Los procesos por rebelión, sedición y malversación contra cargos públicos catalanes y dirigentes de asociaciones

El magistrado del Supremo Pablo Llarena da los primeros pasos para residenciar en el TS la investigación de todas las causas que se siguen por el procès.  Para ello ha pedido informes a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (investiga a los exmiembros del Govern y dirigentes de las Asociaciones civiles) y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 14-11-2017. Enlace a la noticia.

El 9-11-2017 declaran ante el Tribunal Supremo los miembros de la Mesa del Parlament, con su presidenta Carme Forcadell al frente, investigados por rebelión, sedición y malversación, y por desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendieron previamente la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad jurídica, así como la Declaración de la república catalana como Estado independiente y soberano del 27-10-2017.  Todos estos actos han sido anulados por el TC, por lo que carecen de todo efecto.  8-11-2017.

La Audiencia Nacional confirma la competencia de la juez Lamela para investigar por sedición los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, en los que intervinieron los dirigentes de ANC y Òmnium Cultural, por tratarse en este caso de delitos contra la forma de Gobierno. Ver Comunicado. 8-11-2017.

“Legalidad penal y proceso independentista”, es el comunicado que firman más de 100 profesores de Derecho Penal, que afirman que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición. 9-11-2017.

Pérez Royo en su artículo Este país apesta a franquismo, dice que la Audiencia Nacional no es competente para conocer del delito de rebelión y que, por ello, ha ido más allá de su papel de juez ordinario para convertirse en “juez especial”, algo impropio de un Estado de derecho. 3-11-2017.

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El Código Penal incluye el delito de rebelión entre los delitos contra la Constitución.  En su artículo 472 dice que: Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1º. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2º. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3º. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4º. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6º. Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

7º. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Art 473
1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

  1. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

El alzamiento debe catalogarse como violento, según generalizada opinión, cuando vaya acompañado del ejercicio de la fuerza física, o, cuando el empleo de ésta, de resultar necesario de cara a la consecución de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aquéllos a todo trance, recurriendo inclusive, de así resultar preciso, a la utilización o al uso de la misma.

 En el artículo 544 se regula el delito de sedición entre los delitos contra el orden público estableciendo que:
Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Art 545
1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueren personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

En cuanto a la malversación dice el artículo 432 C.P.:

Art 432
1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

  1. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
  2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
    a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
    b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

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Ramón Luis Soriano, catedrático de Filosofía del Derecho y Política en la Universidad Pablo de Olavide, critica en su artículo “Enhorabuena Puigdemont y consellers del govern”, algunos errores que considera ha cometido la juez Lamela.  Se refiere a la falta de competencia de la Audiencia Nacional, a la discutible calificación de los hechos como delito de rebelión, a la citación intempestiva de los investigados produciéndoles indefensión, cuestiona los motivos en que apoya la medida de prisión provisional acordada, y que a los huidos a Bélgica se imputen 5 delitos cuando son 3 los incluidos en la querella de la Fiscalía. 6-11-2017.

Puedes encontrar el artículo más abajo en Información complementaria. 

En esta sección seguimos las causas que se siguen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los ex miembros del Govern catalán, la Mesa del Parlament y los dirigentes de ANC y Òmnium Cultural, e incluimos artículos de opinión sobre aspectos controvertidos de las mismas.