El caso de los ERE

2016 06 01 Foto del Palacio de Justicia

La Audiencia Provincial de Sevilla revoca el archivo del caso Azucareras Reunidas que había acordado la juez Núñez Bolaños.

El giro que la nueva instructora, que sustituyó a la juez Alaya, quiso dar al caso de los ERE, y que, de extenderse a otras piezas, hubiera supuesto el archivo de buena parte de la macrocausa, ha sido desautorizado por la Audiencia Provincial de Sevilla que sí ve indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos en las ayudas concedidas discrecionalmente a Azucareras Reunidas de Jaén. Ver la noticia.  29-4-2017.

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Chaves y Griñán irán como acusados a juicio oral en la llamada “pieza política” del caso de los ERE, por haber aprobado y no haber impedido las modificaciones presupuestarias que permitieron abonar las ayudas sociolaborales por la vía de las transferencias de financiación en el caso de los ERE, según señala la Audiencia Provincial de Sevilla en un Auto. Junto a ellos se sentarán en el banquillo otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Ver la noticia. 17-2-2017.

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La juez Nuñez Bolaños considera en su Auto de archivo de la pieza separada de Azucareras Reunidas, de 11-10-2016, que algunas ayudas no constituyen ni malversación ni prevaricación, a diferencia de lo que estimó la juez Alaya.

Ver la noticia en este enlace.

Artículo de Antonio Avendaño sobre esta Resolución. 12-10-2016.

Artículo de Manuel Gómez, ex Interventor General de la Junta de Andalucía: “El derecho, por fin, irrumpe en los ERE“.  El autor dice que los argumentos del Auto de la juez pueden suponer el archivo del 90 % del caso de los ERE.

Gabriel A. Dotor Castilla escribe el artículo Chaves y Griñán no prevaricaron“, en el que argumenta que no hubo prevaricación porque los informes con los que se aprobaron los créditos presupuestarios en el Consejo de Gobierno fueron todos favorables y nadie ha sido condenado nunca por prevaricación en circunstancias como esas. Y porque no se emitieron por parte de la Intervención los Informes de actuación preceptivos. 20-10-2016.

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El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha dictado Auto de transformación en Procedimiento Abreviado de las Diligencias Previas que se siguen contra altos cargos del Gobierno y la Administración andaluza por prevaricación administrativa continuada y malversación de fondos públicos en el caso de los ERE. Los imputados en este Auto son 26 altos cargos entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán, junto con 6 ex consejeros, 4 directores generales, 2 secretarios generales y así hasta 26 altos cargos, quedando otros altos cargos excluidos del procedimiento. El Auto, al que se puede acceder mediante este enlace, pone fin a la instrucción de esta pieza, con lo que el siguiente paso será la presentación de los escritos de acusación por la acusación y la solicitud por ella de la apertura del juicio oral o bien la solicitud del sobreseimiento de la causa. Los ex presidentes se han dado de baja en el Psoe nada más conocer que se iba a dictar el Auto. Puedes encontrar el Auto también abajo en Información complementaria (nº 3). 31-5-2016

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2014 12 26 Sede del Tribunal Supremo

El Juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ve indicios de prevaricación administrativa en la actuación de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, a los que imputa. Y exculpa a Mar Moreno. A Viera también le atribuye malversación de fondos públicos. El juez eleva una exposición razonada a la sala de admisión del TS para que solicite el suplicatorio al Congreso para la apertura de juicio oral contra los aforados, y mantiene su competencia en la investigación a Griñán, que cesó como senador hace unos días, por la conexión íntima de las actuaciones contra todos los imputados, que no pueden escindirse. De esta manera deniega que la causa contra Griñán vuelva al Juzgado de Sevilla. El Juez considera que el mecanismo de las transferencias de financiación, utilizado para conceder ayudas sociolaborales y a empresas, era ilegal y conocido por los imputados, que fueron advertidos de su ilicitud por los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Accede a la noticia en este enlace.

Desde el punto de vista político todos los afectados debían seguir el criterio de la dirección y abandonar sus puestos en las Cámaras legislativas, tal y como habían prometido los líderes del PSOE Pedro Sánchez y Susana Díaz.  No obstante, tras hacerlo Griñán primero, y ahora Chaves y Zarrías, Viera presenta su baja en el partido y pasa al Grupo Mixto del Congreso conservando su escaño a fin de mantener su causa en el Supremo y no tener que comparecer ante el Juzgado de Sevilla. Esto podría determinar que la causa contra todos ellos se mantuviera en el Tribunal Supremo. La actitud de Viera ha sido criticada por la dirección del PSOE, que, en cambio, ha salido en defensa de la honestidad personal de Chaves y Griñán.  29-6-2015.

El resto del caso de los ERE continuará en el juzgado de Sevilla en manos de la juez Alaya (en comisión de servicios), mientras que otras macrocausas como el fraude de los cursos de formación y las ayudas de la agencia IDEA seguirán siendo instruidas por la nueva juez titular del juzgado nº 6, Núñez Bolaños. Puedes ver en este enlace la exposición razonada del juez Barreiro, y en este otro el Auto por el que mantiene en el Supremo la causa contra Griñán.

25-6-2015.

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El Consejo General del Poder Judicial ha acordado el 21-5-2015 reforzar el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla mediante 2 jueces en comisión de servicio, uno de los cuales podría ser la juez Alaya toda vez que el Juzgado tiene ya otra juez titular. El TSJA ha puesto en marcha los trámites para cubrir esos dos puestos y aprobará próximamente los criterios de distribución de los asuntos del juzgado. 27-5-2015.

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Al constituirse el nuevo Parlamento de Andalucía los cuatro ex consejeros aforados ante el TSJA han pasado de nuevo al Juzgado de Instrucción de la juez Alaya, que previsiblemente será quien los impute formalmente y abra la fase de juicio oral, tal y como anunciamos en esta sección. Lo mismo ocurrirá en el caso de Griñán, cuyo cese como senador se producirá próximamente. Alaya ha pedido continuar con la instrucción de la macrocausa en comisión de servicio en el juzgado, después de haber obtenido plaza de Magistrado en la Audiencia Provincial de Sevilla. La nueva titular del juzgado nº 6 es Mari Ángeles Núñez Bolaños. La decisión sobre el reparto del trabajo del juzgado está en manos del Consejo General del Poder Judicial. 29-4-2015.

El fiscal y el juez del Supremo que han recibido la declaración de Griñán y Chaves mostraron durante la misma su incredulidad ante la afirmación de éstos de que no tuvieron conocimiento de los informes de la Intervención y su estupor porque no hicieran nada ante las continuas advertencias del Interventor. Por su parte han cuestionado al Interventor por no haber emitido dichos informes. Ver la noticia.

El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anticipa que deja el cargo de senador (autonómico) y cualquier otra responsabilidad política para facilitar la investidura de Susana Díaz. Los senadores autonómicos de la legislatura recién iniciada serán elegidos próximamente por el nuevo Parlamento de Andalucía, lo que determina el cese de los anteriores.

El cese inmediato de los ex presidentes de la Junta, Griñán y Chaves, en sus cargos de senador y diputado, respectivamente, es una condición que han puesto los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía para empezar a hablar con el grupo socialista y fijar su postura ante la investidura. Por su parte,  Manuel Chaves ha anunciado, tras señalar que su caso es distinto al de Griñán, que dejará el puesto de diputado nacional y la actividad política al final de la legislatura (noviembre de 2015). 23-4-2015.

El juez del Supremo, Barreiro, ha citado para declarar al Interventor General de la Junta y al ex consejero de Empleo y también imputado, Antonio Fernández, una vez que han finalizado las declaraciones de los aforados (diputados y senadores) ante el Tribunal Supremo en el caso de los ERE. El Interventor ha manifestado que no es cierto que sus reiterados informes advirtiendo de las irregularidades del mecanismo de transferencias de financiación utilizado no fueran conocidos por los ex presidentes. Estos le achacan no haber emitido un Informe de actuación.

El primero en declarar ante el juez del Supremo ha sido José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos por su intervención en la puesta en marcha del mecanismo de las transferencias de financiación para abonar ayudas sociolaborales a empresas en crisis y a sus trabajadores incursos en expedientes de regulación de empleo. Viera ha descargado toda responsabilidad en personas directamente subordinadas a él en la Consejería, especialmente en el Director General de Trabajo Guerrero, que eran los que llevaban la ejecución “administrativa” de las ayudas. También ha alegado su falta de formación jurídica, por lo que suponía que las decisiones que sometían a su firma eran legales. Los siguientes en declarar han sido el ex presidente de la Junta y ex consejero de Hacienda José Antonio Griñán, el ex presidente Manuel Chaves, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Presidencia Mar Moreno. Los ex presidentes han negado que existiera un plan para malversar fondos públicos y que conocieran las irregularidades que se estaban produciendo y los informes de la Intervención General de la Junta. También han defendido la legalidad del mecanismo de las transferencias de financiación utilizado, situando también el fraude en el nivel de los cargos que ejecutaban las ayudas. 16-4-2015.

También han declarado ya los aforados autonómicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, ex consejeros de Hacienda y Economía, que perderán su condición de aforados una vez se constituya la nueva Cámara andaluza, por lo que el TSJA devolverá las actuaciones al juzgado de instrucción de Alaya para que decida sobre su imputación formal. El TSJA no ha acordado medidas cautelares sobre estos aforados. 9-4-2015.

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Los peritos de la Intervención General del Estado han emitido sus conclusiones al término de la declaración que han prestado ante la Juez Alaya, que se ha prolongado a lo largo de nueve sesiones. Los peritos han insistido en la ilegalidad del procedimiento utilizado con las transferencias de financiación y en que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de ello. Asimismo han quitado valor al Informe presentado por dos catedráticos a instancias de Griñán por tratarse de un informe de parte. 10-3-2015.

Con la imputación de 34 personas más por las ayudas concedidas sin procedimiento alguno a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, el número de imputados en el caso de los ERE alcanza ya la cifra de 265 personas. Ver Noticia. 10-2-2015.

Los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán, imputados en el caso de los ERE junto a otros aforados nacionales (Viera, Zarrías y Moreno), aportan al TS un informe pericial de dos catedráticos de Derecho Tributario que sostiene que acordar el mecanismo de las transferencias de financiación no implica que haya fraude en la ejecución del gasto y que la Intervención pudo hacer un control previo si hubiera detectado irregularidades en las ayudas laborales concedidas. Con ello niegan la tesis de la juez Alaya que sostiene que se diseñó el sistema para eludir el control de la Intervención y que ello facilitó el fraude en las ayudas. 28-1-2015.

La juez Alaya ha remitido su exposición razonada dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con los 4 ex consejeros aforados ante el TSJA. En ella sostiene que el sistema utilizado fue ilegal y arbitrario y que en su mantenimiento participó todo el Consejo de Gobierno. También sostiene que la causa no puede escindirse en más piezas separadas si no quiere provocarse un caos procesal. Ver la noticia. 29-1-2015.

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El Tribunal Supremo se declara competente para continuar la instrucción e investigación del caso de los ERE en lo que afecta a los aforados (Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Mar Moreno), dado que la exposición razonada remitida por el juzgado, en una valoración muy provisional, consigna hechos que pudieran ser delictivos e indicios de la participación en ellos de los aforados. El Juzgado de Alaya seguirá la instrucción respecto de las personas no aforadas por respeto al juez predeterminado y para no provocar dilaciones indebidas con la acumulación de todo el procedimiento.  Ver el Auto del TS de 13-11-2014.

La juez Alaya ha notificado el 12-8-14 al Tribunal Supremo la exposición razonada que prevé la ley para la imputación de los aforados en el caso de los ERE, junto con parte de la documentación del caso. El TS habrá de decidir si recaba toda la causa, como sostiene la juez, solo la parte correspondiente a los aforados o la devuelve para que la juez concluya la instrucción y luego la remita en su totalidad. El número de imputados en este caso sigue aumentando tras la remisión al Supremo (ya alcanza los 227), y la documentación  supera los 300.000 folios (2-9-14). La juez continúa con la instrucción en tanto el TS decide  si asume el caso de los aforados y tomará declaración en fechas próximas a 41 imputados.

Otro caso, el del uso fraudulento de los fondos de formación, va ampliando su alcance en paralelo al de los ERE.  La última noticia del verano al respecto ha sido la detención e imputación del ex consejero Ojeda.

La Audiencia de Sevilla apoya el criterio de la juez Alaya de que debe remitir al Supremo la causa de los ERE completa, sin dividirla en piezas separadas como piden los fiscales del caso (30-7-14). Los rectores de la agencia IDEA comparecen ante la juez Alaya y se acogen a su derecho a no declarar. La juez Alaya en Auto de 13-5-2014 ha citado para recibir declaración a partir del 19 de mayo a 25 miembros del Consejo Rector del IFA/IDEA, agencia que abonaba las ayudas socio-laborales que aprobaba la Consejería de Empleo.  De los 25 citados, 16 son nuevos imputados, en tanto que al resto se le amplían los motivos de imputación. Entre los nuevos imputados se encuentra Braulio Medel, Presidente de Unicaja y miembro del Consejo Rector de la agencia de 2001 a 2008.

En el Auto la juez dice que la agencia IFA/IDEA, que cumplía instrucciones de la Consejería de Innovación, falsificaba sus presupuestos al incluir como gastos de explotación las cantidades (presupuestadas por la Consejería de Empleo) que se le transferían para el pago de ayudas socio-laborales a trabajadores y ayudas a empresas por cuenta de dicha Consejería, ayudas que debían haberse tramitado por Empleo como subvenciones y no pagarse por la agencia como ayudas directas. Tales hechos, de indudable trascendencia penal según la juez, podrían incardinarse en un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y en un delito continuado de falsedad en documento oficial.

El Convenio Marco de 17-7-2001, suscrito entre la Consejería de Empleo y el IFA, era el marco de actuación para la tramitación y pago de estas ayudas.

El Consejo Rector del IFA/IDEA, cuyas actas de 2001 a 2008 analiza la juez en este Auto, así como la participación de los distintos Consejeros en sus sesiones, autorizó o no puso ningún reparo al pago, ilegal según Alaya, de estas ayudas instrumentadas mediante convenios suscritos entre la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, otorgadas por la Consejería de Empleo y que pagaba la agencia citada en virtud de las transferencias de financiación que le hacía la Consejería de Empleo.  Algunos sectores jurídicos consideran que asistir a las reuniones de un órgano del que se es miembro y aprobar los temas que se le someten no es suficiente para imputar a los asistentes por tales figuras delictivas.  Entre los miembros del Consejo Rector había varios aforados (ex consejeros de la Junta) sobre cuya responsabilidad individual la Juez resolverá tras las declaraciones de los citados en el Auto.

Ver el nuevo Auto de 13-5-2014 y reacciones en los medios, en Información complementaria y en los enlaces incluidos en la noticia.

Por otro lado, las defensas de algunos imputados se han opuesto a la división de la causa en piezas separadas solicitada por la Fiscalía porque podría perjudicar a sus defendidos, que de ser acusados de delitos continuados pasarían a ser acusados de distintos delitos independientes, con el consiguiente aumento de las penas.

La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la imputación de la ex consejera, Magdalena Álvarez por prevaricación y malversación (6-5-14). Considera el tribunal que esta última imputación está suficientemente motivada y que no es irracional plantear que el mecanismo de las transferencias de financiación se ideó para eludir los controles de la Intervención y favorecer un uso irregular de fondos públicos, y se mantuvo durante diez años pese a las advertencias de la Intervención.

La Audiencia precisa el alcance de la “imputación” como inicio de la instrucción y garantía de defensa para la persona (imputada) que va a ser llamada a declarar e investigada en relación con los indicios de delito deducidos de la instrucción, garantías (derecho a no declarar, por ejemplo) que no existen si es llamada como testigo. Y la distingue de la “imputación judicial formal” o inculpación, que se podrá hacer o no al término de la instrucción y que exige indicios de delito más sólidos que los que se requieren en esta fase inicial.   En relación con las transferencias de financiación dice que en sí no es una técnica ilegal y que es razonable el argumento de la defensa que pregunta cómo puede ser ilegal lo aprobado por ley de presupuestos; no obstante, tiene en cuenta el Informe de la Intervención General del Estado que dice que las ayudas pagadas, que no concedidas, por el IFA-IDEA podrían ser nulas de pleno derecho conforme a la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta.

Ver la resolución en Información complementaria. Y un resumen de la misma a continuación.

Diversos sectores plantean que Magdalena Álvarez debe dimitir del puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que desempeña desde julio de 2010 a propuesta del Gobierno de Zapatero. El Ministerio de Economía y el BEI estudian la aplicación de la Política de integridad (código de conducta) del Banco a la vista del auto de la juez Alaya.

Resumen del Auto de la Audiencia de 6-5-2014: En cuanto a la concreción de los hechos imputados (uno de los reproches que hizo la Audiencia a la Juez en su resolución anterior fue la falta de concreción de los hechos imputados), dice la Audiencia que la Juez Alaya ha actuado correctamente al detallar de forma precisa los hechos que atribuye a la Sra. Álvarez, y ponerlos en su conocimiento con carácter previo a su declaración ante la Juez, garantizando con ello su derecho de defensa.

Añade que “sin necesidad de tener que compartirse la totalidad de sus argumentaciones, es innegable la realidad de que el resultado de la instrucción practicada ha permitido, como poco, a la Sra. Juez de Instrucción indiciariamente detectar que el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo”, lo que se produjo siendo la apelante titular de la Consejería de Economía y Hacienda. Método el de las transferencias de financiación al IFA, que al tener una finalidad distinta no cabía emplear para la concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, pero que permitía y permitió un amplio margen de discrecionalidad en el otorgamiento de las “ayudas” sin sometimiento al procedimiento legalmente establecido para su concesión a la par que se obstaculizaba su fiscalización previa por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

El método se mantuvo durante un dilatado periodo de tiempo pese a las advertencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que hasta en 15 ocasiones advirtió de irregularidades en la gestión de las subvenciones del Programa 31L, de forma que solo una ínfima parte de dicho programa estuvo bajo control.

Así, pues, no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió. ¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficits de financiación de las ayudas del programa 31L que ya en el año 2002 ascendía a 30,27 millones de euros, a 38,22 millones de euros en el año 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones de euros?

Es, por tanto, razonable la fundada sospecha surgida en el ánimo de la instructora -que comparte la acusación pública- de que ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal, excluyendo expresamente que se tratase de todo el gobierno andaluz.

En definitiva, ante la trascendencia de esos hechos, ante la solidez de tan fundada sospecha, suficiente para actuar, como vimos, en este inicial momento procesal, se revelaba como necesaria la medida de ampliar la instrucción a lo ocurrido porque no se puede negar a la Sra. Juez de Instrucción su obligación de perseguirlos, sin perjuicio de lo que aconseje posteriormente el resultado de la instrucción que se inicia, cuya terminación es posible que ya no le corresponda.

Por ello, siendo patente el interés que para el esclarecimiento de los hechos tendría oír en declaración a la Sra. Álvarez, ante tan fundadas sospechas, suficientes para, ampliando la instrucción en marcha, dirigirla contra ella, resultaría espurio, procesalmente hablando, someterla al régimen de las declaraciones testificales con riesgo de que por vulneración de su derecho de defensa tal declaración deviniese “prueba prohibida”.

En consecuencia, no cabe dejar sin efecto la resolución apelada tanto en su propio sentido de resolución que ordena, dirigiendo el procedimiento contra ella, iniciar la instrucción respecto de persona determinada como es la recurrente, como de entender el recurso como petición de sobreseimiento por cuanto quedan por realizar las declaraciones acordadas en dicho auto y por practicar otras diligencias que permitirían esclarecer la nueva línea de investigación que se abrió con el auto apelado.

Por todo ello se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Álvarez y se confirma el auto dictado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción el día 31 de octubre de 2013,

Por otro lado, Alaya, que afirma que la instrucción finalizará en un breve plazo, ha impuesto 26 millones de fianza a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, Sayago y Rosendo (2-5-14), imputados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Según la juez habrían constituido una red de empresas ficticias, sin actividad ni apenas empleados, con el objetivo de obtener ayudas públicas de la Consejería de Empleo, que habrían alcanzado los 34 millones de euros. Algunas de estas empresas habrían contratado a una hija de Viera y a un hijo de Caballos.  Enlace a la noticia.

23-4-14: La Audiencia anula la imputación de los ex directores generales de presupuestos de la Junta de Andalucía, que fueron imputados en junio de 2013 junto con Magdalena Álvarez. Y lo hace por los mismos motivos por los que anuló la primera imputación a Álvarez, es decir, falta de concreción de los hechos y de los delitos imputados. Ver la Noticia en Información complementaria. 
La juez Alaya, tras esta resolución de la Audiencia, ha vuelto a citar a estos dos imputados, como hizo con la ex consejera Magdalena Álvarez para luego volver a imputarla en un Auto que insertamos en su día en esta Web.
Por otro lado, la Audiencia delibera en estos momentos (25-4-14) sobre el recurso de Álvarez contra su nueva imputación. La resolución que dicte la Audiencia será importante pues previsiblemente se pronunciará sobre un elemento de la “vertiente política” del caso, es decir, sobre si incurrió en delito la ex consejera con su intervención en el diseño y aprobación del procedimiento de las transferencias de financiación para otorgar ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, al no poder hacerlo por la vía de las subvenciones. 6.000 trabajadores incursos en expedientes de regulación de empleo pudieron acceder a estas ayudas, en cuya gestión se produjeron las irregularidades conocidas (aparición de cerca de 80 intrusos en las pólizas de seguro firmadas tras los ERE con las aseguradoras, cobro de comisiones excesivas por parte de quienes intervinieron como intermediarios o asesores en la tramitación de las ayudas, ayudas irregulares a empresas, etc.). La vertiente política, no obstante, tendrá que ser analizada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dada la condición de aforados de los demás altos cargos preimputados en el caso (ex presidentes y ex consejeros de la Junta). Tanto la Fiscalía como la Audiencia han instado a la juez a que envíe ya esta vertiente del caso como pieza separada a los Tribunales superiores pues entienden que la instrucción respecto de los aforados está completada. Hasta ahora la juez mantiene la instrucción en sus manos al entender que la causa no es escindible y que no está terminada aún.
8-4-14: La juez Alaya no acepta dividir en este momento la causa en piezas separadas y enviar al Supremo la de los aforados. También ha dirigido directamente al Congreso de los Diputados y al Senado unas notificaciones relacionadas con estos aforados, sin utilizar la vía correcta de hacerlo a través del Tribunal Supremo.
31-3-2014: Los Fiscales solicitan que se divida el procedimiento en diversas piezas separadas (intrusos, ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, procedimiento de las transferencias de financiación), y que se remita al Tribunal Supremo la que corresponde a las personas aforadas, al haber finalizado la instrucción respecto de ellas. Ver escrito más abajo.
Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo, califica el Auto de Alaya de 11-3-14, en el que impone fianzas millonarias a tres imputados, de “prematuro y contradictorio” pues la Audiencia Provincial va a tener que resolver próximamente sobre la imputación de Magdalena Álvarez. “Cualquier Juez, ponderando esta circunstancia y con un cierto equilibrio, habría esperado a que la A.P. se pronunciase sobre la imputación”, dice Martín Pallín. 
Puedes escuchar sus declaraciones a la SER de 13-3-2014 en este enlace.
El Auto también dice que “cabe deducir una probabilidad cierta de que (los imputados) pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan”, lo cual constituye un exceso en un Juez instructor, que debe limitarse a reflejar los indicios de delito constatados y no a especular sobre la posible Sentencia que en su día dicte el Tribunal que resuelva el caso.
La ADD respeta el esfuerzo que viene realizando la instructora en esta compleja causa, pero ejerce al mismo tiempo la crítica, exclusivamente jurídica, de aquellos elementos de la instrucción que consideramos no ajustados a derecho o desproporcionados, como hemos puesto de manifiesto en la Nota emitida sobre el Auto de 3 de marzo de 2014 en el que indaga, sin tener jurisdicción para ello, en la labor realizada por el Parlamento de Andalucía en relación con la aprobación de las transferencias de financiación como parte de las Leyes de Presupuestos.
Prevaricación y malversación de caudales públicos son los delitos por los que Alaya imputó a Magdalena Álvarez, ex Consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, en cuanto promotora, junto a otros altos cargos de la Junta, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales a través de transferencias de financiación, figura establecida para otros fines, según señala la Juez Alaya. Ahora, en Auto de 11-3-2014, impone a la ex consejera una fianza de 29,6 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su día, junto a otras fianzas para su Viceconsejero y su Secretario General Técnico.
Seguimos en esta sección el Caso de los ERE, que se acerca a su fase final tras la preimputación hace unos meses de dos ex Presidentes de la Junta de Andalucía (Chaves y Griñán) y de varios ex Consejeros de sus Gobiernos (José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila). La Audiencia Provincial ha revocado preimputaciones anteriores de estos altos cargos de la Junta de Andalucía por falta de motivación suficiente. En caso de que se confirmen dichas preimputaciones, al tener la condición de aforados las personas señaladas, el caso habrá de seguir su instrucción en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ver Reseñas de la Jornada dedicada por ADD a este tema más abajo.
Seguimos la evolución del caso en esta sección y en Información complementaria. 
– 29,6 millones de euros de fianza para Magdalena Álvarez, ex Consejera de Economía y Hacienda de 1994 a 2004. Ver Auto de 11-3-2014 más abajo.  Algunos sectores jurídicos consideran que la fianza es prematura y desproporcionada. Haber esperado a la decisión de la Audiencia Provincial habría sido razonable pues la prestación de la fianza en este momento procesal, o de aval en su caso, supondrá cuantiosos costes que habrá que reparar si se revoca la imputación.
– 18-3-14: Magdalena Álvarez recurre dicho Auto porque entiende que es abusivo, presidido por un fin estigmatizador y punitivo, y porque no respeta la presunción de inocencia al efectuar un juicio anticipado de culpabilidad que desborda las funciones propias de un juez de instrucción. El Auto recogía “la probabilidad cierta” de que la ex Consejera será condenada por los delitos que se le atribuyen.
– La Juez Alaya solicita a los peritos de la Intervención General del Estado que se pronuncien sobre la actuación de la Comisión de Economía del Parlamento de Andalucía.  Sobre este tema la ADD ha emitido una Nota que publicamos en la página Inicio/Noticias.
– Rivas, ex Delegado de Empleo de Sevilla, es llamado a declarar a los 3 años de ser imputado.