La XIVª legislatura: septiembre-enero de 2021

Vargas Llosa escribe “El derecho a morir” (El País, 3-1-2021); dice: que el derecho a morir, inseparable del derecho a vivir, sea al fin reconocido en España es una señal de progreso y civilización; la ley aprobada (en el Congreso) toma todas las precauciones, es difícil, acaso imposible, que en estas condiciones la determinación de una persona de poner fin a sus días sea utilizada por personas ajenas para perpetrar un crimen o empujar a una víctima a acabar con su vida. El derecho a vivir no se ve amenazado por el derecho a morir, más bien reforzado, porque no hay nada como la referencia de la muerte para apreciar las infinitas riquezas de la vida. 3-1-21.

La propuesta de modernizar la institución de la Corona, que Sánchez dijo hace unos días que era propósito del Rey, suscita un debate entre los juristas. Los temas a debate son, entre otros, el alcance de la inviolabilidad (que no se extienda a las actividades privadas), si es posible regular por ley (orgánica u ordinaria) el papel del Rey, ya definido por la Constitución, o bien debe hacerse mediante un código deontológico de la propia institución, cómo mejorar la transparencia sobre los gastos de la Corona, el alcance de las intervenciones del Rey, las previsiones para el caso de enfermedad o ausencia del Rey, las funciones de la princesa de Asturias, etc. 3-1-21.

Un grupo de expertos nombrados por el Gobierno hace balance del cumplimiento de su programa al cumplirse un año de mandato.

Sánchez presenta su balance (29-12-20) en una rueda de prensa, no en el Parlamento, y dice que ya ha cumplido la cuarta parte de su programa, a la vez que se abre un nuevo pulso en el gobierno de coalición en torno a la subida del salario mínimo (está en 950 €) y a la reforma de las pensiones (congelación o no del SMI, retraso de la edad de jubilación y un periodo más amplio para el cálculo de la pensión). Sánchez quiere congelar el SMI este año tras subidas de cerca del 30 % en los dos últimos años y ante la grave crisis de muchas empresas, mientras que su socio quiere subirlo aunque sea en un pequeño porcentaje y pone como ejemplo las subidas que se han dado a los sueldos de los funcionarios y a los pensionistas. La ministra de Trabajo dice que esas propuestas sobre pensiones no se han acordado en el pacto de Toledo.

El presidente del Gobierno anuncia que analiza con la Casa Real medidas para modernizar la Corona. El PP las apoyará solo si refuerzan  la institución. También se abre Sánchez a conceder los indultos pese a que los independentistas no han abandonado su propósito de volver a convocar una consulta ilegal, y aunque los informes de Fiscalía y Supremo sean contrarios a la medida. 30-12-2020.

El rey resalta que la Constitución es fundamento de nuestra convivencia democrática y dice que los principios éticos están por encima de consideraciones personales y familiares, en su discurso de Nochebuena. Esta es la única alusión, realizada de forma indirecta, a la situación del rey emérito. Ha expresado su confianza en que seremos capaces con el esfuerzo de todos de salir de la crisis de 2020. 24-12-2020.

El CIS registra un cierto retroceso de Psoe y U.P. y un crecimiento de los partidos del centro y la derecha. Ha mejorado la percepción de la monarquía después de la caída de agosto. 27-12-20.

Enric Juliana escribe su artículo «Regreso a Azaña y a Cataluña», sobre algunos gestos del rey en la semana anterior a su discurso de Nochebuena. Aproximación a la memoria republicana con la visita a la exposición sobre Azaña en la Biblioteca Nacional, voluntad de no perder pie en Catalunya, centro de la desafección, con su visita a Cataluña para el premio Cervantes de literatura a Joan Margarit, suavización de las irritaciones de agosto con la recuperación de la Corona en las encuestas. Con estos precedentes se ha escrito el discurso de Navidad, dice Juliana. 25-12-20.

Unidas Podemos presenta una proposición de ley para regular la Corona.

Aprobados en el Senado los Presupuestos del Estado. El Gobierno suspende los desahucios y cortes de suministros a personas vulnerables durante el estado de alarma. Discrepancias entre los socios del gobierno de coalición sobre la subida del salario mínimo y la reforma laboral. Termina la tramitación en el Senado de la Ley Celaá el 23 de diciembre. 22-12-2020.

El Congreso aprueba la ley de eutanasia. Vota a favor la izquierda, PNV y Ciudadanos. 19-12-2020.

Aprobados en el Congreso los Presupuestos del Estado para 2021. Han tenido más apoyos (188 votos, 22 más) que la investidura de Sánchez, lo que, en principio, abre un horizonte de mayor estabilidad política y permite recibir las ayudas de la Unión Europea para la reconstrucción de la economía. 4-12-20. 

Savater escribe el artículo «Ciegos» (19-12-20) en el que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, por eso Trump no ve su derrota electoral y aquí otros creen que el peligro para la democracia no está en Otegui y demás satélites gubernamentales, sino en la cruel Isabel Ayuso. 19-12-20.

El PP retrasa el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los grupos de la coalición de gobierno presentan una nueva proposición de ley para que el Consejo en funciones no pueda hacer más nombramientos. Bruselas vuelve a advertir que cualquier reforma del poder judicial debe hacerse consultando antes a los actores implicados y a la Comisión de Venecia. 5-12-20.

El rey emérito busca regularizar su situación fiscal, en relación con el uso de tarjetas opacas con las que él y algunos familiares disponían de fondos donados por un empresario mexicano (unos 500.000 euros), para evitar una acusación por delito fiscal. 7-11-2020.

Exmandos del Ejército retirados envían cartas al Rey en las que dicen que el Gobierno «socialcomunista apoyado por filoetarras e independentistas» pone en peligro la unidad de España. Algunos de ellos dicen en un chat de la XIX Promoción del Ejército del Aire que habría que «fusilar a 26 millones de españoles» y que «solo queda (desgraciadamente) repetir la historia», aludiendo al golpe de Estado de julio de 1936. El exgeneral de división Francisco Beca es el exmilitar de más alta graduación del chat y ha manifestado que ese mensaje no salió de su móvil. Un exteniente coronel, que abandonó el chat, dice que estas cartas están inspiradas en la actitud que viene manteniendo Vox y que los exmilitares estuvieron viendo la posibilidad de un pronunciamiento. 30-11-2020.

En esta semana se difunden nuevas cartas en el mismo sentido. Los firmantes denuncian los ataques al rey, a la Monarquía, a la unidad de España, que se están produciendo, y critican la imposición de un pensamiento único con la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Educación. El inspirador de la carta de los exmandos del Ejército del Aire pide al rey que no firme los indultos a los presos del procès. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pone los hechos en manos de la Fiscalía y dice que estos exmilitares no representan a las Fuerzas Armadas. En el mismo sentido se pronuncia el jefe de la cúpula militar. Una diputada de Vox dice que los firmantes son nuestra gente, porque defienden la unidad de España. Casado dice que es intolerable lo que se dice en el chat y que espera que se depuren las responsabilidades. Vox rechaza esos comentarios pero dice que comparte la preocupación de los firmantes por la deriva separatista y la influencia de ETA. El contenido del chat ha sido dado a conocer por algunos de los que participan en él. 4-12-20.

Se trata de nostálgicos del franquismo con querencias golpistas, que, conscientes de que no pueden hacer otra cosa al estar retirados, buscan influir en el Ejército e incluso en la situación política por la vía de la intimidación. Redacción.

Campo, ministro de Justicia, dice que al acuerdo sobre la renovación del CGPJ solo le falta hacerlo público. 30-11-20.

Los diputados del PDeCat también apoyarán los Presupuestos a cambio de algunas inversiones, pero los de Junts y la Cup no. 30-11-20.

El campamento de Arguineguín ya ha sido desmontado. 1-12-2020.

El Defensor del Pueblo pide el cierre del campamento de Arguineguín porque se están vulnerando en él derechos fundamentales de los migrantes. 27-11-2020.

«Presupuestos: prioridades erróneas», escribe Luis Garicano. Dice que la mitad de las transferencias que vamos a recibir de Europa se destinan en los presupuestos a aumentar los gastos corrientes del Estado (de todos los ministerios) y a subir pensiones y sueldos de funcionarios (dos grandes bloques de votantes y los que menos lo necesitan) por encima del coste de la vida, cuando las prioridades deberían ser aumentar la inversión, hacer reformas para reorientar y reconstruir la economía, y apoyar a los más afectados por la pandemia para evitar su quiebra (pequeños empresarios, autónomos y trabajadores). Se desaprovecha una oportunidad histórica. Por eso C’s no los apoya, dice. 30-11-20.

González, contrario a la coalición de gobierno, critica de nuevo que Pedro Sánchez pacte con los que quieren desguazar España. «Para mí no son interlocutores válidos». Con ellos no se puede hacer un proyecto de país, más allá de los presupuestos para 2021, ha dicho en la presentación del libro de Antonio Caño sobre Rubalcaba, «Rubalcaba, un político de verdad». Anteriormente González había dicho que el estado de alarma no es delegable a las Autonomías. Sánchez en un acto socialista dice que mientras haya un gobierno socialista la Constitución regirá en España de un punto a otro y de principio a fin. 30-11-20.

PNV, ERC y Bildu apoyarán los presupuestos de 2021, que saldrán adelante por mayoría absoluta (suman 179 votos, a falta de algunos más de grupos más pequeños), después de tres años con los presupuestos de Montoro prorrogados. Es una norma clave para recibir las ayudas europeas y para iniciar la recuperación y transformación de la economía. ERC consigue que se ponga fin al control financiero de los gastos de la Generalitat ejercido por Madrid desde 2017 y que el gobierno se comprometa a armonizar los impuestos autonómicos para evitar la competencia entre Autonomías. Ayuso dice que planteará batalla y critica que los independentistas que han reivindicado autonomía fiscal, pretendan ahora restringirla a otros. Ciudadanos votará no a estos presupuestos porque no quiere aparecer junto a ERC y Bildu y por las concesiones hechas a estos; Arrimadas dice que Sánchez ha optado por los radicales independentistas y no por un partido moderado como Ciudadanos que se ofrecía como alternativa. 25-11-2020.

REFORMA DE LA LECR.- El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambia el modelo de instrucción penal, que pasa a manos de los fiscales, algo que se venía buscando desde hace años, pero que no había salido adelante. Supondrá una importante reorganización de juzgados y fiscalía, que llevará tiempo, ya que hay el doble de jueces (5400) que de fiscales (2500). Los partidos no podrán ejercer la acción popular en casos de corrupción. El ministro de Justicia justifica la reforma diciendo que se trata de un modelo más acorde con el papel constitucional del juez en el que el fiscal lleva a cabo la investigación mientras el juez ejerce su papel de garante de derechos y decidirá las medidas que afecten a derechos fundamentales (como las entradas y registros o las intervenciones telefónicas) y también, el de juzgador. En cuanto a la acción popular de los partidos dice que no es bueno que los debates parlamentarios se trasladen a los tribunales. Añade que la reforma del delito de sedición busca actualizar una regulación antigua, que no se ha tocado en muchos años, y acercarnos a la regulación existente en otros grandes países europeos; y ante la cuestión de la dependencia jerárquica de la fiscalía y el nombramiento del Fiscal General por el Gobierno, la cuestión que suscita más prevenciones pues hay quien dice que el Gobierno puede intentar controlar políticamente la instrucción penal (ahora llevada por jueces independientes) y los casos de corrupción, dice que habrá que reforzar la figura del fiscal individual. 30-11-2020.

La cuestión clave de la reforma y la que suscita más críticas es, sin duda, cómo se garantiza la independencia de la fiscalía del poder ejecutivo (algo que ahora no se da), para evitar intromisiones de este en la instrucción penal. También hay que apuntar que en la lucha contra la corrupción algunas causas han ido adelante por la intervención de partidos en la acusación. De otro modo no hubieran prosperado pues la fiscalía se ha inhibido en algunos de estos casos. No es deseable que la lucha partidaria se traslade a los tribunales, pero sin esa intervención algunos casos de corrupción no se habrían perseguido. ¿No sería conveniente que la sociedad civil asumiera más activamente ese papel de acusación popular a través de sus asociaciones? Redacción.

Estos importantes cambios se ven oscurecidos por nuevas discrepancias en el seno del gobierno, esta vez sobre la gestión de los fondos europeos (nada menos que 140 mil millones): Sánchez intenta excluir a Iglesias de la comisión para la recuperación que los gestionaría y se ve obligado por este a rectificar; la gestión la hará el propio consejo de ministros. Una torpeza incomprensible o una prueba de la desconfianza existente entre los socios de gobierno. 25-11-2020.

Tensión en el gobierno de coalición por la enmienda de los desahucios de U.P., Bildu y ERC. Margarita Robles dice que no se puede actuar a la vez como gobierno y oposición. Ione Belarra le contesta que evitar los desahucios es defender a la mayoría y no a los poderosos. 21-11-20.

Batalla, de nuevo, por la Educación. El PP recurrirá la Ley Celaá ante el TC y Europa, e intentará neutralizarla en las Comunidades Autónomas en las que gobierna en defensa de la «libertad de elección» de las familias. A la vez anuncia que la derogará cuando llegue al gobierno. El Gobierno estará atento a estos incumplimientos para, a su vez, recurrirlos ante el TC. El domingo 22 se producen manifestaciones en coche contra la ley en muchas ciudades. El proyecto de ley pasa ahora por el Senado. 23-11-2020.

«La educación sigue igual» escribe Víctor Lapuente (El País, 24-11-20). Dice que si tienes recursos, eliges tu colegio preferido: el centro público prestigioso del barrio, y si, por desgracia, no consigues plaza puedes pagar las cuotas “voluntarias” de la concertada o incluso un colegio enteramente privado. Si careces de dinero, tienes poca libertad: no te puedes permitir los colegios de pago y, por las perversiones del sistema de asignación de escuelas, es improbable que te toque una pública de calidad. La Lomloe no cambia este conflicto de fondo, que no es entre educación pública y privada, sino entre la educación selecta (independientemente de la titularidad del colegio) y plebeya. Solo cambia la apuesta de la ley por reducir la elevada tasa de repetición escolar en España, ineficiente e injusta, porque perjudica a los niños de entornos más desfavorecidos. La Lomloe rehúye abordar el meollo de la igualdad de oportunidades y, como sus antecesoras, no busca el consenso. Cuando, si comparas el sistema español con los de nuestro entorno, alcanzar un acuerdo para una educación más inclusiva es fácil. Bastaría con integrar de verdad a la concertada y la pública en una red de centros que compitieran entre sí por unos (idénticos) recursos públicos en pie de igualdad, sin el doping de las aportaciones de los padres. En este pacto todo el mundo cedería. El Estado paga más por cada alumno a los colegios concertados y, a cambio, estos ponen en marcha mecanismos para evitar la segregación. Eso sí sería auténtica libertad educativa —de todos los centros para introducir los métodos pedagógicos que creyeran más efectivos y de todos los padres para elegir el mejor colegio para sus hijos sin pensar en el dinero—.

Milagros Pérez Oliva escribe «El consenso que piden y no dan», artículo en el que dice que critican la falta de consenso los que aprobaron sin él la LOMCE y que el consenso es imposible cuando se quieren mantener privilegios: religión evaluable, preferencia a la concertada, etc. «Quienes ahora reclaman consenso son precisamente aquellos que menos dispuestos están a hacerlo posible. De manera que podemos lamentar que no se haya alcanzado, pero es un lamento estéril. Lo importante es que la nueva ley permitirá dar un salto en la calidad educativa reforzando al mismo tiempo la equidad. Lo contrario de lo que hacía la LOMCE, que perseguía la calidad, pero a costa de la igualdad de oportunidades. Quienes se oponen a ella en nombre de la libertad, lo que reclaman en realidad es la libertad de las élites para emanciparse del resto de la sociedad.»

Aizpeolea escribe el artículo «El necesario debate sobre Bildu» (El País, 22-11-20, pág. 19). Dice que «cuando el miércoles Pablo Casado, en la sesión de control del Gobierno, comparó a Bildu con los terroristas de Bataclan o del 11-S no solo incurrió en una desmesura sino que rayó la indecencia política. Casado obviaba que unos días antes Bildu había condenado el ataque en Amurrio (Álava) al establecimiento de la familia de Santiago Abascal, presidente de Vox, perpetrado por un grupo disidente. Lo lógico porque sus estatutos rechazan el terrorismo. Por ello los tribunales legalizaron a Bildu hace nueve años. ETA ya no existe y si reapareciera, algo impensable, estaría enfrente. Tiene pendiente una asignatura: reconocer la injusticia por la pasada complicidad con ETA de su matriz, Sortu, procedente de Batasuna. Pero identificarle con ETA es manipular.»

VÍCTIMAS Y AMENAZADOS POR ETA RECUERDAN LA ASIGNATURA PENDIENTE DE BILDU.- José Luis Vela, y Esther Cabezudo, exconcejales socialistas de Portugalete (Bizkaia), hablan de Bildu. A Esther Cabezudo estuvieron a punto de matarla el 28 de febrero de 2002, solo nueve días después del atentado contra Eduardo Madina, dirigente entonces de las Juventudes Socialistas. Unos terroristas de ETA colocaron más de 20 kilos de explosivos en un carrito de la compra y lo hicieron estallar al paso de la concejal y de su escolta, pero salvaron la vida de milagro.  —No les he perdonado lo que me hicieron, ni se lo voy a perdonar nunca.

José Luis Vela y Esther Cabezudo miran con desconfianza la estrategia de EH Bildu de apoyar algunas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. “Yo no voy a criticar lo que está haciendo el partido para sacar los presupuestos adelante”, advierte la exconcejal, “pero si te digo lo que pienso sobre esta gente: yo con estos no voy ni por duros a la playa. Dicen que han cambiado, pero yo creo que solo se han pintado la cara de otro color. No han condenado nada y siguen recibiendo a los presos que salen de la cárcel con el txistu y el tamboril”. Vela tampoco se fía: “Me sorprende la jugada de Bildu. No sé qué andarán buscando, pero hay que decirles que para entrar en el juego político primero tendrían que pedir perdón de verdad y reconocer el daño causado. Aquí tan culpable era el que apretaba el gatillo como el que decía a quién había que dispararle”.

Mikel Torres, que además de alcalde de Portugalete es el secretario general de los socialistas de Bizkaia, coincide con su colega de Irún y con los otros entrevistados en que EH Bildu todavía tiene que recorrer un largo camino.  —Han pasado 10 años desde el final de ETA y la izquierda abertzale no ha dado todavía los pasos necesarios.  —Hay que dar menos importancia a sus votos. Ya sean a favor o en contra. La bronca en el Congreso alimenta a Bildu. (El País, 22-11-20).

Aprobada la ley Celaá por 177 votos a favor, con el apoyo del PNV, ERC y grupos minoritarios. Es la octava ley de educación, que, una vez más, se aprueba sin consenso de los principales partidos. La oposición dice que la recurrirá al Tribunal Constitucional y protesta en el Congreso gritando «libertad». El uso del castellano como lengua vehicular, los nuevos requisitos a la enseñanza concertada y la no evaluación de la asignatura de religión, algunos de los puntos más discutidos. Se excluye «la demanda social» como requisito para abrir nuevos centros o para que aumente el número de plazas.

Grupos defensores de la concertada se manifiestan en las calles. 22-11-2020.

Soledad Gallego comenta la ley Celaá y la actuación de Unidas Podemos en la enmienda a los presupuestos en su artículo «El retroceso de la culata» (El País, 22-11-20), en el que dice que cualquier supuesto avance de la izquierda origina una reacción a medio plazo en la derecha (el retroceso de la culata al disparar) y añade: «La ley contiene, sin duda, aspectos positivos que podrían ayudar a mejorar la calidad y la solidez de la educación en España y que no deberían ser objeto de un rechazo sectario. Contiene también un problema estrictamente político, la desaparición del castellano como lengua vehicular en toda España, algo que, en manos de esos partidos, se convierte en el retroceso de una culata. El castellano no necesita que se le defienda como lengua vehicular en Cataluña, pero su desaparición como tal no es consecuencia de un problema lingüístico ni educativo, sino político. Y no sirve de gran cosa negar ni ocultar que es un objetivo del independentismo catalán, que será presentado y utilizado por ellos mismos de esa forma en los próximos años y que alimentará al nacionalismo español.» 

El Congreso da luz verde con 262 votos a favor a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las Pensiones. Su actualización con el IPC, la eliminación del presupuesto de la Seguridad Social de los gastos impropios, que financiará el Presupuesto del Estado, y el fomento de la jubilación más tardía son algunas de las recomendaciones principales. 19-11-2020.

La RAE pide que la ley de educación no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio. Vargas Llosa dice que eliminar de la ley el carácter vehicular del castellano es «una idiotez sin límites». Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dice que la Ley Celaá no va a cambiar la situación del castellano en España. «Yo creo que esta ley no va a suponer ningún problema para el español. Los problemas políticos vienen de antes de esta ley. La Constitución Española tiene un artículo muy claro que habla de la obligación y el derecho de todos los españoles a conocer la lengua española. Es un artículo que no se toca y que nadie está tocando. Después las distintas políticas que cada autonomía quiera hacer en torno a su idioma… La verdad es que son responsabilidad de esas autonomías», aseveró. También recalcó su defensa del bilingüismo, que en su opinión es una de las grandes riquezas de este país: «Lo que insistimos tanto en Estados Unidos como en Baleares como en Cataluña es que ojalá se den cuenta las sociedades de la riqueza que es el bilingüismo (…) Desde luego me parece un empobrecimiento de la sociedad catalana que siendo bilingüe y teniendo como propia la segunda lengua del mundo pues quien quiera rechazarla está haciendo mucho daño a Cataluña». 19-11-2020.

Pérez Royo comenta las críticas de la derecha a Bildu, que se ha sumado al rechazo a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, en su artículo «Los puntos sobre las íes». El autor sostiene que Bildu es un partido legal, que no se ha apartado del ordenamiento constitucional desde su inscripción como partido político. 19-11-20.

León Gross escribe «Iglesias: vicepresidente de Oposición» (El País, 20-11-20), y dice que Iglesias maniobra desde el gabinete con deslealtad -previsible, como ya intuyó el presidente confesando aquel “no dormiría tranquilo…”- para tener las ventajas de ser Gobierno y oposición, de ser sistema y antisistema, poder y contrapoder.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO.- ERC logra el apoyo de Unidas Podemos y Bildu para presentar una enmienda al proyecto de presupuestos del gobierno de coalición dirigida a establecer una moratoria en la medida en vigor hasta el 31 de enero, para evitar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma y el corte de suministros hasta diciembre de 2022. ERC dice que buscan doblegar y torcer la mano al Psoe, que no quiso incluir la cuestión en el proyecto de presupuestos porque ya hay otras normas previstas sobre la materia. 18-11-2020

La iniciativa causa malestar en miembros del gobierno del Psoe porque U.P., después de negociar y cerrar ambos socios el proyecto de presupuestos, le presiona ahora con otros grupos parlamentarios. Calviño acusa a Unidas Podemos de crear un conflicto y otros miembros del Psoe hablan de actuación desleal pues habían acordado no presentar enmiendas no pactadas por los dos socios y tratar el tema en la ley de vivienda. La oposición ataca al gobierno por apoyarse en los herederos de ETA. 19-11-20.

Arrimadas exige rectificar la reforma de la ley de Educación en lo relativo al castellano, si se quiere su apoyo. 18-11-2020.

Rechazadas con 198 votos en contra las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a los Presupuestos. ERC y Bildu, de un lado, y Ciudadanos, de otro, condicionan su apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno no se apoye en el otro frente. Ciudadanos no quiere ir en un bloque con Bildu y ERC. Estos no quieren figurar con Ciudadanos. No se habla de contenidos concretos, los vetos se producen entre fuerzas políticas con las que no se quiere coincidir en el apoyo a los presupuestos, aunque se trate de fuerzas parlamentarias legales. En un momento de extrema gravedad es necesario que los presupuestos cuenten con el más amplio respaldo posible por sus contenidos, no por quién los apoya. Algunos medios critican que Unidas Podemos quiera echar a Ciudadanos del apoyo a los presupuestos. El Psoe dice que no ha pactado con Bildu, que solo ha recibido sus votos para que la tramitación de los Presupuestos siga adelante. Ciudadanos quiere que el Psoe se comprometa a no conceder indultos a los condenados del procès. El sector histórico del Psoe y algunos ‘barones’ rechazan todo acuerdo con Bildu, porque no ha condenado la actividad terrorista de ETA. 13-11-2020. El PP acusa al gobierno de blanquear a un partido heredero de ETA y vuelve a hablar de las víctimas. Pablo Iglesias considera una buena noticia el apoyo de EH Bildu a los presupuestos y añade que la decisión «demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con las políticas de izquierdas» y que de esta manera, «el bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado». 19-11-20.

Gil Calvo escribe «El servidor infiel» (El País), artículo en el que dice que ante la involución antiliberal que afecta al partido republicano EE. UU. corre peligro, pues no puede haber democracia sin demócratas. Y luego comenta indicios de esa involución que aprecia en Europa y España, y al referirse a la relación entre Sánchez e Iglesias se pregunta ante el creciente protagonismo de Iglesias: ¿Le está marcando Iglesias a Sánchez su agenda antiinstitucional, como temen los socialistas? 17-11-20.

REFORMA DE LA LOE (LEY DE EDUCACIÓN de la ministra Celaa.- Polémica por la eliminación, en la Comisión de Educación del Congreso (que ha analizado las enmiendas parciales al proyecto de la LOMLOE), de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular en la enseñanza, una enmienda transaccional entre los grupos de Psoe, Unidas Podemos y ERC, criticada por la oposición y por sectores del Psoe. También se incluye otra enmienda a la LOMLOE que establece la no separación por sexos en los centros financiados con fondos públicos. Echenique dice que antes de la LOMCE (ley Wert) no aparecía como lengua vehicular. La enmienda dejaría en manos de las Comunidades determinar cuál es la lengua vehicular, es decir, la lengua en la que se enseña cuando existen varias lenguas maternas entre los alumnos y deja sin apoyatura legal los recursos ante los tribunales para exigir que los alumnos reciban la enseñanza también en castellano, al menos en un determinado porcentaje. Sobre este tema ya se pronunció el Tribunal Constitucional diciendo que el castellano es lengua vehicular en todo el Estado, pero la realidad en Cataluña es otra: la única lengua vehicular de hecho es el catalán. Hay contradicción entre la jurisprudencia del TC y la ley catalana que dice que la lengua vehicular en Cataluña es el catalán, pero nadie ha recurrido esta ley ante el TC. Ahora ERC plantea otra exigencia más a cambio de apoyar los Presupuestos de Sánchez y, al ceder éste, se apunta un tanto simbólico con pocas consecuencias prácticas, al menos a corto plazo, y a costa de remover un tema siempre delicado porque afecta a sentimientos de identidad. En cualquier caso, el español, lengua del Estado, no se está utilizando como lengua vehicular en Cataluña, lo que es una anomalía. 13-11-2020.

Vidal Folch escribe el artículo «Visca el català» (16-11-20) en el que dice que la convivencia de lenguas en la democracia española es un éxito. No asistimos ni a la decadencia del castellano en Cataluña ni a la desaparición del catalán. Se ha expandido el número de los que las hablan y no hay menoscabo mutuo; ambos idiomas son ganadores. Las fricciones han sido muy pocas. Las batallas políticas sobre la lengua suelen ser miserables y se empeñan en dividir a la ciudadanía. 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Complutense, escribe en El País (13-11-20) el artículo «La escuela de la ciudadanía». En él dice: «Más que preocupante resulta la supresión del mandato de covehicularidad en las comunidades con lengua propia. Es de toda lógica que la cooficialidad de las lenguas exige la covehicularidad en la escuela, ya que la lengua es el primer objetivo, el medio dominante y el principal producto de ésta, y que la promesa de que los alumnos saldrán de la escuela dominando las dos lenguas sólo es un brindis al sol; si con eso bastara, ¿por qué no permitir la escolarización en casa de los alumnos cuyas familias puedan asegurarles el mismo nivel que la escuela? La respuesta viene sola: convivencia, socialización, los iguales… o sea, la ciudadanía. Negar al español la condición de lengua vehicular en las escuelas de Cataluña es un mensaje granítico: aquí sólo somos y formamos catalanes. Está por ver su alcance jurídico: llegó con la LOMCE, no estaba en la LOE, luego mal podrá apreciar inconstitucionalidad el Alto Tribunal si no lo hizo entonces. No hay sombra de duda de que el Constitucional ha dicho y repetido que cooficialidad significa covehicularidad, aunque pueda modularse a favor de la lengua más vulnerable; pero el Tribunal lo ha dicho, la Generalitat ha desobedecido, la Alta Inspección no estaba y los Gobiernos de España, casi siempre necesitados de unos pocos votos nacionalistas, se han puesto de perfil: la ciudadanía por un plato de lentejas. Con la letra de la ley en la mano, esta (re)omisión no blinda, como se afirma, la sumersión —mal llamada inmersión— lingüística, pero no hay duda de que quiere hacer cambiar el espíritu ni de que debilita a quienes reclaman una escuela bilingüe, deslegitima a los constitucionalistas y enardece a los nacionalistas.»

LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN.- El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento de actuación contra la desinformación, dirigido a hacer frente a campañas de desinformación por medio de noticias falsas, a la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios. La Orden de 30-10-20 recoge el procedimiento. Se crea un órgano de supervisión de la información, la Comisión permanente contra la desinformación, que suscita un vivo debate sobre si puede afectar a la libertad de información, la falta de independencia de ese órgano dependiente del gobierno y la falta de concreción sobre sus cometidos, lo que puede crear inseguridad jurídica. La oposición habla de un «ministerio de la verdad» orwelliano que determinaría qué noticias son o no falsas. La iniciativa se enmarca en un Plan de acción de la Unión Europea para luchar contra la desinformación por el que los Estados establecerán medidas para contrarrestar las noticias falsas, las campañas de desinformación y la injerencia en procesos electorales por parte de países extranjeros. Durante la pandemia también se ha dado la difusión de noticias falsas que afectan a la salud de los ciudadanos. La Comisión Europea no ve motivos de preocupación en el Procedimiento adoptado por el gobierno, que se adecua a los planes de la U.E.

Bernardo de Miguel informa en El País de que «El visto bueno europeo al sistema español contra la desinformación llega tras las quejas del PP y Ciudadanos, que acusaron al Gobierno de crear un “Ministerio de la Verdad” para decidir sobre los contenidos informativos y marcar la actuación de los medios de comunicación. Johannes Bahrke, portavoz de la Comisión Europea, recordó que la orden se limita a “actualizar el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y establece las estructuras de coordinación”. En su opinión, el protocolo español “provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción [Europeo] contra la Desinformación de 2018”.

Analistas dicen que compartiendo los objetivos de la Orden es conveniente aclarar algunos extremos tales como cuál será la intervención del organismo creado en caso de detectar una campaña de desinformación, o por qué no se da participación a otros poderes del Estado como el judicial y el parlamento, o incluso a expertos independientes. 7-11-20.

Soledad Gallego en su artículo «Demasiadas autoridades competentes» (8-11-20) critica que hay demasiados organismos con competencia en la materia, que debería lucharse más contra los procedimientos de desinformación (por ejemplo, los robots que la difunden) que contra las opiniones que sustentan aunque sean repelentes, a contrarrestar mediante campañas institucionales que alerten a los ciudadanos del peligro, y que deberían concretarse las medidas de respuesta que se pueden dar, a la vez que apoyar las iniciativas de la sociedad civil y fortalecer el periodismo profesional en esta batalla contra un peligro que es real.

Lina Gálvez escribe el artículo «Contra la desinformación», en el que critica la campaña desatada contra la Orden del Gobierno, alineada con los criterios de la U.E. 15-11-2020.

***

Se aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. El PP se abstiene al no conseguir que dure 8 semanas. Vox vota en contra, como siempre. Díaz Ayuso sigue actuando como oposición al gobierno central y exige restricciones específicas para Madrid, que el gobierno admite para evitar otro choque. Casado recupera el tono de crispación una semana después de su discurso supuestamente moderado. Grupos violentos en contra del estado de alarma del gobierno causan destrozos en las calles de algunas ciudades. 31-10-2020.

Casado sale reforzado de la moción de censura de Vox, pero cabe preguntarse si ahora contribuirá a desbloquear la renovación del Poder Judicial, y de otros órganos constitucionales, que estuvo a punto de cerrarse este verano, cuando Casado echó el freno, y sobre qué bases lo hará. Y si moderará el tono bronco empleado contra el Gobierno desde su constitución. El gobierno ha de preguntarse si es posible volver al punto en que se dejó la negociación (10 puestos propuestos por cada partido, Psoe y PP y voto de calidad del presidente propuesto por el Psoe) después de que Bruselas y el Consejo de Europa hayan abogado por la despolitización de la elección de los miembros del CGPJ. Si hay voluntad el acuerdo está cerca sobre las bases anteriores. Si el PP insiste en la elección por los jueces la negociación tendría que empezar desde cero y quizá habría que buscar otras vías. La imagen de que los partidos quieren controlar el Consejo y su división en dos bloques cerrados (progresistas y conservadores) no es buena cuando se habla de la Justicia, aunque aparezca con frecuencia en los medios. Otros temas de Estado en que hacen falta acuerdos de los principales partidos son la lucha contra la pandemia (estado de alarma) y la recuperación de la economía con los fondos europeos. 23-10-2020.

DOS AÑOS DE BLOQUEO DE LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.-

Pedro Sánchez en su intervención en la moción de censura aparca su reforma del poder judicial para dar una oportunidad a la negociación con el PP. El PP pone condiciones: que se retire la reforma, que no esté Podemos y que se despoliticen el Poder Judicial y la Fiscalía. 22-10-20.

Bruselas considera que la suspensión de la reforma del poder judicial es un paso en la buena dirección.

Bustos propone en su artículo «Un sorteo para los candidatos cualificados al Consejo General del Poder Judicial» ir a un nuevo sistema como el sorteo entre candidatos cualificados y legitimados para evitar la dependencia de los partidos o de corporaciones de jueces. 26-10-20.

Manuel Aragón escribe «La Constitución no lo permite», en relación con la reforma del sistema de elección del CGPJ presentada por los grupos parlamentarios de Psoe y Unidas Podemos. 15-10-20.

El Consejo de Europa advierte a España sobre la reforma del Poder Judicial: va en dirección contraria a las recomendaciones y normas anticorrupción del Consejo de Europa que busca reducir la influencia política sobre los órganos de gobierno de los jueces. La mitad de sus miembros deberían ser elegidos por los jueces, dice el Consejo. Hace unos días (15-10-20) la Comisión Europea también mostró su preocupación por esta reforma e insistió en que el CGPJ debía renovarse con urgencia. 21-10-2020.

Pedro Cruz Villalón escribe sobre este tema en su artículo «Polonia, ¿distinta y distante?», en el que dice que Europa va a estar atenta a esta reforma del poder judicial, ya que los jueces españoles son jueces de la Unión Europea y deben aplicar de manera homogénea el Derecho Europeo, de ahí que el gobierno de los jueces (que tiene capacidad disciplinaria y de nombramiento) deba ser independiente del parlamento y del gobierno. Estaría muy equivocado quien pensara que a Europa le sería indiferente el que esta modificación legislativa llegara a prosperar sorteando los preceptivos dictámenes internos mediante una argucia parlamentaria. 21-10-20.

Enric Juliana analiza las consecuencias de la moción en su artículo «Bruselas gana la moción». «Abascal sale humillado de la moción, pero no es probable que Vox rompa con el PP», dice, y añade «La política europea impone su reglas en el agresivo debate español». 23-10-20.

MOCIÓN DE CENSURA AL GOBIERNO PRESENTADA POR VOX.-

Vox se queda solo con sus 52 votos en la moción de censura, que queda rechazada con 298 votos en contra.

Reacciones al no de Casado en la moción de censura, en la prensa de derecha. 24-10-20.

El PP vota ‘no’ en la moción de censura de Vox. Casado se desmarca en su discurso de la ultraderecha, enfadado por la maniobra contra el PP que supone la moción y resalta el proyecto constitucional y de concordia del PP frente a la política de exclusión y ruptura de Vox: «Hasta aquí hemos llegado», «Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata», dice. Luego le acusa de incapacidad para plantear una alternativa creíble y de favorecer al gobierno debilitando a la única alternativa posible: «Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino en Moncloa». «Ahora lo que quiere no es cambiar el Gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP.» sus votantes «no merecen ser utilizados para una agenda que aleja la gran alternativa centrada y ganadora que España necesita. Estoy seguro que no era eso lo que querían», «usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua», «Son ustedes la derecha que más le gusta a la izquierda, y eso es ya todo lo que ya son», «votaremos ‘no’ porque decimos no a la ruptura que usted busca; no a la polarización que usted necesita, como Sánchez; no a esa España a garrotazos en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo; no a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita, de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman». «El camino de ceniza y ruina por el que pretenden medrar solo nos conduce a un país de bandos y rencores. Ya hemos estado ahí, y no queremos volver.» 

Abascal, perplejo y tocado, lamenta las descalificaciones personales de Casado, que no esperaba, y le recuerda que muchos de sus votantes querían que apoyara la moción. Iglesias le dice a Casado que ha hecho un discurso brillante, de corte canovista, pero que llega tarde porque ha dado alas a la ultraderecha al apoyarse en Vox para gobernar en algunas autonomías.

Algunos partidos han moderado sus expresiones para evitar un ambiente de bronca, que la opinión pública ha criticado con reiteración en los últimos tiempos. 22-10-2020.

Sánchez en su intervención aparca su reforma del poder judicial para dar una oportunidad a la negociación con el PP. El PP pone condiciones: que se retire la reforma, que no esté Podemos y que se despoliticen el Poder Judicial y la Fiscalía. 22-10-20.

 

Los partidos que apoyaron la moción de censura del Psoe firman un Manifiesto en contra de los discursos de odio y a favor de los derechos humanos y la justicia social. Y piden que se sancionen estos discursos en el parlamento. 21-10-20.

De la triple crisis que vive España, a la que nos referimos en nuestro último boletín (14-10-20), también trata Andrea Rizzi en su artículo «Un incendio en el viaje europeo al fin de la noche: es España», en el que habla de la preocupación que hay en Europa sobre la situación actual de España. «El incendio del impacto brutal de la pandemia tanto en la primera ola como en la segunda, de la peor contracción del PIB de las economías avanzadas —retroceso del 12,8% este año, según el FMI— y de un clima político luciferino. Por tercera vez en una década (rescate de 2012, referéndum en Cataluña de 2017), España vuelve a ser protagonista continental problemática, atrayendo una atención no deseada y por momentos maligna», dice el autor. 17-10-2020.

En la última encuesta del CIS los ciudadanos señalan como problema importante el mal comportamiento de los políticos en la situación actual, dice Arsenio Escolar en su artículo «Los políticos como problema, y ahora grave». Añade que vivimos una de las peores épocas de confrontación entre políticos cuando deberíamos unir fuerzas contra la pandemia. 20-10-20.

Cebrián escribe «Estado fallido y estado de derecho», donde dice que pese a la lamentable gestión de la pandemia y de la economía, y el barullo ocasional del régimen autonómico, no puede hablarse de fracaso de la Constitución, como anhelan algunos, ni de Estado fallido. Pero advierte de que de aprobarse el proyecto del gobierno de reforma de la elección del Poder Judicial se vulneraría gravemente la separación de poderes y el Estado de derecho. 19-10-20.

La moción de censura de VOX, más propagandística que efectiva, busca potenciar el liderazgo de Abascal en la derecha y frente al gobierno, dejando al PP en la tesitura de votar que no (le acusarían de apoyar al gobierno) o abstenerse (le achacarían mantener una postura tibia frente a la más decidida de Vox en su oposición al gobierno «socialcomunista»). Se trata de una iniciativa que servirá para vivir más sesiones de bronca en el Congreso. 19-10-20.

Vidal-Folch dice en su artículo «Jueces fuera de la ley (y de la honestidad)», que los miembros del CGPJ cuyo mandato expiró hace 2 años deberían haberse ido a su casa y que su continuidad es un incumplimiento de la ley y una falta de honestidad. 19-10-20.

Ignacio Camacho escribe «El gobierno de la gente», donde ironiza sobre que la forma de estado sea un debate que está en la calle (Irene Montero: hay un debate evidente sobre la utilidad de la monarquía). Preocupa a un 1,1 % de los españoles según el sondeo del CIS; está en el puesto 21 de sus preocupaciones, dice el autor. 19-10-20.

Sánchez dice que la renovación del Poder Judicial se puede negociar desde este momento sobre la base de las condiciones habladas en julio (10 vocales para cada bloque y el presidente progresista), y que, en tal caso, la reforma queda aparcada, pero Casado condiciona la negociación a que se deje fuera de ella a Unidas Podemos, a la vez que presenta su propia propuesta (que los miembros del CGPJ los elijan los jueces). Bruselas sigue atentamente este tema, que ve con preocupación porque la elección de los miembros del poder judicial quedaría en manos de la mayoría del gobierno, después de que Casado lo llevara a Europa acusando al gobierno de pretender controlar la Justicia. En contra de la reforma se han pronunciado tres de las cuatro asociaciones de jueces. Algunos dicen que la propuesta del gobierno no es constitucional. 17-10-20.

¿Es posible otra forma de hacer política?, escribe Urquizu, que analiza en este artículo el clima de crispación de nuestra vida política en los últimos años, fuente de desafección y desánimo de los ciudadanos, que son partidarios de acuerdos para abordar los graves problemas actuales. 7-10-2020.

David Trueba también reclama otra forma de hacer política en su artículo «El juego sucio». 13-10-20. Y Anabel Díez escribe «Salvado el decoro el enfrentamiento crece», aludiendo a una de las semanas más crispadas de esta corta legislatura. 13-10-20.

Plácido Fernández-Viagas escribe «El golpe de Estado», artículo en el que dice que el gobierno de Sánchez, consciente o inconscientemente está llevando a cabo la demolición del régimen del 78, del pacto social que dio lugar al nuevo Estado.  Cita como ejemplos el veto a la visita del rey a Cataluña para entregar los despachos a los nuevos jueces, los indultos a los condenados por el procès y prescindir de la Ley de Amnistía. 30-9-2020.

El gobierno busca renovar 12 puestos de jueces en el Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de una mayoría cualificada (3/5) en el Legislativo, bastaría la mayoría absoluta, y que el Consejo no pueda hacer nombramientos, como viene haciendo, estando en funciones por haberse agotado el mandato de cinco años. Con ello responde al bloqueo de su renovación que mantiene el PP desde hace casi dos años. 9-10-2020.

Estamos al borde de ser un estado fallido, dice Fernando Jáuregui en la entrevista de 20minutos, aludiendo a la situación política de España. Acaba de publicar su libro «La ruptura», un libro de memorias en el que «analiza nuestra realidad actual con una crudeza que pone los pelos de punta». Dice que muchos periodistas y los gobiernos conocían las andanzas del rey emérito, pero miraron para otro lado. Y entre silencios y complicidades y guiños, pues mira lo que tenemos. Un barrizal, que viene de aquellos polvos de entonces y de después. Ahora vivimos sobre arenas movedizas. Yo estaba convencido de que aquello acabaría saliendo, porque en España todo sale. Pero no con esta virulencia y estos resultados tan tremendos. La salida de España del rey emérito es una de las catástrofes peor organizadas que yo he visto en 50 años. 6-10-2020.

Muñoz Molina escribe «La otra pandemia», un demoledor artículo en el que critica la incompetencia, corrupción, clientelismo e irresponsabilidad de parte de nuestros políticos, capaces, si no hacemos algo, de hundirnos a todos. «A cada momento la política española se va volviendo más tóxica que el virus de la pandemia. Día tras día, desde principios de este septiembre desolador, las noticias sobre el aumento de los contagios y las muertes las hemos visto agravadas por el espectáculo cochambroso de la discordia política, de la ineficacia aliada al sectarismo, de la irresponsabilidad frívola que poco a poco va mutando en negligencia criminal», dice el autor. 27-9-2020.

«Juan Carlos I como chivo exculpatorio», se titula el artículo que escribe Manuel Cruz en el que analiza la conducta del rey emérito desde el punto de vista de la responsabilidad (que lleva a aplicar sanciones en su caso y a reparar en lo posible el daño causado) y el de la ejemplaridad (que a su juicio se puede ventilar con pedir perdón por los errores cometidos, como en el caso de Bostwana, y que tiene un alcance individual, no transferible, que se centra más en el quién que en el qué, que en los hechos). Este segundo enfoque puede llevar a que el rey emérito se convierta en el chivo expiatorio en el que concentrar de manera casi exclusiva unos vicios que muchos otros comparten en nuestra sociedad, exculpando a cuantos han participado en la corrupción política. El autor valora la sanción simbólica que ya ha supuesto su salida de España («un humillante deshonor» para quien ha sido rey), y el trato recibido en el espacio público, sin perjuicio de que también pueda exigírsele en su momento que responda de sus obligaciones fiscales. 29-9-2020.

Confirmada la inhabilitación de Quim Torra por el Supremo por desobediencia a la Junta Electoral, al negarse a quitar las pancartas de la sede de la Generalitat que pedían libertad a los presos políticos en plena campaña electoral vulnerando la obligada neutralidad institucional. Torra acata la decisión y llama a la ciudadanía a hacer realidad la ruptura democrática y hacer de las elecciones un nuevo plebiscito. Pere Aragonés, vicepresidente, lo sustituye en la presidencia de la Generalitat de forma interina y en funciones. Las elecciones catalanas podrían celebrarse a principios de febrero. Torra se marcha sin haber conseguido avanzar en el procès. El balance de su gestión confirma que ha sido un activista, no un gobernante, que a las órdenes de Puigdemont ha utilizado la Generalitat para intentar mantener vivo mediante gestos simbólicos el proyecto de independencia unilateral, sin haber conseguido nada. 28-9-2020.

El Gobierno no explica por qué no autorizó la presencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El presidente del CGPJ comenta que el Rey le ha dicho que le hubiera gustado asistir al acto, poniendo en evidencia que ha habido un desacuerdo entre la Corona y el gobierno, algo que normalmente no se exterioriza. La oposición critica al gobierno porque lo considera una muestra más de que el gobierno cede a las exigencias de los independentistas. Alberto Garzón y Unidas Podemos critican la llamada del Rey a Lesmes. Éste también criticó la decisión del gobierno poniendo de relieve en el acto el vínculo constitucional del Rey y el Poder Judicial. 26-9-2020.

El ministro de Justicia alude varios días después a la inminente sentencia sobre Torra y a la conmemoración del 1 de octubre como contexto que justificaba la no asistencia del rey. El gobierno, que pidió a Lesmes que retrasara el evento, debe proteger a la institución y velar por la convivencia, ha dicho. La oposición pedirá explicaciones en el Congreso. 28-9-2020. La oposición critica a Sánchez en un bronco pleno que no defienda la monarquía de los ataques de miembros de sus socios de gobierno. El ministro de Justicia dice que él defiende la monarquía parlamentaria, la Constitución y la justicia. 30-9-20.

El Gobierno va a iniciar la tramitación de los indultos a los presos del procès, anuncia en el Congreso el ministro de Justicia. Casado dice que es el precio a pagar por la investidura y el apoyo de los independentistas a los presupuestos. 23-9-2020.

Acuerdo entre agentes económicos y sociales y Gobierno para regular el teletrabajo. Por decreto-Ley se regulará esta modalidad de trabajo, que tendrá carácter voluntario (requerirá un acuerdo previo de las partes del contrato), se aplicará cuando se realice a distancia un 30 % de la jornada y habrán de concretarse el horario y los medios y equipos necesarios para desarrollar el trabajo, los gastos en que incurra el trabajador y su compensación. El teletrabajo se ha extendido durante la pandemia y el Ministerio de Trabajo quería aprobar reglas más claras y extensas que las actuales. 22-9-20.

Tensión en la fiscalía por las declaraciones del teniente fiscal contra dos fiscales que intentaron influir en su decisión de pedir el archivo de las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de la pandemia. Les acusa de actuar por motivaciones ideológicas al tratar de influirle para que siguiera adelante con las querellas. Luis Navajas llegó a la conclusión de que no es posible atribuir al Ejecutivo los miles de delitos de homicidio o de lesiones que les imputan algunos de los querellantes, Vox entre ellos, y calificó de “idónea o, al menos, razonable” su gestión durante la pandemia. 21-9-2020.

El Gobierno pierde la votación del decreto-ley sobre utilización del superávit de los Ayuntamientos. Pablo Casado dice que es una muestra de la debilidad del gobierno y de su incapacidad para conseguir más apoyos. Por su parte, el PP se está viendo afectado por la Operación Kitchen de espionaje policial ilegal al extesorero Bárcenas. 12-9-2020.

Pablo Casado le dice a Pedro Sánchez que no cuente con el PP para la aprobación de los Presupuestos ni para la renovación de los órganos constitucionales. Esta renovación es una obligación constitucional del Parlamento y, por tanto, de los partidos mayoritarios (se requieren 3/5 de diputados), pero se viene demorando desde hace un año y nueve meses en el caso del Consejo General del Poder Judicial, lo que constituye una mala noticia para el correcto funcionamiento de las instituciones.

El PP sigue apostando por aprovechar cualquier oportunidad para forzar unas nuevas elecciones dadas las dificultades que encuentra el gobierno para alcanzar la mayoría necesaria para aprobar sus propuestas. Así, no apoyó la prórroga del estado de alarma en alguna de las votaciones pese a que la medida seguía siendo necesaria para frenar la curva de contagios por el coronavirus, que estaba disparada. El gobierno negocia con Ciudadanos su apoyo a los Presupuestos ante la retirada del apoyo de ERC, pendiente de la convocatoria, también demorada, de las elecciones catalanas por Quim Torra. 7-9-2020.

Ver noticias anteriores en la sección La XIVª legislatura (marzo-agosto de 2020).

❝ ❞