Tribunales

El Tribunal Constitucional avala en una próxima Sentencia las devoluciones en caliente de migrantes que saltan la valla o traspasan la frontera irregularmente, así como casi la totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana. Su decisión sobre las devoluciones se apoya en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de febrero pasado que sostuvo el mismo criterio y que comentamos en su día en esta Web.  Fernando Valdés, magistrado recientemente dimitido, quiso restringir estas devoluciones a los asaltos masivos y con violencia, pero la mayoría del Tribunal no ha acogido esas restricciones. Los socios del gobierno de coalición han mantenido discrepancias en este asunto. Estas devoluciones se vienen haciendo desde finales de los noventa. La Comisión Europea ha presentado en septiembre su propuesta de Nuevo pacto sobre Migración y Asilo. 16-11-2020.

La sentencia avala que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España”, pero siempre que se den tres requisitos: aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales. Estas acotaciones dejan fuera las expulsiones en grupo y en la medida en que obliga a un tratamiento individualizado bajo control judicial, cabe interpretar que exige identificar a los inmigrantes y garantizar que podrán tener derecho a una tutela judicial efectiva, cosa que no ocurre en muchas de las expulsiones sumarias (El País, 21-11-20).

García Juliá, uno de los ultraderechistas autores de la matanza de Atocha de enero de 1977 (abogados laboralistas) sale de prisión al obtener de la Audiencia Provincial de Ciudad Real una liquidación de condena que le exime de cumplir los 10 años que le quedan. 19-11-20.

El Supremo pide autorización al Congreso para investigar al Secretario de Organización de Unidad Podemos y parlamentario, Alberto Rodríguez, por agresión a un policía durante una movilización en 2014. 

El Ministerio de Justicia impulsa un anteproyecto de modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales se hagan cargo de la instrucción de las causas penales dirigiendo e impulsando la investigación penal. El juez pasaría a ejercer una función de garantía imparcial de los derechos y pretensiones de las partes. La objeción a este cambio es que la fiscalía no es plenamente independiente del gobierno (este nombra al Fiscal General del Estado y los fiscales están sujetos a un principio de jerarquía), como sí lo son los jueces, por lo que habría que reforzar su independencia. Para ello se restringe la intervención jerárquica de los órganos directivos de la fiscalía a supuestos excepcionales en que haya discrepancia en los equipos de fiscales que llevarán a cabo la investigación. Partidos y sindicatos no podrán ejercer la acción popular en casos de corrupción política. El cambio sería efectivo a los 3 años de la aprobación de la reforma. Gobiernos anteriores también se plantearon esta reforma, pero no la llevaron a cabo. 19-11-20.

El Supremo mantiene con pocos cambios las condenas de la Audiencia Nacional en el primer juicio del caso Gürtel (la trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas de Correa, Bárcenas y otros cargos del PP) y dice que el PP se benefició a título lucrativo de la actuación de esa trama, por lo que debe devolver el dinero del que se benefició; añade que no se juzgaba en esta causa la financiación ilegal o la caja B del PP, ya que fue traído a ella como partícipe a título lucrativo y no como responsable penal. El PP dice que la moción de censura de Sánchez se basó en una falsedad. Los partidos de la moción de censura dicen que el Supremo ha confirmado la corrupción del PP. Más información en el enlace en azul. 14-10-2020.

El juez García Castellón pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias (vicepresidente 2º del gobierno, aforado) por, supuestamente, haber accedido a datos y fotos de carácter personal de la tarjeta del móvil de su exasesora (Dina), que retuvo durante meses, habérsela devuelto más tarde dañada y haber simulado un delito en relación con el robo del móvil y posterior publicación de datos del móvil en un diario digital, para utilizarlo con fines electorales. El móvil fue robado en noviembre de 2015 (supuestamente por alguien del entorno de Dina por despecho), se entregaron datos a Okdiario, que los publicó, y luego la tarjeta la entregó el presidente del Grupo Zeta a Iglesias, que la mantuvo en su poder. El juez traslada su sospecha de que Iglesias se quedó la tarjeta porque comprobó que había capturas de pantalla de grupos de mensajería donde aparecía él (comentarios sobre Mariló Montero). Al parecer Interviú compró la tarjeta del móvil a Okdiario con la intención de publicar las imágenes de Dina, lo que finalmente no hizo, pero entregó los datos a Villarejo, según declaró éste al juez. Descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación o denuncia falsos/simulación de delito, son los cargos. El primero requiere de la denuncia de la persona agraviada, que no se ha producido. La exposición razonada incluye a otros miembros de Podemos (letrados), y entre ellos la propia Dina. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió recientemente devolver a Iglesias la condición de perjudicado en esa causa, condición que el juez García Castellón le había retirado, y resulta que Dina no ha denunciado a Iglesias por haber visto el contenido de la tarjeta. Según el juez, Iglesias y los letrados de Podemos presentaron la desaparición del teléfono de Dina como una operación para perjudicar a Podemos: “un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”. El juez admite que no hay una prueba directa de que Iglesias dañara la tarjeta. 7-10-2020.

El Tribunal Supremo falla que los repartidores (riders), repartidoresconductores de motocicletas o bicicletas, son asalariados, no autónomos. Estos trabajadores que trabajan para plataformas digitales como Glove y Deliveroo han venido siendo considerados como autónomos por las empresas (en realidad son falsos autónomos), pero el TS dice que existe una relación laboral pues la empresa es titular de los activos que son esenciales para realizar la actividad, tales como la propia aplicación, además de llevar a cabo una geolocalización permanente y una evaluación continua de la actividad del trabajador. El Ministerio de Trabajo se plantea hacer una propuesta de regulación de estas actividades a los agentes sociales y económicos. Los sindicatos consideran que esta sentencia es muy importante, pues dota de la protección de la legislación laboral a estos trabajadores. 24-9-2020.

El Consejo General del Poder Judicial aprecia anormal funcionamiento de la administración de Justicia por las dilaciones indebidas de la jueza Alaya en la instrucción del caso de la venta de los terrenos de Mercasevilla (se acusó de amañar el concurso para favorecer a la empresa que obtuvo la adjudicación), en el que todos los imputados resultaron finalmente absueltos. La jueza  no realizó ninguna actuación durante muchos meses en este caso, a la vez que instruía el caso de los ERE. Rodrigo Torrijos, imputado por la jueza y luego absuelto, dice que reclamará que la jueza abone la posible indemnización que obtenga de la administración. 18-6-2020.

El Tribunal Constitucional debate el recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana y busca un consenso entre las distintas posiciones que hay en su seno sobre las «devoluciones en caliente» en las fronteras de Ceuta y Melilla, y sobre las manifestaciones ante el Congreso. 19-6-20.

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