El dictamen del Consejo de Estado de 30-10-2014 considera que hay fundamentos jurídicos suficientes para que el Gobierne impugne la convocatoria de consulta para el 9N llevada a cabo por el President de la Generalitat el 14-10-2014.
Entiende el Consejo de Estado que la actuación llevada a cabo por la Generalitat no es una mera actuación material o de hecho, sino que es un verdadero acto administrativo. Estos no están sujetos a determinadas formalidades y pueden llevarse a cabo incluso en forma verbal. Las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat derivan de la declaración de Artur Mas de 14-10-2014 en la que manifestó que la Generalitat abre un proceso de participación ciudadana en el que se convoca a los ciudadanos para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña, que la consulta se llevaría a cabo el 9 N -a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional-, que esta vez no se convocaría mediante un decreto y que el 9 de noviembre habría locales, urnas y papeletas para que la consulta pudiera llevarse a cabo. Esta declaración consta además por escrito en la página web de la Generalitat (www.participa2014.cat) en la que se establece quiénes pueden participar y cómo en la consulta. La convocatoria no se acoge a precepto legal alguno, alude de forma genérica a «marcos legales preexistentes» que establecen la competencia de la Generalitat en materia de participación ciudadana. También afirmó el President que la consulta definitiva serán las elecciones plebiscitarias en las que todos los partidos soberanistas se presenten bajo un programa común que incluya la independencia de Cataluña, pues si estos consiguen la mayoría absoluta se entenderá a todos los efectos, incluso internacionales, que han ganado la consulta. El President vino a reconocer en la fecha indicada a preguntas de los periodistas que la consulta del 9 N es en esencia la misma que el TC suspendió.
El dictamen reitera la tesis de que este tipo de consultas en las que se pregunta por cuestiones que afectan al conjunto del pueblo español, titular de la soberanía, no está entre las formas de participación ciudadana que sí son competencia de la Generalitat (encuestas, foros, etc.), por lo que al convocarla se está vulnerando la suspensión decretada por el TC, lo que puede dar lugar a una exigencia de responsabilidades. Añade que los vicios de inconstitucionalidad de este proceso son aún mayores que los que presentaba la consulta suspendida pues no existe neutralidad de los responsables del mismo ni determinación previa del universo de personas llamadas a votar ya que estos serán «los inscritos voluntariamente en un fichero de participantes» el mismo día de la votación.
Con apoyo en este dictamen el Gobierno ha impugnado la nueva consulta del 9N, impugnación sobre la que va a pronunciarse en estos días el Tribunal Constitucional.
Puedes ver el dictamen completo en Información complementaria y en la sección «Cataluña, la consulta».