Economía y empleo. La economía crece, pero menos.

El FMI prevé un menor crecimiento global del previsto a principios de año debido a las guerras comerciales, la imposición de aranceles y la incertidumbre del Brexit. 3-4-2019.

El FMI rebaja en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y llama a fortalecer la cooperación internacional ante los desacuerdos existentes.  La previsión se mantiene en el 2,2 % para España en 2019 y el 1,9 % en 2020, un crecimiento que sigue siendo superior al de la zona euro. La desaceleración en China puede agravarse si siguen las tensiones comerciales con EE.UU. 22-1-2019.

La reducción de impuestos que propugnan PP-Vox en su acuerdo en Andalucía (reducción del impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, IRPF) es regresiva y supondrá un retroceso para el Estado del bienestar. Esto escribe Joaquín Estefanía en su artículo “Reformas para empeorar”. Sobre dicho acuerdo puedes leer más en la sección dedicada a la nueva legislatura en Andalucía. 12-1-19.

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LA ECONOMÍA EN EL NUEVO AÑO 2019.- En el plano internacional la guerra comercial desatada por Trump y el Brexit son los principales nubarrones que hereda 2019 y que pueden afectar a la marcha de la economía global, junto a un crecimiento económico menor que el de los años anteriores (desaceleración). Las bolsas registran fuertes pérdidas al final del año 2018 al anticipar ese escenario de turbulencias y menor crecimiento.

España sigue creciendo desde 2014 y creando empleo a un ritmo aceptable (el PIB crece un 2,5 % en 2018, a la espera de resultados definitivos) aunque siguen la precariedad y los bajos salarios de las nuevas contrataciones. La negociación colectiva busca incrementos de salarios por encima del IPC. La revalorización de las pensiones en un 1,6 %, tras las movilizaciones de los pensionistas, y la subida histórica del salario mínimo a 900 € a partir del 1 de enero de 2019 son las mejores noticias del último tramo de 2018, pese a que el Banco de España dice que afectará al empleo.  El desempleo se sitúa en 3,2 millones de parados a finales de 2018. La incertidumbre sobre si habrá nuevos Presupuestos (de momento están prorrogados los de Rajoy de 2018) y el aumento del precio de los alquileres son los temas que centrarán la atención en el primer semestre de 2019 en España. El Gobierno ha tomado medidas relacionadas con el alquiler, pero no (todavía) sobre la escalada de los precios del alquiler; dice que lo hará en 2019. Los expertos recomiendan potenciar la vivienda pública para combatir dicho aumento. El IPC se sitúa en el 1,2 % a final de año y la deuda pública en 1,16 billones de €. Los afiliados a la Seguridad Social son 19 millones. Puedes leer más sobre los hechos económicos más relevantes de 2018 en este enlace. 1-1-2019.

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Las Sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de 27-11-2018, que resuelven tres recursos de casación, refleja la división que se ha producido en el TS sobre el Impuesto de actos jurídicos documentados. Esa división ha llegado al punto de que la propia sentencia del Pleno y sus votos particulares reflejan cierto malestar existente entre unos magistrados y otros por haber corregido sus respectivas doctrinas. Los magistrados de la mayoría (15) critican el injustificado, abrupto, inopinado y radical viraje que las sentencias de octubre de la sección segunda de la Sala supusieron respecto de una jurisprudencia consolidada durante décadas, mientras que los magistrados de la minoría (13), que, al parecer, se han incorporado más recientemente al Tribunal, critican que la mayoría introduzca una “descalificación hiriente” de la minoría en la sentencia y no respete la nueva “jurisprudencia” que ellos (la sección segunda) habían sentado en tres sentencias dictadas en octubre. Más abajo comentamos los argumentos de ambos sectores. 28-11-2018.

COMENTARIO.- Como ya hemos dicho, el Pleno debió convocarse y pronunciarse antes de que en octubre se dictaran tres sentencias que cambiaban la consolidada jurisprudencia existente sobre el tema. De haberse hecho así se habría evitado la contradicción de criterios que se ha dado entre Sentencias del propio Supremo en asuntos idénticos en el fondo, pues el TS está precisamente para unificar la doctrina a aplicar por los tribunales inferiores y los operadores jurídicos y no para producir en ellos desconcierto e incertidumbre. Es cierto que la convocatoria y pronunciamiento del Pleno se ajusta a Derecho pues así está previsto en la ley (aunque en voto particular también se cuestiona esa avocación del asunto al Pleno para corregir la doctrina de la sección segunda, como si el Pleno fuera una especie de tribunal de apelación) y, sobre todo, porque resuelve recursos distintos a los ya resueltos en octubre por la sección segunda, pero no ayuda al prestigio de las instituciones ante los ciudadanos y, en este caso, al del Tribunal Supremo, que los magistrados en sus resoluciones y votos particulares vayan más allá de la normal discrepancia jurídica, que siempre debe ser respetuosa entre los miembros del mismo tribunal, debiendo abstenerse de descalificar (que es distinto de criticar) las tesis de los magistrados que piensan de otra forma. Es exigible a todas las autoridades que ocupan nuestras instituciones que en todos sus actos velen por el prestigio de estas y no contribuyan a su deterioro, como viene ocurriendo. Aunque las discrepancias entre jueces son algo normal en la vida jurídica, no debería trasladarse a la opinión pública la imagen de conflicto interno que se ha dado en el TS. (Carlos Carrera Ortiz). 28-11-2018.

Consulta el texto de la Sentencia del Pleno (TS Pleno Contencioso Administrativo nº 1669/2018) mediante este enlace. 28-11-2018. 

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS acuerda por una exigua mayoría (15 a 13) mantener la jurisprudencia tradicional del TS que, con fundamento en el Reglamento de la Ley del Impuesto de TP y AJD, venía estableciendo que el sujeto pasivo del impuesto de Actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. Corrige así el reciente criterio reflejado en las Sentencias de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TS números 1505/2018, 1523/2018 y 1531/2018, que anulaban el artículo 68.2 del Reglamento y consideraban que el sujeto pasivo es el prestamista. 14-11-18.

Ante la incertidumbre y la inseguridad jurídica generada por estos criterios contradictorios y estando más conforme con el nuevo criterio favorable a los consumidores y reflejado en esas tres sentencias, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que pone fin a la controversia al establecer que el sujeto pasivo en estos préstamos es el prestamista, es decir, la entidad financiera que concede el préstamo garantizado con hipoteca es la que deberá abonar el impuesto a partir de la entrada en vigor del RDL (10-11-18). Con ello se ha puesto fin a la incertidumbre que se ha generado en las dos últimas semanas como consecuencia de la existencia de Sentencias contradictorias de la Sala 3ª del TS y del riesgo para la banca de que el nuevo criterio establecido en las sentencias mencionadas pudiera tener carácter retroactivo, lo que le estaba suponiendo una pérdida de valor en bolsa ante el importante desembolso que podría suponer el pago del impuesto durante una serie de años en los que ya había sido abonado por los prestatarios. El presidente del TS ha justificado estas vacilaciones que han dividido al Tribunal diciendo que la ley no era clara. Los analistas consideran que la banca repercutirá este nuevo gasto en los clientes a medio plazo en tanto que las asociaciones de consumidores vigilarán para que esto no se produzca. 14-11-2018.

COMENTARIO.- Realmente el tema es complejo. Las tres sentencias citadas, de 16, 22 y 23 de octubre de este año, venían a cambiar el criterio que el TS ha mantenido durante veinte años sobre este tema (que el sujeto pasivo del IAJD es el prestatario). Es normal que se haya producido una discrepancia entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TS en Pleno ya que unos consideraban que no había que modificar esa jurisprudencia y otros entendían que había que hacerlo. Los argumentos de unos y otros son defendibles jurídicamente, máxime cuando la ley no es clara en relación con este impuesto (AJD) cuando se refiere al adquirente del derecho. En este sentido, uno de los votos particulares discrepantes de la Sentencia constata que “La redacción (del art. 29 de la ley) que se acaba de exponer, ha merecido, en general, una crítica doctrinal desfavorable”. De ahí que haya sido oportuna la modificación de la norma, pues con ello ya no caben más interpretaciones contradictorias. La oscuridad de la ley derivaba de considerar sujeto pasivo “al adquirente del bien o derecho” (artículo 29 de la ley del impuesto) sin precisar si el adquirente es el prestatario o el prestamista. Se trata de un negocio complejo (préstamo con hipoteca) en el que el negocio principal es el préstamo y el accesorio la hipoteca, pero a efectos tributarios, dice la sección segunda, lo decisivo es que quien tiene interés en que se constituya la hipoteca y se inscriba dicha garantía en el registro es el prestamista, de ahí que se concluya que a efectos tributarios lo fundamental es la hipoteca y no el préstamo, dado que éste no tiene que escriturarse e inscribirse necesariamente. En cambio la mayoría del Pleno dice que el adquirente del derecho es el que obtiene el préstamo (negocio principal) y este no es otro que el prestatario, que, por ello, deberá abonar el impuesto pues lo que se inscribe en el registro no es la hipoteca sino la escritura de préstamo hipotecario, en cuya inscripción también está interesado el prestatario pues sabe que no obtendría el préstamo sin la hipoteca. Cita la sentencia del Pleno en su apoyo al Tribunal Constitucional que ha dicho en Auto de 18-1-2005 que “es una opción de política legislativa válida desde el punto de vista constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de “actos jurídicos documentados” lo sea el mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico principal”… y que se considere “obligado tributario de aquella modalidad impositiva a la persona que se beneficia del negocio jurídico principal: … el prestatario (el deudor real)”. La sentencia critica que la minoría no haya tenido en cuenta este criterio del TC.

Dicen las sentencias que han cambiado el criterio sobre el sujeto pasivo en las escrituras que documentan préstamos con garantía hipotecaria que “La unidad tributaria que tal negocio complejo constituye obliga a determinar quién es el “adquirente”, pues éste es el declarado por la ley sujeto pasivo del tributo. Se modifica la jurisprudencia anterior: el sujeto pasivo es el acreedor hipotecario, no el prestatario. Aun siendo un derecho accesorio del préstamo que garantiza, la hipoteca es el único acto inscribible y esta condición (la inscribibilidad) es el presupuesto esencial para la sujeción al impuesto. La referencia legal al prestatario es a efectos de transmisiones patrimoniales, no de actos jurídicos documentados. Además, el interesado en obtener la primera copia de la hipoteca e inscribirla es el acreedor hipotecario, que solo así podrá ejercitar los derechos que el ordenamiento procesal pone a su disposición. Es nulo, por exceso reglamentario, el artículo 68.2 del reglamento del impuesto.”  Comentario de Carlos Carrera Ortiz. 16-11-2018.

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Tres sentencias del Supremo cambian el criterio mantenido hasta ahora sobre quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas, al mantener ahora que es el banco quien debe pagar el impuesto y no el cliente. La sentencia fundamenta el nuevo criterio en que es el banco el interesado en la inscripción de la hipoteca, por lo que le corresponde el pago del impuesto. Para ello anula el artículo 68.2 del reglamento de la ley del impuesto, que atribuye el pago al prestatario, al ser el adquirente del préstamo.  La sentencia (enlace al texto) de la Sala de lo Contencioso de 16-10-2018 (y las de 22 y 23 de octubre) provoca un enorme revuelo y una bajada de la cotización en bolsa de los bancos por la incidencia que tiene el tema en su cuenta de resultados al imputarles un gasto que ahora no tienen, máxime si se les puede reclamar lo pagado con efectos retroactivos. Se habla de una pérdida de valor en bolsa de 8.000 millones de euros y de nuevos costes añadidos. Ante la situación creada el presidente de la Sala de lo Contencioso del TS, Díez-Picazo, ha suspendido la tramitación de los demás recursos planteados y ha convocado un pleno de la Sala para analizar la cuestión y decidir si se confirma o no el nuevo criterio, o se centran solo en la retroactividad, aunque la sentencia ya dictada es firme y aplicable al caso concreto enjuiciado y el artículo del reglamento en cuestión ha sido anulado. Se ha criticado desde diversos sectores que ese Pleno no lo haya convocado el presidente de la Sala antes de la sentencia en cuestión, pues se ha creado inseguridad jurídica e incertidumbre económica (no se sabe en este momento quién debe pagar el impuesto, aunque la mayor parte de los bancos seguirá la operativa habitual mientras no se pronuncie el Pleno), además de cierta perplejidad porque la repercusión del asunto no era algo desconocido para el Alto Tribunal, y es esta repercusión la que ha llevado al presidente de Sala a la convocatoria del Pleno, que se celebrará el 5-11-2018, un plazo muy largo para la situación creada, pues se están suspendiendo la firma de hipotecas y los juicios sobre este tema. Enlace a la noticia. 22-10-2018.

Las Asociaciones de Jueces critican a Díez-Picazo por la forma en que ha gestionado el tema, ya que si discrepaba del nuevo criterio debió convocar el Pleno antes de la sentencia, y no después provocando la inseguridad jurídica y la desconfianza que se ha producido, que no beneficia a la imagen del Tribunal Supremo. El Presidente del TS, Lesmes, se ha reunido con el presidente de Sala y los magistrados firmantes de la sentencia para suavizar el malestar que ha producido en la Sala esta situación. Parece claro que Díez-Picazo debería asumir sus responsabilidades por la deficiente gestión de este importantísimo asunto.

Los bancos ya estudian subir al cliente el interés del préstamo o las comisiones para compensar el gasto adicional que supondrá el pago del impuesto. 23-10-2018.

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Principio de acuerdo en el Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones con el IPC. Enlace a la noticia. 27-9-2018.

El Gobierno quiere volver a la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y de jornada, y recuperar la ultraactividad de los convenios, reformando así parcialmente la reforma laboral del PP. 11-7-2018.

La patronal y la banca se oponen a una subida de impuestos para ayudar a pagar las pensiones.

La guerra comercial de Trump, con la imposición de aranceles a los productos procedentes del exterior, podría desencadenar una nueva crisis económica. La caída del comercio global provocará la caída de la actividad y del empleo, escribe Carlos Elordi. Leer más. 4-7-2018.

Diez años después volvemos a los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, y 3,16 millones de desempleados, el mínimo desde 2008. 3-7-2018.

Un acuerdo salarial entre patronales y sindicatos permitirá subidas salariales en los próximos años que reducirán la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 26-6-2018.

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