciones de la U.E. Técnicos y científicos han cuestionado la viabilidad medioambiental de la polémica medida. Doñana ya se encuentra en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la persistencia de la sequía. La proposición precisa que los terrenos que se van a considerar como de regadío (800 Ha) «podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente». La Ley 10/2018 establece la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que contempla ese trasvase para «equilibrio hídrico del entorno y especialmente del parque de nacional de Doñana». La proposición pretende utilizar parte de las aguas de este trasvase para ampliar los terrenos de regadío y reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía. La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba a la ley andaluza de «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal. En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la Justicia europea, esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas por persistir en el incumplimiento. Leer más. 13-4-2023.
Bruselas insiste en su «preocupación» por Doñana tras la entrevista con el consejero de Medio Ambiente de la Junta Fernández Pacheco. El Gobierno amenaza con llevar el nuevo plan de la Junta para los regadíos de Doñana al Tribunal Constitucional. La Junta dice que la proposición de ley se modificará para cumplir los requerimientos de la U.E., pero el Gobierno central pide que la retire. El consejero pide una reunión Gobierno-Junta para buscar una solución de consenso. La Comisión Europea publica una nota en la que dice que la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana va «en sentido contrario» a la obligación de proteger el Parque Natural y «podría degradar el humedal». 25-4-23.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó en 2021 que España había incumplido varias de sus obligaciones para proteger el Espacio Natural andaluz de Doñana, área que incluye tres destacadas zonas de conservación de importancia europea según la directiva comunitaria sobre hábitats. España no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021. España tampoco previó en dicho plan ninguna medida para “evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida ‘Doñana’ provocada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas”, en Huelva. Texto de la Sentencia. 25-4-23.
Dice la Sentencia del TJUE:
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Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben:
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La nueva ley para aumentar los regadíos junto a Doñana que promueve la derecha andaluza aumentará en 1.903 hectáreas (equivalen a 2700 campos de fútbol) los invernaderos de fresas, más del doble de la superficie que estima la Junta andaluza (PP), según un informe técnico presentado este miércoles por la ONG ecologista WWF. El 70% de estas 1.900 hectáreas no se han regado jamás antes de 2004, así que carece de sentido mencionar los derechos históricos como hace la ley. Hablamos de gente que a sabiendas de que eran terrenos de secano, pusieron estas tierras como regadío ilegalmente”, ha comentado un miembro de la ONG. La única condición que establece la nueva ley para calificar como suelos regables a esas fincas es que hayan sido regadas entre 2004 y 2014, sin más matices. 26-4-23.
Matalascañas surgió en los años del desarrollismo de la dictadura franquista, fomentada como Centro de Interés Turístico Nacional y desde el principio abrió pozos para abastecer a su población fuertemente estacionalizada. Esos pozos fueron afectando a las aguas subterráneas que alimentan “las lagunas peridunares de Doñana, uno de sus grandes valores”. “El pasado verano se secaba Santa Olalla, la mayor de ellas, considerada laguna permanente”, recuerda la organización ecologista Greenpeace. Matalascañas alberga una población flotante de 300.000 personas en temporada alta, pero su consumo de agua es inferior al de los cultivos de los frutos rojos. Leer más. 1-5-2023.
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ENCUESTA DE IMOP-INSIGHTS para El Confidencial: La desaparición de Podemos en Madrid, en caso de producirse (obtendría un 4,7 % de votos con lo que no conseguiría ningún escaño al estar por debajo del 5 %) entregaría la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid a Díaz Ayuso (está en 68 escaños de 135).
El PP lograría una ajustada mayoría absoluta de 69 escaños gracias a la extinción de Podemos, que está en un 4,7% de voto. Más Madrid (28 %) amplía su ventaja sobre el PSOE (25 %) y Díaz puede ser la protagonista implícita de la noche. Tanto Más Madrid como el Psoe reciben votos del electorado de Podemos. Ayuso recogería votos de Ciudadanos y de Vox. 27-3-2023.
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Ayuso cede ante los médicos para no llegar a la campaña con una guerra sanitaria, después de cuatro meses de conflicto. El acuerdo supone un aumento de salarios para los médicos de familia y pediatras mediante un complemento de 450 € al mes y la limitación del número de consultas diarias estableciendo un tiempo por paciente de 10 a 15 minutos. 17-3-23.