Los procesos por rebelión, sedición y malversación contra dirigentes independentistas catalanes

  • El Supremo, en un Auto que desestima la apelación de Jordi Sánchez, critica la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein. Considera el TS que los jueces alemanes no han analizado suficientemente el caso, que utilizan un precedente de naturaleza distinta, y añaden que si se tratara de la declaración de independencia de un land alemán la decisión habría sido distinta. Enlace a la noticia y al Auto del Supremo. 18-4-2018.
  • Informes de la Guardia Civil, Policía Nacional y una asociación civil detallan actos del procés en los que hubo insultos, amenazas, intimidación y acoso a jueces, a dirigentes de partidos políticos y a miembros de esos cuerpos, y agresiones con lesiones a éstos, además de acciones contra instalaciones, cortes de carreteras y sabotaje a autopistas. Leer más.
  • El juez Llarena considera plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la U.E. para que aclare si el Tribunal territorial alemán ha aplicado correctamente la Decisión marco al entrar a valorar la intensidad de la violencia ejercida por los independentistas para descartar el delito de rebelión. 9-4-2018.

  • Carlos Yárnoz critica la actuación del Tribunal alemán en su artículoDisparo alemán a la euroorden“. Francesc de Carreras cree que el Tribunal alemán se excedió sin tener todos los elementos de juicio acumulados por el juez Llarena en la instrucción. Ver su artículo ¿Fue un golpe de Estado? 11-4-2018.

  • Juan Claudio de Ramón escribe “De la violencia”, artículo en el que argumenta que en septiembre-octubre de 2017 hubo un golpe de Estado (al pretender derogar ilegalmente la Constitución en Cataluña) y actos violentos. 9-4-2018.
  • La Audiencia Territorial del Estado federado de Schleswig-Holstein deja en libertad con fianza a Puigdemont y descarta el delito de rebelión. Podría ser entregado por malversación, que puede ser castigada con hasta 12 años de prisiónLa decisión ha causado malestar en el Supremo, que considera que la Audiencia alemana debió limitarse a comprobar que la alta traición alemana es equivalente a la rebelión del código penal español, sin valorar los hechos, tal y como hizo la Fiscalía alemana, o bien comprobar que los hechos están contemplados en el Código penal alemán aunque sea con otra calificación.  La orden de detención de Llarena no incluyó el delito de sedición, que no ha sido considerado por el tribunal alemán. La resolución produce una distorsión en el proceso por la diferencia de trato que implica respecto de los demás procesados que se encuentran en prisión, ya que estos podrán ser juzgados por rebelión mientras que no lo será Puigdemont, que se sustrajo a la acción de la Justicia. 5-4-2018. También ha causado malestar en el Gobierno que la ministra alemana de Justicia haya calificado como correcta la decisión del tribunal alemán, interfiriendo en un procedimiento que tiene carácter exclusivamente judicial. 8-4-2018. La ministra ha dicho posteriormente que se trataba de una conversación privada que no debió hacerse pública.

  • El tribunal alemán pide que se aclaren determinados aspectos en relación con la comisión del delito de malversación, sobre el que plantea sus dudas. Ver los argumentos de la resolución del tribunal alemán.  Las fiscalías de España y Alemania se reúnen para ver si se puede modificar la decisión del Tribunal del land aportando más pruebas. 11-4-2018.

La Decisión marco del Consejo, sobre orden de detención y entrega, de 2002, establece que “Para los delitos distintos de los mencionados en el apartado 2 (en este apartado no se incluye la rebelión), la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo”. “La autoridad judicial de ejecución (en este caso el Tribunal alemán) podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea: 1) cuando los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución”.

El Tribunal alemán, por tanto, tiene que examinar los hechos aportados por el Juez español y comprobar que pueden ser constitutivos del delito de alta traición, y que éste es equivalente al de rebelión, o bien que existe en el Código penal alemán un delito distinto que contemple esos hechos. No obstante, la ley 3/2003, complementaria de la Decisión marco, dice en su Exposición de motivos que tras la Decisión marco “los mecanismos tradicionales de cooperación judicial tienen que dejar paso a una nueva forma de entender las relaciones entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros basada en la confianza. Aquí es donde se inserta el principio de reconocimiento mutuo, que permite la ejecución prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de los demás Estados sin necesidad de que la autoridad judicial que ha de ejecutar la orden realice un nuevo examen de la solicitud para verificar la conformidad de la misma a su ordenamiento jurídico interno.”

La cuasi automaticidad de la resolución de entrega se ha confirmado por juristas españoles (que han dicho que basta con que los delitos de alta traición y rebelión contemplen situaciones análogas o equivalentes), pero el tribunal alemán ha entendido que debe tener en cuenta que en el delito de alta traición la violencia debe tener suficiente entidad como para poner en peligro la estabilidad constitucional del país. El tribunal alemán ha hecho esta valoración de hecho y ha llegado a la conclusión de que aunque hubo actos violentos no tuvieron suficiente entidad. En el Código penal español y en el alemán se habla de que exista violencia (o fuerza) o amenaza de violencia dirigida a socavar el orden constitucional, por lo que los tipos penales de alta traición y rebelión son equivalentes.

Según el Supremo y la Fiscalía el Tribunal alemán se habría excedido y, al hacer esa valoración, habría impedido la “ejecución prácticamente automática” de la orden de detención y entrega. Por eso Llarena se plantea acudir al Tribunal de Justicia Europeo para que aclare cómo debe aplicarse la Decisión marco en este caso, aunque contra la decisión del Tribunal alemán no quepa recurso. La aplicación que se ha hecho por parte de este Tribunal podría poner en cuestión la relación de confianza entre Estados miembros que ha querido establecer la Decisión marco, que llevaría a que el Tribunal alemán tuviera que dar por buena la valoración de Llarena de los hechos como violentos y, por tanto, constitutivos de la rebelión. 8-5-2018.

El Código Penal alemán recoge en su artículo 81 el delito de Alta traición contra el Estado Federal y en el 82 el delito de alta traición contra la Constitución de un Estado Federado. El 81 define la alta traición como la acción dirigida con fuerza o amenaza de fuerza a socavar la existencia de la República Federal de Alemania o a cambiar el orden constitucional basado en la Constitución alemana. Y castiga estos graves delitos con prisión de por vida o por más de 10 años, y en los casos menos graves con prisión de 1 a 10 años. Este delito es análogo al de rebelión del Código penal español (ver más abajo), de ahí que se pensara que con gran probabilidad la Justicia del Estado de Schleswig-Holstein acordaría entregar a Puigdemont a la Justicia española por el delito de rebelión.

  • Accede desde este enlace al Auto de procesamiento contra dirigentes independentistas catalanes, de 21-3-2018.
  • Puigdemont recurre el auto de su procesamiento y argumenta que el 1 de octubre de 2017 (referéndum ilegal) no hubo “violencia” sino “resistencia pasiva” a las fuerzas de seguridad, aunque admite que pudo haber actos aislados de agresión que no pueden imputarse a los procesados ni pueden calificarse como rebelión sino como desórdenes públicos en su caso. 2-4-2018.

  • Trapero, jefe de los Mossos procesado.

  • Los dirigentes catalanes huidos que se encuentran en Bruselas prestan declaración ante la Justicia belga y quedan en libertad sin fianza mientras se resuelve sobre la orden de detención. Leer más.

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 Ana Gabriel, dirigente de la CUP, no comparece ante el juez Llarena del Supremo y huye a Suiza, país en el que pretende solicitar asilo político. Al no pertenecer Suiza a la Unión Europea se tendrá que pedir su extradición para que sea devuelta a España, ya que en Suiza no se aplica la orden europea de detención. Ver los elementos que influirán en esta decisión, que se tramita entre los respectivos gobiernos, español y suizo, en este enlace. El gobierno suizo ha anticipado que no extradita a personas perseguidas principalmente por motivos políticos si no han utilizado la violencia. El juez Llarena ha dictado orden de detención contra la fugada. 21-2-18.

Por su parte, Artur Mas y Marta Pascal (PdeCat) han quedado en libertad sin medidas cautelares, mientras que Marta Rovira (ERC) tendrá que prestar fianza de 60.000 €. 21-2-2018. 

El juez Llarena del Supremo resume en su auto de 4-12-17 los elementos de violencia y tumultos que sustentan la imputación por los delitos de rebelión y sedición. Dice al respecto: Las movilizaciones ciudadanas crecientes dirigidas por los imputados materializaron una violenta explosión social que sabían que se iba a infiltrar en dichas movilizaciones en forma de comportamientos agresivos. Así el asedio masivo a la comisión judicial que registró en septiembre las instalaciones de la Consejería de Economía, impedir el registro de Unipost, los cortes de carreteras y vías ferroviarias, las murallas humanas que defendían activamente los centros de votación el 1 de octubre haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzándoles a emplear una fuerza que de otro modo no hubiera resultado necesaria, el asedio a los hoteles donde se alojaban integrantes de las fuerzas del orden, y las amenazas a empresarios que prestaban soporte a los servicios del Estado. Se trata de un delito colectivo por el que se debe enjuiciar conjuntamente a todos sus autores. 4-12-17.

Llarena ha retirado la orden europea e internacional de detención emitida contra Puigdemont y los exconsellers que están con él en Bélgica; por otro lado, mantiene la prisión incondicional de Junqueras, Forn y los Jordis y decreta la prisión eludible con fianza de 100 mil euros del resto de exconsellers que la juez Lamela de la Audiencia Nacional había enviado a prisión. Estos exconsellers ya han abandonado la prisión. El Auto de Llarena, de 4-12-2017, distingue las conductas de los distintos investigados y aprecia mayor riesgo de reiteración delictiva en aquellos que estaban en el Comité Estratégico (Junqueras y los Jordis), que dirigía el procès independentista, o que, como Forn, dirigían a los Mossos, pues en su plan estratégico contenido en el documento Enfocats habían establecido persistir en el conflicto rupturista e intensificarlo mediante la movilización social en función de la respuesta que fuera dando el Estado, para forzar a este a reconocer o negociar la independencia. El juez aprecia hechos de fuerza o violencia, y tumultos, en los que participaron, o que impulsaron, estos 4 investigados que mantiene en prisión pese a que han manifestado que en el futuro perseguirán sus objetivos por medios pacíficos y no contrarios a la legalidad. 4-12-2017. Ver el auto que establece estas medidas en este enlace. Y el auto por el que retira la orden de detención en este otro enlace. La retirada de esta orden de detención busca evitar que los fugados se puedan beneficiar de una entrega por parte de la autoridad judicial de Bélgica que excluya el delito de rebelión, que no tiene equivalente exacto en el código penal belga. Las alternativas para los fugados son seguir en Bélgica o volver a España para ser detenidos. En principio esperarán para decidir al momento tras las elecciones en que tengan que tomar posesión de sus actas de diputados, en su caso. 5-12-2017.  Puedes acceder al documento Enfocats también mediante este enlace. Aunque el documento aparece girado se puede cambiar para leerlo en vertical.

El magistrado del Supremo Pablo Llarena ha asumido la competencia para investigar todas las causas que se siguen por el procès secesionista en Auto de 24-11-2017, por el carácter inescindible de los hechos investigados en las mismas.  Enlace a la nota de prensa del TS y al Auto de acumulación. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela seguirá investigando la actuación de Trapero, exmayor de los Mossos. Junqueras y los demás miembros del govern encarcelados manifiestan ante el TS que acatan la aplicación del artículo 155, aunque discrepan de la misma, y que defenderán sus posiciones independentistas por las vías del diálogo y la negociación. Esto supone la renuncia a cualquier actuación unilateral como la realizada el 27 de octubre. 24-11-2017.

Para ello Llarena ha pedido informes a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (investiga a los exmiembros del Govern y dirigentes de las Asociaciones civiles) y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 14-11-2017. Enlace a la noticia.

El 9-11-2017 declaran ante el Tribunal Supremo los miembros de la Mesa del Parlament, con su presidenta Carme Forcadell al frente, investigados por rebelión, sedición y malversación, y por desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendieron previamente la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad jurídica, así como la Declaración de la república catalana como Estado independiente y soberano del 27-10-2017.  Todos estos actos han sido anulados por el TC, por lo que carecen de todo efecto.  8-11-2017.

La Audiencia Nacional confirma la competencia de la juez Lamela para investigar por sedición los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, en los que intervinieron los dirigentes de ANC y Òmnium Cultural, por tratarse en este caso de delitos contra la forma de Gobierno. Ver Comunicado. 8-11-2017.

“Legalidad penal y proceso independentista”, es el comunicado que firman más de 100 profesores de Derecho Penal, que afirman que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición. 9-11-2017.

Pérez Royo en su artículo Este país apesta a franquismo, dice que la Audiencia Nacional no es competente para conocer del delito de rebelión y que, por ello, ha ido más allá de su papel de juez ordinario para convertirse en “juez especial”, algo impropio de un Estado de derecho. 3-11-2017.

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El Código Penal incluye el delito de rebelión entre los delitos contra la Constitución.  En su artículo 472 dice que: Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1º. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2º. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3º. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4º. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6º. Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

7º. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Art 473
1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

  1. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

El alzamiento debe catalogarse como violento, según generalizada opinión, cuando vaya acompañado del ejercicio de la fuerza física, o, cuando el empleo de ésta, de resultar necesario de cara a la consecución de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aquéllos a todo trance, recurriendo inclusive, de así resultar preciso, a la utilización o al uso de la misma.

 En el artículo 544 se regula el delito de sedición entre los delitos contra el orden público estableciendo que:
Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Art 545
1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueren personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

En cuanto a la malversación dice el artículo 432 C.P.:

Art 432
1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

  1. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
  2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
    a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
    b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

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Ramón Luis Soriano, catedrático de Filosofía del Derecho y Política en la Universidad Pablo de Olavide, critica en su artículo “Enhorabuena Puigdemont y consellers del govern”, algunos errores que considera ha cometido la juez Lamela.  Se refiere a la falta de competencia de la Audiencia Nacional, a la discutible calificación de los hechos como delito de rebelión, a la citación intempestiva de los investigados produciéndoles indefensión, cuestiona los motivos en que apoya la medida de prisión provisional acordada, y que a los huidos a Bélgica se imputen 5 delitos cuando son 3 los incluidos en la querella de la Fiscalía. 6-11-2017.

Puedes encontrar el artículo más abajo en Información complementaria. 

En esta sección seguimos las causas que se siguen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los ex miembros del Govern catalán, la Mesa del Parlament y los dirigentes de ANC y Òmnium Cultural, e incluimos artículos de opinión sobre aspectos controvertidos de las mismas.