Comunicado de ADD sobre la actual crisis institucional
22-12-2022
Cuando se incumple la Constitución los efectos que se desencadenan sobre el sistema democrático son de una enorme gravedad.
El PP viene incumpliendo desde hace más de cuatro años su obligación constitucional de hacer posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato terminó en diciembre de 2018.
Para ello ha dado diversas excusas y ha roto las negociaciones en varias ocasiones cuando el acuerdo estaba prácticamente hecho.
La última excusa ha sido la derogación por el gobierno del delito de sedición, pero antes las excusas fueron que Unidas Podemos no podía participar en el pacto o que vetaba a determinados candidatos que proponía Podemos (la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó el caso Gürtel), o que había que acordar ya un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ, que tenían que ser elegidos directamente por los jueces, no por el parlamento.
Las discrepancias con la supresión del delito de sedición o la reforma de la malversación en el Código Penal son legítimas, pero no pueden nunca servir de excusa para seguir incumpliendo la Constitución.
La Unión Europea nos ha recordado el camino, en la misma línea que nosotros propusimos en una carta enviada hace unos meses a los grupos parlamentarios: renovar ya el Consejo General del Poder Judicial con la ley en vigor y, después, negociar la posible modificación del sistema de elección de sus miembros.
Este incumplimiento de la Constitución está deteriorando de forma grave nuestra democracia.
Pero ahora, cuando dos grupos parlamentarios (Psoe y UP) han incluido, en la proposición de ley de reforma del Código Penal, la reforma de la LOPJ y de la Ley del Tribunal Constitucional (una inclusión motivada por la urgencia de la renovación de los órganos constitucionales, pero contraria a la doctrina del TC por la falta de conexión de estas materias con el objeto de la proposición), el Partido Popular ha presentado un recurso de amparo ante el TC, antes de que las Cámaras aprueben dicha reforma, argumentando que se violan los derechos de los diputados y con el objetivo de interrumpir la tramitación parlamentaria de estas reformas.
El Tribunal Constitucional, en una actuación sin precedentes, tomada por algunos magistrados incursos en causa de abstención o recusación por tener interés directo en el asunto, como ha puesto también de manifiesto el propio Fiscal del TC, han otorgado el amparo e impedido la tramitación parlamentaria de la reforma de la LOPJ y de la Ley del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes ya aprobadas y promulgadas, pero no puede interferir en la actuación del parlamento mientras las leyes se están tramitando en el mismo.
La actuación del Tribunal Constitucional (de su mayoría conservadora, mejor dicho), interfiriendo en la actuación del órgano que encarna la soberanía popular y denegando la recusación, es de enorme gravedad por cuanto fuerza las costuras de nuestro sistema democrático y sienta un precedente peligroso. Al mismo tiempo echa una sombra de duda sobre la imparcialidad de algunos de sus miembros, y, con ello, deteriora el prestigio del TC, un órgano clave del sistema, que está para interpretar si las leyes aprobadas por el parlamento se adecuan a la Constitución, no para impedir su aprobación.
De todo ello resulta un descrédito para nuestras instituciones y para nuestra democracia, que los ciudadanos no podemos dejar de poner en evidencia.
¡Exigimos al PP que cumpla la Constitución y acuerde ya la renovación del CGPJ, sin más excusas ni dilaciones!
¡Exigimos al CGPJ (sector conservador) que deje de obstaculizar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar!
¡Exigimos a los magistrados del TC incursos en causas de abstención y recusación, que se abstengan de intervenir en asuntos en los que tienen interés directo!
¡Exigimos a todos los grupos parlamentarios que sean escrupulosos en tramitar las proposiciones y proyectos de ley cumpliendo estrictamente las exigencias legales y democráticas, sin buscar atajos!
Y que cuando se hagan nombramientos para los órganos constitucionales (CGPJ y TC) se preserve la imagen de imparcialidad de las personas que se propongan.
ASOCIACIÓN DERECHO Y DEMOCRACIA
Sevilla, 22-12-2022
Enlace al Comunicado de Juezas y jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, en el que reclaman superar la crisis institucional.