La labor de Felipe VI es calificada como buena o muy buena por el 42,5 % de los encuestados por 40dB para El País, mientras que el 33,7 % la considera normal y el 19 % mala o muy mala. Al 46,3 % le gustaría que la institución se mantuviera muchos o bastantes años, y al 41,7 % pocos años. El 41,1 % cree que el rey emérito debería haber permanecido en España, mientras el 13,6 % cree que ha hecho bien al trasladarse fuera del país. También son más lo que piensan que con su marcha busca protegerse frente a actuaciones judiciales (54,7 %) que los que piensan que protege a la institución (34 %). El 37,9 % cree que se le debería retirar el título de rey emérito sea o no imputado. En el enlace en azul puedes ver todos los resultados de la encuesta. 30-8-2020.
El Congreso aprueba el paquete económico, el sanitario y el europeo, pero no el paquete social de la Comisión para la reconstrucción al votar en contra PNV, Ciudadanos y ERC. Sánchez ha reprochado a Casado su inexistente aportación al acuerdo europeo del 21 de julio. 22-7-2020.
La Comisión para la reconstrucción económica y social concluye sus trabajos y vota sus conclusiones. Psoe y PP buscan llegar a acuerdos para que las conclusiones tengan el mayor respaldo posible. El documento base establece el refuerzo de la atención primaria, el impulso de la producción industrial nacional de material sanitario y un mecanismo de coordinación de los sistemas de salud, entre otros puntos. El acceso de la enseñanza concertada a las ayudas y el impuesto a las grandes fortunas divide a los partidos. 30-6-2020.
El PP vota a favor del decreto de ‘nueva normalidad’, que queda convalidado. 25-6-2020.
La Comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social puede alcanzar un acuerdo, pero este se reduciría al tema de la sanidad y la salud públicas. En otros aspectos las diferencias son mayores. Sánchez reprocha a Casado que le haya puesto dificultades en Europa al unirse a los países más duros que exigen a España condiciones para que lleguen las ayudas. 24-6-2020.
Psoe, PP y Vox votan en contra de constituir una comisión de investigación sobre los GAL (la guerra sucia contra ETA), con lo que la Mesa del Congreso rechaza la propuesta de los grupos nacionalistas e independentistas ( PNV, ERC, Jxcat, Bildu, Cup y BNG) por 6 votos contra 3. Pedro Sánchez defiende el papel de Felipe González en la modernización de España y Unidas Podemos se une a los grupos que pidieron la comisión tras los informes de la Cía de 1984, difundidos recientemente, que mencionan una «posible» implicación del gobierno socialista en la creación de los GAL en los 80. La justicia ya condenó en su día a Barrionuevo, Vera y al general Rodríguez Galindo, entre otros, por este asunto (el secuestro por error de Segundo Marey), pero no implicó a Felipe González, que declaró como testigo en el juicio ante el Supremo. Algunos analistas sostienen que el Ministro del Interior (Barrionuevo) no podía actuar en este tema de espaldas al presidente, pero se trata de una conjetura, no de un hecho probado, por lo que rige la presunción de inocencia. Otros citan el asesinato de Bin Laden durante la presidencia de Obama para decir que todo político tiene luces y sombras en su trayectoria, mientras Rodríguez Ibarra defiende en el artículo «La Cía y compañía», que está convencido de que González no promovió ni amparó a los GAL. Cita las declaraciones de este, que afirmó en su día que pudo volar en los 90 a toda la cúpula de ETA reunida en Francia, pero no lo ordenó. Y que jamás ordenó acciones ilegales contra miembros de ETA en el sur de Francia, que, además, eran negativas para la colaboración antiterrorista y las relaciones con este país. Ibarra pide en el artículo que pregunten a García Damborenea (n. 1940), secretario general del PSE entonces, también condenado por los GAL y que reconoció y justificó su implicación desde el inicio en la guerra sucia contra ETA, y apuntó que miembros del gobierno de González estaban al tanto, por lo que obtuvo una rebaja de la condena (fue expulsado del partido por sus duras críticas a la dirección y unos años después pidió el voto para el PP). Mediante los enlaces en azul puedes acceder a más documentos sobre este asunto.
En otro artículo, «El mundo al revés», Rodríguez Ibarra refleja que González le dijo en 1984 a Damborenea en una reunión, de la que existe un acta, que nunca permitiría actuaciones contrarias a la legalidad. 24-6-20.
Algunos (Rodríguez Ibarra entre ellos) se preguntan si traer a colación ahora este tema no forma parte de un intento más de erosión del «régimen» del 78 y de sus principales protagonistas vivos. Y recuerdan la confabulación que se urdió en los 90 (en palabras de Ansón, exdirector de ABC) contra el gobierno socialista y la Monarquía, para desalojar a González del poder. Otros dicen que la sociedad actual tiene derecho a saber toda la verdad. Cabe preguntarse si una comisión de investigación, más de 20 años después de haberse juzgado los hechos, serviría para saber algo más de lo ya sabido, como ha dicho Echenique. El informe de la Cía no aporta nada nuevo. La democracia española derrotó a ETA con los instrumentos del Estado de Derecho: la Justicia, las fuerzas de seguridad, la movilización social. La «guerra sucia», y otras prácticas ilegales, además de ir contra el Estado de Derecho, sirvieron para dar argumentos a los que legitimaban el terrorismo. 23-6-2020.
Decreto de Nueva Normalidad. El PP dice que el gobierno tiene que llamarlos si quiere que apoye el decreto de nueva normalidad, que ya cuenta con el apoyo de PNV y Ciudadanos para su convalidación por el Congreso. ERC no lo apoyará porque tiene el apoyo de C’s, partido que considera incompatible con ERC y porque el Ministerio de Sanidad se reserva algunas competencias. 23-6-20.
El gobierno negocia con los agentes económicos y sociales la prórroga de los ERTE.
El Ingreso Mínimo Vital sale adelante en el Congreso sin votos en contra. Vox se abstuvo y el PP votó a favor.
El Gobierno aprueba el Fondo COVID-19 de 16.000 millones para compensar el mayor gasto de las Comunidades Autónomas por la pandemia en sanidad y educación, así como la caída de ingresos por la reducción de la actividad económica. Ver el Real Decreto-ley 22/2020, por el que se crea el Fondo y se establecen los criterios de distribución. 17-6-20.
El PP pide al Gobierno ajustes en el gasto como condición para recibir fondos europeos. En Europa se une a los países que reclaman condiciones más duras. Considera que los ajustes permitirán crecer y recuperar empleo, en la línea de lo que hizo en 2012-2014. 17-6-20.
Los letrados del Congreso dicen que la inviolabilidad de Juan Carlos I extiende sus efectos a la etapa posterior a su abdicación porque es permanente y porque los hechos investigados proceden de la etapa en que reinaba (6-2014). Psoe, PP y Vox se oponen a que el Congreso investigue al rey emérito, como han pedido otros grupos, porque el legislativo controla al Ejecutivo pero no al jefe del Estado. Expertos distinguen entre inviolabilidad para exigir responsabilidades políticas e inviolabilidad penal. Consideran que esta última no existe tras la abdicación.
Ciudadanos discrepa del gobierno de coalición en las subidas de impuestos y el incremento del déficit pactado por Psoe y Unidas Podemos (tasa Google, impuesto a las transacciones financieras, incremento del IRPF a rentas por encima de 130.000 €, incremento del impuesto de Sociedades para grandes empresas). Si no se producen cambios no apoyará los Presupuestos de 2021 (Presupuestos para la reconstrucción nacional) para los que el Gobierno quiere contar con ellos e incluso con el PP. Por su parte, ERC no apoyará unas cuentas pactadas con Ciudadanos. 16-6-20.
La jueza de Instrucción nº 51 de Madrid archiva las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno en Madrid porque no había indicaciones sanitarias claras para prohibir el ejercicio del derecho fundamental de manifestación. Franco dice que la denuncia se puso con la intención de desgastar al gobierno de Sánchez, es decir, hubo un intento de utilizar políticamente a la justicia, e insiste en que ni las autoridades sanitarias de la Comunidad (con las competencias en materia de sanidad) ni las del Estado dieron ninguna indicación sobre el 8 de marzo u otras actividades sociales realizadas en la misma fecha, como partidos de fútbol, Ifema, transporte público, acto político de Vox). Y que la OMS no declaró la pandemia hasta el 11 de marzo.
La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, como ya hizo la Abogacía del Estado. Considera que el investigado carecía de competencias en materia sanitaria (correspondían a la Comunidad de Madrid) para valorar el alcance de la Covid-19 y decidir restringir el derecho fundamental de manifestación, cuando desde las autoridades sanitarias aún no se había pedido nada al respecto. Por su parte la Abogacía del Estado critica en un segundo escrito que la jueza y el Informe de la G. Civil (corregido) buscan indicios para fundamentar la acusación, que no existían cuando se puso la denuncia, por lo que no se debe continuar con las diligencias. En cambio, el forense dice que las autoridades tenían información suficiente a primeros de marzo sobre el riesgo que suponía la expansión del coronavirus. Un estudio publicado en Nature considera que el confinamiento ha salvado 450 mil vidas en España y más de 3 millones en los 11 países analizados. 9-6-2020.
Un fiscal del Supremo investigará las operaciones del rey emérito posteriores a su abdicación en 2014, por si pueden ser constitutivas de delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal. 9-6-20.
El Gobierno saca adelante por 177 votos a favor, 155 en contra y 18 abstenciones una 6ª prórroga del estado alarma. ERC se abstiene y Ciudadanos vuelve a votar a favor confirmando que, en su nueva estrategia (escribe Zarzalejos), ya no va en todo con PP y Vox. De nuevo una sesión bronca con peticiones de cese del Ministro del Interior por parte de varios partidos de la oposición por el asunto Pérez de los Cobos. La policía judicial no viene obligada a informar al político cuando el juez ordena el secreto de la investigación, aunque algunas instrucciones internas de 2012 y 2015 prevén que se de cierta información al responsable político (una breve reseña) antes de una operación con registros y detenciones que puede tener repercusión mediática. No es el caso, y en todo caso prima la orden del juez, aunque existe cierta práctica de facilitar información sucinta y superficial de las operaciones si no hay orden del juez en sentido contrario.
En este caso hay varias cuestiones a debate: si se solicitó información (así lo reconoce la nota del cese de la directora general de la G. Civil: «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones»; qué información se solicitó; y si se cesó a Pérez de los Cobos por no facilitarla. Aparte está el sesgo acusatorio que puede existir en el Informe de la G. Civil. El Ministro del Interior dice en el debate parlamentario del 3 de junio que el cese fue por la filtración a la prensa del Informe. Antes había dicho que solo se trataba de una remodelación de su equipo para reforzar la confianza. Y la directora general dice que ‘por no informar del desarrollo de las investigaciones’.
Dar distintas versiones de un hecho, aunque cada una fuera parte de la verdad, deja en una posición comprometida al que lo hace pues da la sensación de que oculta la verdad, o que miente, según dice la oposición. Hacerlo en sede parlamentaria es grave, además de una torpeza. La oposición está aprovechando estas incoherencias del Ministro, mientras Pérez de los Cobos se plantea recurrir contra su cese. El conflicto entre los responsables políticos del Ministerio y los mandos de la G. Civil viene de lejos (la detención de los CDR con explosivos en septiembre pasado). Los primeros quieren conocer todo lo relativo a las operaciones e investigaciones en marcha para no enterarse por los medios, pero los segundos están obligados a guardar la reserva que ordenen los jueces a la policía judicial. En un espacio intermedio se han movido las instrucciones internas. En este caso Marlaska dice que no pidió el contenido del Informe de la G.C. sino solo que se le comunicaran las actuaciones que se estaban llevando a cabo, y se sintió molesto por la negativa de De los Cobos y por la filtración del informe. De ahí la pérdida de confianza. Continuará. 4-6-2020.
La G. Civil corrige algunos errores del primer Informe, aunque mantiene su línea argumental. En un segundo informe utiliza unas manifestaciones fuera de micrófono de Irene Montero que dijo a ETB el 9 de marzo que podía haber asistido menos gente a la manifestación por miedo al coronavirus. El Informe añade que el Centro de Alertas podría no haberles entregado toda la información relevante solicitada, como, por ejemplo, los correos electrónicos de sus directivos. Margarita del Val, virología del CSIC, dice que el 8 de marzo no se tenía la información sobre el virus que se tiene hoy y que su incidencia en espacios abiertos fue menor que en espacios cerrados. 4-6-2020.
En la 3ª fase la autoridad delegada serán los presidentes autonómicos, a quienes pasarán las competencias ejercidas hasta ahora por el Ministro de Sanidad. Incluso podrán solicitar anticipar el final del estado de alarma. 31-5-2020.
Aprobado el Ingreso Mínimo Vital para familias en situación de vulnerabilidad. Con esta prestación (a cargo de la Seguridad Social y compatible con las ayudas autonómicas) se pretende llegar a 850.000 familias que están por debajo del umbral de pobreza. La ayuda irá de 416,5 € al mes hasta 1015 € al mes, según el número de miembros de la unidad familiar y teniendo en cuenta sus ingresos y patrimonio, excluida la vivienda. Se abonará en junio. Esta medida, cuyo coste asciende a 3.000 millones de euros, constituye uno de los compromisos principales de la legislatura (luchar contra la pobreza extrema) y su puesta en marcha se ha acelerado con la crisis del coronavirus. 30-5-2020.
ERC se abstendrá en la votación de una 6ª prórroga del estado de alarma. Carlos Elordi escribe «Un ambiente pregolpista». Alude a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno, que podría tener apoyo en miembros de algunas instituciones. Grupos radicales vascos críticos con Batasuna se movilizan en apoyo del etarra Patxi Ruiz en huelga de hambre. 30-5-20.
El espectáculo de bronca entre partidos que ha exhibido el Congreso de los Diputados la última semana de mayo indica que muchos políticos no están a la altura del momento y no sintonizan con los problemas reales de la sociedad, solo buscan su propio protagonismo. Esto solo puede producir hastío y desafección a la ciudadanía. Seguramente es lo que se busca. ¿Qué aportan las descalificaciones que se dirigen los dirigentes políticos entre sí a la solución de los graves problemas que nos aquejan? Si no entendemos lo que se espera de los políticos en estos momentos es que «no servimos para nada», ha recriminado Patxi López a los diputados en la Comisión de Reconstrucción de la Economía. 29-5-20.
Enric Juliana escribe el artículo «Después de la furia», en el que analiza la política de crispación puesta en marcha por Vox en enero de 2020 al cuestionar la legitimidad del gobierno desde el inicio de la legislatura, de la que no se ha distanciado el PP (habla de «dictadura constitucional»), y que han llevado a la calle (y también a los tribunales) bajo la consigna de «libertad», con el propósito de conseguir votos y hacer caer a un gobierno que ven débil porque tiene que buscar continuamente apoyos múltiples para sacar adelante sus medidas. 30-5-20.
Bronca sesión parlamentaria el miércoles 27 de mayo, con las críticas de la oposición centradas en la actuación del Ministerio del Interior. La todavía portavoz del PP (Álvarez de Toledo), que va por libre, busca espacio atacando a Pablo Iglesias al calificar de terrorista a su padre. 27-5-20. Nuevas descalificaciones el jueves 28 en la Comisión de la Reconstrucción al decir Iglesias que a Vox le gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. 28-5-20. Luego ha precisado que no era el lugar apropiado para ese comentario. 29-5-20.
Dedicamos una sección específica a la batalla contra la pandemia COVID-19.
5ª prórroga del estado de alarma, debate sobre la reforma laboral y ofensiva política contra el Gobierno-Ministro del Interior tras la destitución de Pérez de los Cobos.
La crisis sanitaria se politiza y judicializa -cuando aún estamos inmersos en el estado de alarma y avanza la crisis económica (cierre de Nissam y despidos en Alcoa)-. La oposición denuncia que no se prohibiera la manifestación del 8 M. Un polémico Informe de la G. Civil sirve de base a la instrucción judicial abierta sobre este asunto por Instrucción nº 51 de Madrid. 27-5-20.
Bronca sesión parlamentaria el miércoles 27 de mayo, con las críticas centradas en la actuación del Ministerio del Interior. La todavía portavoz del PP busca espacio atacando a Pablo Iglesias al calificar de terrorista a su padre. 27-5-20. Nuevas descalificaciones el jueves 28 en la Comisión de la Reconstrucción al decir Iglesias que a Vox le gustaría dar un golpe de Estado. 28-5-20.
El Gobierno saca adelante la 5ª prórroga del estado de alarma, pero los errores en la negociación para lograr apoyos provocan un considerable revuelo en torno a la derogación «íntegra» de la reforma laboral pactada por el grupo socialista con EH-Bildu y Unidas Podemos. El temor a perder la votación de la prórroga hizo que quisieran amarrar «como fuera» la abstención de Bildu, a costa de perder credibilidad entre los agentes sociales y económicos. Leer más en la sección ‘La batalla contra el coronavirus’. 21-5-2020.
Interior cesa al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza debido a un informe del Cuerpo para el Juzgado que investiga la actuación de la Delegación del Gobierno en los primeros días de marzo, que indica que se permitieron concentraciones multitudinarias de personas (la manifestación del 8M y la concentración de Vox, el día 8-3; y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano el día 7-3) cuando ya había datos suficientes de la expansión del coronavirus, aunque aún no se había declarado la pandemia (la OMS la declaró el 11 de marzo, y no el 30 de enero como dice el Informe de la G.C.). Interior justifica el cese como remodelación de equipos, pero lo cierto es que internamente considera que hay falta de neutralidad en el Informe; este afirma que no se debieron permitir esas manifestaciones y concentraciones. Interior considera también que Pérez de los Cobos debió informar al Ministerio, aunque Marlaska niega que se solicitara el Informe de la G.C. o información sobre su contenido. Eldiario.es habla de errores de bulto y tergiversaciones en el Informe, que critica a Fernando Simón, coordinador de alertas, porque desaconsejó un congreso evangélico mientras no se opuso a la manifestación del 8M. Simón dice que al congreso evangélico iban a venir muchas personas de otros países, a diferencia de la manifestación del 8M, por lo que con aquel se provocaba un riesgo mayor. Añade, y en ello coinciden algunos otros expertos, que el 8M tuvo una incidencia menor en la transmisión del virus, algo muy difícil de medir, pero lo cierto es que cada día se movían millones de personas en el transporte público y haciendo una vida normal, que hubo varias políticas relevantes que participaron en la manifestación y resultaron contagiadas (Carmen Calvo, Irene Montero, etc.), y que en ese momento aún no había una conciencia clara de la gravedad del virus, ni certidumbre sobre la transmisión por personas sin síntomas y sobre el tiempo de incubación. El día 9 de marzo el número de casos detectados se incrementó significativamente y varias organizaciones desconvocaron sus manifestaciones y reuniones. El 14 se declaró el estado de alarma. El cese de Pérez de los Cobos ha provocado malestar en la cúpula de la G. Civil. 26-5-20.
Eldiario.es dice que el Informe de la Guardia Civil manipula las declaraciones de un testigo que explica la desconvocatoria de una concentración de CGT prevista para el 10 de marzo. «Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio (por despido) que se iba a celebrar a finales de marzo», dice el declarante, que añade que la COVID-19 no influyó en la suspensión. Sin embargo, el Informe de la Guardia Civil dice que se canceló el 6 de marzo «dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus», y atribuye al convocante ese entrecomillado. 27-5-20.
Este Informe de la Guardia Civil, según el diario.es, ha sido clave para citar como investigado al delegado del Gobierno. El Informe tiene un claro sesgo antigubernamental, que pone en cuestión la imparcialidad de los agentes que lo han confeccionado.
La Abogacía del Estado presenta recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que critica la celeridad de la instrucción del juzgado (la denuncia entró el 20 y las diligencias se abrieron el 23 de marzo) en un periodo en que los plazos procesales están suspendidos y dice que constituye una causa general y una investigación prospectiva (que busca los indicios que no existen en la denuncia) contra la gestión gubernamental de la crisis sanitaria, por lo que pide la anulación de la instrucción, dado que no hay materia delictiva. Añade que el Informe de la G. Civil no se apoya en ninguna base científica para afirmar que debieron prohibirse las manifestaciones. 29-5-20.
La juez del caso avisa a Interior de que los funcionarios no pueden facilitar a sus mandos los informes encargados por ella, que son reservados para la investigación que lleva a cabo el juzgado, y cita a declarar como investigado al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por posible prevaricación administrativa. Al parecer Interior quiso tener información sobre las diligencias, pero Pérez de los Cobos se habría negado a facilitar información sobre las mismas por la reserva exigida por el juzgado. El número 2 de la Guardia Civil (el director adjunto operativo, general Ceña) dimite días antes de su retiro como protesta por la destitución de Pérez de los Cobos. Ya ha sido designado su sucesor, Pablo Salas. Y ha salido también el nº 3, general Santafé, que no estaba de acuerdo con ese nombramiento.
La oposición pide la dimisión del Ministro del Interior por intentar interferir en la investigación judicial. 26-5-2020.
Pérez Royo escribe «¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial?», artículo en el que argumenta que no prohibir la manifestación del 8M, como hicieron todos los delegados del gobierno, no puede ser nunca prevaricación administrativa. Añade que el derecho de manifestación no está sujeto a autorización de la administración, solo hay que comunicarlo. 27-5-20.
El juzgado de instrucción nº 51 de Madrid ve indicios de prevaricación administrativa ‘pasiva’ en la delegación del gobierno al no prohibir la manifestación del 8 de marzo, pero lo cierto es que en esa fecha los ciudadanos aún desarrollábamos una vida normal, con desplazamientos colectivos, contacto social, congresos de partidos, partidos de fútbol, reuniones sociales, etc. No se conocía aún la rapidez de transmisión del coronavirus ni su letalidad, que empezaron a mostrarse claramente en la semana siguiente. La OMS declaró la pandemia el 11 de marzo y el gobierno el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. 27-5-20.
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Vidal-Folch escribe sobre la derogación íntegra de la reforma laboral el artículo «Cristalino: es un engaño y un disparate» (23-5-20), en el que dice que es un engaño insistir en la derogación íntegra porque eso no fue lo acordado en el Pacto de coalición de Gobierno de 30-12-19; al contrario, incumple y viola dicho pacto, pues en él se acota la derogación a 3 aspectos: el despido por absentismo debido a enfermedad, las limitaciones a la ultraactividad, y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En ninguna parte figura la expresión «derogación íntegra», que según la propia Ministra de Trabajo «técnicamente no es posible». Y es un dislate por el momento (emergencia nacional), la forma (pacto secreto) y sus efectos (dinamitar el diálogo social), dice el autor. Y en el artículo «Cuando quiebra la confianza» (26-5-20) dice que Sánchez tendrá que reparar la quiebra de la confianza en el gobierno -la que hubiera- que esta movida ha arruinado. Debe haber algún reconocimiento de que se actuó rematadamente mal.
León Gross dice en su artículo «El CIS Campeador» (El País, 23-5-20), que lo de Bildu (el acuerdo para la 5ª prórroga, que considera innecesario, inútil, indecoroso y bastante inmoral) pasará factura, y una alta factura, aunque el CIS siga ofreciendo buenas expectativas para el Gobierno, que tienen poca credibilidad. 23-5-20.
En relación con las caceroladas y manifestaciones convocadas por la extrema derecha en algunas ciudades, Julio Llamazares escribe «Por qué lo llaman libertad cuando quieren decir poder». El autor dice que los que gritan libertad últimamente lo que están diciendo realmente es ‘devolvednos el poder, que es nuestro’. Ocurre (la bronca que sostiene la derecha desde hace 6 meses, antes y después del estado de alarma aprobado por el Parlamento por mayoría) cada vez que la izquierda accede al poder en España, lo que demuestra el mal perder democrático de la derecha. 23-5-2020.
Debate sobre la constitucionalidad de algunas de las muchas normas decididas por el gobierno durante el estado de alarma. Según los expertos se han producido algunas extralimitaciones. 18-5-20.
Unidas Podemos propone un nuevo impuesto a los patrimonios de más de 1 millón de euros para financiar la reconstrucción económica y social. 13-5-20.
El Rey renuncia a la herencia de su padre y suprime la asignación que percibe a cargo de los fondos públicos ante la posibilidad de que el rey emérito hubiera recibido regalos del rey de Arabia (se habla de cien millones de euros) por su intermediación en el contrato del AVE y los hubiera mantenido ocultos al fisco en Suiza. ¿Podría ser procesado el rey emérito? Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, responde a esta cuestión en su artículo, en el que defiende una interpretación restrictiva de la inviolabilidad del rey, que no se existiría una vez que ha abdicado y por posibles delitos ajenos a su función constitucional.
La imagen del rey emérito Juan Carlos I ha sufrido un fuerte deterioro desde los hechos relacionados con Urdangarín, Corina, y, ahora, por las cuentas en Suiza, que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Esto ha llevado a Felipe VI a hacer visible su desvinculación de estos últimos hechos en plena crisis del coronavirus. 20-3-20.
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de libertad sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad, en torno al cual han salido a la luz algunas discrepancias entre los socios de gobierno. Unidas Podemos quería que se aprobara antes del 8 de marzo mientras que el ministerio de Justicia consideraba que el texto necesitaba algunos cambios técnicos (invade competencias autonómicas y repite o afecta a disposiciones de normas ya vigentes, por ejemplo, según dice el ministerio), por lo que pensaba que se requería más tiempo para mejorar la norma. Además consideraba que la reforma de los delitos contra la libertad sexual debía hacerse dentro de la reforma del código penal, que estudiaba este ministerio. Se observa una lucha entre los coaligados por protagonizar los temas relacionados con la mujer y el feminismo. Las discrepancias salen a la luz a raíz de unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que dice que «en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», que se han entendido como una alusión al ministro de Justicia, algo que luego ha negado Iglesias. El ministro de Justicia por su parte ha dicho que «los políticos hablamos demasiado». La polémica plantea dudas sobre la cohesión del gobierno de coalición y empaña el arranque de la ley, ya que se está hablando más de estas discrepancias que de las novedades de la norma y los avances que supone. En la tramitación del anteproyecto en el parlamento podrán acogerse las enmiendas que mejoren el texto y reúnan suficientes apoyos. Los socios del gobierno se reúnen para reducir la tensión creada en las últimas fechas. 5-3-20.
Algunos expertos apuntan algunas insuficiencias de la norma relativas al consentimiento y a las circunstancias agravantes, aunque la mayor parte está de acuerdo con reconducir el abuso al concepto de agresión. El consentimiento, pese al importante cambio que introduce la norma, seguirá siendo una cuestión de prueba que tendrán que apreciar los jueces, ninguna definición puede obviar esta cuestión, aunque la norma expresa por primera vez que sólo un consentimiento explicitado inequívocamente (libremente manifestado mediante actos exteriores concluyentes e inequívocos) elimina el delito. 5-3-20.
Enlace a algunas de las novedades del anteproyecto. 5-3-20.
Más opiniones de juristas sobre luces y sombras del anteproyecto. 6-3-20.
Para que haya agresión ya no se requiere violencia o intimidación, solo que se atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento (se elimina así el concepto de abuso); se introduce el acoso callejero como delito; se elevan las penas del acoso sexual en el ámbito laboral o docente; se incluyen dentro de la violencia sexual la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual; se atribuirá a los juzgado de violencia de género esta materia de la violencia sexual o se crearán nuevos juzgados especializados. 5-3-20.
El Ministerio de Trabajo dicta unas instrucciones relativas al coronavirus en las empresas que los agentes sociales critican porque no se ha contado con ellos. Moncloa recalca que en relación con la epidemia es el Ministerio de Sanidad quien debe establecer los criterios a seguir. Trabajo dice que solo se ha hecho una recopilación de normas existentes para que se tengan en cuenta si fuera necesario.5-3-20.
«Y van ocho» leyes de educación y no han servido para poner a España entre los países punteros en materia educativa, dice Pilar Cernuda en este artículo en el que se refiere al proyecto de nueva ley de educación. La ministra de Educación Isabel Celaá explica las líneas principales de su anteproyecto. 4-3-20.
El TJUE dicta sentencia sobre la legalidad de la cláusula del IRPH (índice de referencia de los préstamos hipotecarios). Fernando Faces comenta la sentencia en su artículo «¿Quién gana la batalla hipotecaria?. Aunque la cláusula es legal los clientes podrán demandar al banco si no hubo claridad y transparencia en el contrato. 4-3-20.